ONU
El Acuerdo de Paz de 2016 ha logrado avances notables, aunque problemas estructurales de país continúan siendo el principal desafío para lograr una paz sostenible
En tiempos difíciles es necesario mantener el compromiso, revisar las prioridades, tomar decisiones estratégicas e implementar políticas sólidas.
Bogotá, abril 7 de 2025. En su más reciente informe sobre la Misión de Verificación de la ONU en Colombia ante el Consejo de Seguridad, el Secretario General de las Naciones Unidas, António Guterres, afirma que la crisis en el Catatumbo ha puesto de relieve la persistencia de desafíos y factores estructurales que sustentan la violencia en las regiones afectadas por el conflicto, y que el Acuerdo Final pretende abordar, tales como la limitada presencia del Estado y la presencia de economías ilegales, en particular de cultivos ilícitos. Esta situación, observa, ha renovado los llamados para acelerar la implementación del Acuerdo. En vista de lo anterior, el informe incluye un reporte general del avance en la implementación del Acuerdo de Paz junto a la habitual actualización trimestral.
El informe resalta que el Acuerdo fue concebido como un conjunto integral de mecanismos y programas interconectados, destinados a abordar las causas y el impacto de décadas de conflicto armado. Sin embargo, afirma, en los últimos ocho años el progreso en su implementación ha sido desigual en sus distintos puntos. Reconociendo la naturaleza de largo plazo del Acuerdo, António Guterres resalta la necesidad de mantener el rumbo de su implementación y destaca la oportunidad de esta administración de acelerar el progreso logrado hasta el momento, dejando bases sólidas sobre las que se pueda construir en el futuro.
Si bien hay avances notables en ciertas áreas, algunos problemas estructurales siguen sin abordarse, afirmó el Secretario General, y añadió que “amenazan con socavar las perspectivas de una paz sostenible para todos los colombianos y las colombianas. Las instituciones del Estado deben cumplir con urgencia y eficacia las promesas del Acuerdo, las necesidades de las comunidades rurales y las expectativas de la sociedad colombiana en general”.
Entre los logros más destacables, señala la transición a la vida civil de las antiguas FARC-EP. Cerca de 9.000 armas fueron entregadas a las Naciones Unidas para su destrucción; una muy alta proporción de desarme entre armas y combatientes para los estándares mundiales. Ocho años después de la firma, la gran mayoría de quienes dejaron las armas siguen comprometidos con su proceso de reincorporación. Cerca de 12.000 excombatientes (27% mujeres) están formalmente vinculados a la Agencia para la Reincorporación y Normalización (ARN), de las cerca de 14.000 personas originalmente acreditadas.
De acuerdo con el informe, un reto clave para la reincorporación sostenible de los excombatientes ha sido garantizar el acceso a la tierra, algo que los sucesivos gobiernos han intentado abordar. Hasta la fecha, se ha asegurado tierra para 14 de los 24 Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR) -en los que residen unos 1.800 excombatientes- y para 47 cooperativas productivas, con casi 15.000 hectáreas adquiridas, según la ARN. El acceso a vivienda es también un importante desafío para la mayoría de los firmantes.
En cuanto a la reincorporación política, el informe destaca la transición de las FARC-EP a un partido político, confirmando la decisión del antiguo grupo guerrillero de participar en el sistema democrático. El partido Comunes ha participado activamente en el Congreso durante dos legislaturas a través de los diez escaños que se le asignaron en virtud del Acuerdo de Paz. Los excombatientes también han participado en la política local y en la vida comunitaria, ocupando algunos cargos de elección popular y otros asumiendo funciones activas como líderes sociales.
La ampliación de la participación política ha registrado avances positivos. Con la promulgación del Estatuto de la Oposición, se reforzaron los derechos y garantías para ejercer la oposición política a nivel nacional y local.
A pesar de estos avances, disposiciones del Acuerdo con gran potencial transformador aún no se han implementado plenamente. En este sentido, y saludando el decidido enfoque de la actual administración en la reforma rural, el Secretario General hizo un llamado al Gobierno para complementar los importantes pasos dados en materia de adjudicación y formalización de tierras con esfuerzos para el uso productivo de las mismas por parte de los beneficiarios. “Es necesaria una coordinación adecuada con la implementación de otros instrumentos innovadores, a saber, los PDET y los planes nacionales para la reforma rural. Es esencial lograr avances en la reforma rural para reforzar la presencia institucional y facilitar el acceso de las comunidades a bienes, servicios y oportunidades de desarrollo. La implementación efectiva requiere recursos concretos, proyectos y la participación activa de la ciudadanía”, añadió.
La implementación del capítulo de Reforma Rural Integral sigue sin alcanzar las metas planteadas en el Acuerdo. Según el Ministerio de Agricultura, a febrero de 2025 se había adjudicado el 6% de la meta de 3 millones de hectáreas definida en el Acuerdo de Paz. Por su parte, la formalización de la tenencia de la tierra ha alcanzado el 45,9 % del objetivo de 7 millones de hectáreas. La actual administración ha contribuido al 94 % de las hectáreas adjudicadas hasta ahora desde la firma del Acuerdo de Paz y al 43,6 % de las formalizadas.
El informe afirma que los esfuerzos para reducir la dependencia de las comunidades locales de los cultivos ilícitos se han centrado en programas de sustitución, incluido el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos, el más grande creado por el Acuerdo, con unos 99.000 hogares participantes. Sin embargo, el éxito de este enfoque ha sido limitado, entre otras cosas debido a la falta de seguimiento por parte del Estado de la asistencia para el desarrollo prometida a los campesinos que erradicaron voluntariamente la coca, y a la falta de medidas más integrales.
El Acuerdo de Paz puso fin a la mayor insurgencia de las últimas décadas. Los indicadores del conflicto siguen por debajo de los registrados durante el punto álgido del mismo. Sin embargo, han ido aumentando progresivamente en los últimos años. En el informe, el Secretario General resaltó que se requiere optimizar la complementariedad entre las políticas de seguridad y defensa centradas en la prevención y la protección de las comunidades, las iniciativas de paz en curso y las estrategias contra las economías ilegales.
“La situación actual de seguridad en varias regiones del país es preocupante y requiere atención urgente”, afirmó al respecto António Guterres. “Es sumamente importante implementar las disposiciones sobre garantías de seguridad contenidas en el Acuerdo de Paz, pues ofrecen un marco claro e integral para enfrentar los factores y efectos de la violencia que han afectado particularmente a comunidades rurales, líderes sociales, excombatientes, mujeres, niños y niñas, indígenas y afrocolombianos”.
Los excombatientes han sido particularmente afectados por la violencia. Desde la firma del Acuerdo de Paz, 460 excombatientes han sido asesinados, de ellos 11 eran mujeres, 59 indígenas y 57 afrocolombianos. Para el periodo del 27 de diciembre 2024 al 26 marzo 2025, 19 excombatientes fueron asesinados, configurando un incremento significativo comparado con el periodo anterior (10).
La situación de los líderes sociales continúa siendo altamente preocupante. Para el periodo del 27 de diciembre de 2024 al 3 de marzo de 2025, la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos reportó 40 denuncias de asesinatos de defensores de derechos humanos; 9 de ellas verificadas, 27 bajo verificación y 4 no concluyentes.
Respecto a la justicia transicional, el Secretario General enfatizó su rol central en el éxito del proceso de paz en Colombia, así como la necesidad de un rápido avance hacia la emisión de las sanciones propias. En este sentido, saludó las decisiones tomadas por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) para optimizar las investigaciones de los casos en curso. “Las víctimas y la sociedad colombiana han esperado pacientemente esta siguiente etapa del proceso. Hago un llamado a los comparecientes ante la JEP para que mantengan su compromiso con la verdad, la justica y la paz, y solicito a las entidades pertinentes del Gobierno que no escatimen esfuerzos para preparar las condiciones que permitan la implementación de las sanciones, incluidas la seguridad y una financiación adecuada”, puntualizó. Del mismo modo destacó la importancia de proveer seguridad jurídica a los comparecientes.
El informe nota que, a pesar de la firma del pacto para su aceleración en noviembre de 2023, la implementación del Capítulo Étnico del Acuerdo, que busca abordar las desigualdades históricas de los pueblos indígenas y afrocolombianos, así como mitigar el impacto desproporcionado del conflicto en estas comunidades, presenta un retraso significativo, particularmente en temas como la restitución de tierras y el desminado.
De la misma manera, si bien ha habido avances en el establecimiento de mecanismos institucionales para garantizar la participación de las mujeres en la construcción de paz, aún existen importantes desafíos para lograr resultados tangibles. Por ejemplo, las mujeres excombatientes, así como las mujeres rurales en general, siguen enfrentando barreras para acceder a la tierra y al empleo.
Frente a las iniciativas de diálogo puestas en marcha hasta la fecha, se señala que no han producido, en general, los resultados claros y sostenibles esperados. “Confío en que el Gobierno haga los ajustes necesarios para priorizar aquellos procesos de diálogo político con potencial para proporcionar beneficios tangibles a las comunidades afectadas. También debe tenerse en cuenta en qué medida permiten una mayor presencia del Estado, en consonancia con el Acuerdo y las actuales políticas de seguridad”, añadió el Secretario General.
Recordando que la construcción de la paz es un proceso no lineal y complejo, António Guterres subrayó que “en tiempos difíciles, es necesario mantener el compromiso, revisar las prioridades, tomar decisiones estratégicas e implementar políticas sólidas”.
Las Naciones Unidas seguirán acompañando y apoyando a Colombia en sus esfuerzos por consolidar la paz, con la firme convicción de que sigue siendo no sólo posible, sino también necesaria.
El informe será presentado en Nueva York el 22 de abril por el sr. Carlos Ruiz Massieu, Representante Especial del Secretario General y Jefe de la Misión de Verificación de las Naciones en Colombia.
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