Declaración del Representante Especial del Secretario General, Sr. Carlos Ruiz Massieu,
en la sesión informativa del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre Colombia

14 de octubre de 2020

Sr. Presidente, Distinguidos Miembros del Consejo,

Agradezco la oportunidad de presentar el último informe del Secretario General sobre Colombia, es un placer hacerlo en compañía de la Ministra de Relaciones Exteriores Claudia Blum.

A casi cuatro años de concluirse las negociaciones que produjeron el Acuerdo Final de Paz, es importante recordar su objetivo central: la terminación de más de cinco décadas de confrontación entre el Estado colombiano y las FARC-EP, y la apertura de una de etapa larga y compleja de construcción de una paz duradera. Esta paz se basaría sobre procesos fundamentales previstos en el Acuerdo, algunos ya cumplidos e irreversibles como la dejación de armas de las FARC-EP, así como su transición a un partido político; y otros que están todavía en construcción: como la reincorporación efectiva de sus miembros a la vida civil; la búsqueda de la verdad, la reparación y la justicia restaurativa para las víctimas; y la transformación de la Colombia rural. Ha habido logros históricos e innegables en el camino, pero aún quedan por delante enormes retos. Se requiere un compromiso constante de las partes con la implementación del Acuerdo, así como la participación activa de las entidades del Estado y la sociedad civil colombiana para garantizar que sea posible seguir construyendo sobre estos logros y que sean realmente sostenibles.

Sr. Presidente,

A pesar de los continuos ataques y la estigmatización en su contra, la gran mayoría de quienes dejaron las armas mantienen su compromiso con el proceso de reincorporación, y casi un tercio ha recibido financiación para proyectos productivos a través de los mecanismos creados por el Acuerdo de Paz. Las y los excombatientes trabajan actualmente junto con sus familias y comunidades locales para resistir los efectos de la pandemia sobre la salud y la economía. Quisiera destacar la reciente aprobación de la primera hoja de ruta de reincorporación con enfoque étnico, en el resguardo indígena de Mayasquer, del pueblo indígena Pastos, en el departamento de Nariño. Gracias a este arreglo, las autoridades indígenas acordaron apoyar el proceso formal de reincorporación de 114 excombatientes, en su mayoría de origen indígena, dentro de la comunidad y de acuerdo con sus tradiciones. Este hecho demuestra la importancia de garantizar una perspectiva étnica en el proceso de reincorporación.

La tierra sigue siendo uno de los asuntos más urgentes para el proceso de reincorporación. Celebro la reciente compra de tierras para el antiguo Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación de Icononzo, y confío en que a ésta le sigan otras, para que el Gobierno pueda cumplir su objetivo de comprar predios para nueve antiguos espacios territoriales antes de que termine el año. A medida que avanza la consolidación de estos espacios, llamo de nuevo la atención sobre las necesidades de más de 9,000 excombatientes que viven fuera de ellos. Confío en que el Gobierno y FARC acuerden pronto un enfoque conjunto sobre la forma de prestar un apoyo adecuado a estas nuevas áreas de reincorporación, cuyos problemas de seguridad y otras vulnerabilidades ha destacado el Secretario General en varios de sus informes.

Distinguidos Miembros del Consejo,

El proceso de justicia transicional está ganando impulso a medida que los tres componentes del Sistema Integral para la Verdad, la Justicia, la Reparación y la No Repetición llevan a cabo su crucial labor. La Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas continúa su importante tarea de determinar el paradero de las víctimas del conflicto para sus familias y seres queridos. La Comisión de la Verdad ha reunido a las víctimas y a los actores involucrados en el conflicto en un diálogo significativo sobre la reconciliación y la no repetición. Y la Jurisdicción Especial para la Paz sigue avanzando en los casos sobre crímenes cometidos en el marco del conflicto armado. En las últimas semanas, varios de los principales líderes del partido FARC admitieron su responsabilidad por el papel que desempeñaron en diferentes crímenes cometidos durante el conflicto, demostrando de manera contundente que el proceso de paz está empezando a cumplir su promesa de dilucidar los horrores del pasado, que es un elemento esencial para sanar a la sociedad colombiana. Para seguir preparando el camino hacia la reconciliación, el apoyo a la labor del Sistema Integral sigue siendo fundamental, incluyendo mediante el pleno respeto de su autonomía e independencia, la cooperación de todos los actores, y la participación activa y auténtica de quienes hicieron parte del conflicto.

Sr. Presidente,

La decisión del que fuera el mayor grupo armado del país de dejar las armas voluntariamente ha contribuido de manera significativa a la reducción general de la violencia desde la firma del Acuerdo de Paz. Desafortunadamente, algunas de las zonas que sufrieron inmensamente durante el conflicto siguen estando asediadas por la violencia de otros actores que continúan atacando a líderes sociales, defensores y defensoras de derechos humanos, excombatientes y comunidades enteras. Las recientes masacres en varios departamentos han servido como un doloroso recordatorio de cómo civiles inocentes, incluidos jóvenes, están siendo víctimas de las acciones de estos grupos.

Encontrar formas de detener esta violencia es fundamental para cumplir la promesa del Acuerdo de Paz.  Para ello, sigue siendo necesario finalizar e implementar la política pública para el desmantelamiento de los grupos armados ilegales, las organizaciones criminales y sus redes de apoyo. La labor de los comités técnicos y las sesiones regionales de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad llevadas a cabo durante los dos últimos años debe traducirse ahora en la pronta finalización de esta crucial política pública y, aún más importante, en su rápida implementación. Del mismo modo, las respuestas oportunas para hacer frente a los riesgos identificados por las alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo pueden ser decisivas para reducir la violencia. Aprovecho la oportunidad también para reiterar el llamado del Secretario General, apoyado por este Consejo, a un cese al fuego mundial que permita que todos los esfuerzos se centren en el alivio de la pandemia. La reducción de la violencia en las zonas afectadas por el conflicto es aún más importante en el contexto de esta crisis de salud pública.

También es esencial trabajar de la mano con las comunidades para diseñar medidas de seguridad eficaces adaptadas a los contextos locales. Me alienta el trabajo conjunto entre los actores de la sociedad civil y las entidades gubernamentales en el marco de los comités técnicos del Programa Integral de Seguridad y Protección para Comunidades y Organizaciones en los Territorios (Decreto 660). Ahora es necesario avanzar hacia su implementación en el terreno, incluyendo a través de los diversos programas piloto, para que podamos informar sobre progresos concretos en los próximos meses.

Es igualmente importante avanzar en mejorar la protección de excombatientes que siguen siendo asesinados en cantidades alarmantes, y seguir luchando contra la impunidad de esos delitos, inclusive llevando a los autores intelectuales ante la justicia. Se debe dar prioridad a la dotación de personal y recursos a la Unidad Nacional de Protección para que pueda dar trámite al cúmulo de solicitudes de protección para excombatientes que están pendientes. Confío en que los recientes avances en las investigaciones de la Unidad Especial de Investigación sobre crímenes contra excombatientes se mantendrán, en particular mediante la cooperación de otras entidades del Estado, incluida la fuerza pública a nivel regional.

Sr. Presidente, Distinguidos Miembros del Consejo,

Uno de los objetivos del Acuerdo de Paz que mencioné anteriormente es lograr una transformación profunda de la Colombia rural. Las consecuencias de la pandemia han puesto aún más en evidencia la urgencia de asumir el reto histórico de llevar desarrollo, seguridad y oportunidades a las zonas rurales de Colombia. En este sentido, quisiera reiterar el llamado del Secretario General a todos los actores en Colombia para que consideren la implementación del Acuerdo de Paz como parte esencial de la recuperación de los efectos de la pandemia, y que aprovechen las herramientas del Acuerdo para atender los desafíos asociados a la recuperación. Por ejemplo, las inversiones necesarias en salud pública en las zonas rurales pueden guiarse por los puntos sobre salud rural del primer capítulo del Acuerdo.

La reactivación económica en las zonas afectadas por el conflicto puede reforzarse con el fortalecimiento de proyectos productivos que benefician a excombatientes y comunidades. Asimismo, los programas de desarrollo con enfoque territorial (PDET) siguen siendo un mecanismo valioso para llevar inversiones y presencia estatal a los 170 municipios más afectados por el conflicto y la pobreza. Teniendo en cuenta los retos presupuestales que plantea la pandemia, celebro los esfuerzos por diversificar la financiación para la implementación de los PDET, incluida la reciente aprobación por parte del Congreso de fondos adicionales procedentes de regalías minerales, y recursos provenientes del sector privado mediante el programa “Obras por Impuestos”. Es importante garantizar que la implementación de los PDET se lleve a cabo en colaboración con las autoridades regionales y locales, y con la participación de las comunidades locales, así como asegurar que estos se articulen con otros programas del Acuerdo de Paz, incluidos la reincorporación y el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS).

A fin de cuentas, los esfuerzos para construir la paz y los esfuerzos para la recuperación de la pandemia deben complementarse entre sí y basarse en el objetivo fundamental de fortalecer la presencia integral del Estado en las regiones que más la han reclamado durante décadas.

Sr. Presidente,

Dentro de dos semanas, el Consejo de Seguridad conmemorará el vigésimo aniversario de la aprobación de la Resolución 1325 sobre mujer, paz y seguridad. Pocos acuerdos de paz en la historia han abordado el enfoque de género de manera tan exhaustiva como el Acuerdo Final de Paz en Colombia. El proceso de paz de Colombia demuestra el valor de garantizar la participación significativa de las mujeres y la importancia de tener en cuenta tanto la forma en la que las mujeres han sido afectadas por el conflicto como, aún más importante, la forma en la que pueden contribuir a la resolución del conflicto. Aún sigue habiendo retos respecto a la seguridad de las mujeres lideresas sociales y defensoras de los derechos humanos, a garantizar una participación más robusta de las mujeres excombatientes en los esfuerzos de reincorporación, y a hacer frente al flagelo de la violencia sexual y de género, que se ha recrudecido durante la pandemia. Aliento a todos los actores, incluidos el Gobierno y el partido FARC, a que se inspiren en el aniversario de la Resolución 1325 para redoblar sus esfuerzos por implementar plenamente las disposiciones de género del Acuerdo, junto con el liderazgo de las organizaciones de mujeres a nivel nacional y local.

Permítanme finalizar rindiendo homenaje a la fortaleza y el coraje de las innumerables mujeres constructoras de paz de Colombia: las dirigentes y miembros de organizaciones de mujeres que he conocido en mis visitas por todo el país; las dirigentes sociales que con demasiada frecuencia se encuentran amenazadas en sus comunidades; las víctimas que participan activamente en los esfuerzos de reconciliación; y las dirigentes de organizaciones étnicas que se esfuerzan por proteger su cultura y garantizar los derechos de sus comunidades. A estas valientes mujeres, y a las generaciones que las sucederán, les debemos asegurar que la paz en Colombia continúe arraigándose mediante la implementación continua del Acuerdo Final de Paz.

Les agradezco Sr. Presidente y Distinguidos Miembros del Consejo.

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*Traducción no oficial

Descargue aqui el Informe Trimestral del Secretario General sobre la Misión de Verificación en Colombia S/2020/943