Gracias por la oportunidad de presentarles el primer informe trimestral del Secretario General sobre las actividades de la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia, que comenzó a funcionar el 26 de septiembre del año pasado después del cumplimiento del Acuerdo para el Cese al Fuego y de Hostilidades y la Dejación de Drmas.

Antes de continuar, permítanme decirles que es un gran placer compartir esta sesión con el Vicepresidente Naranjo. El Vicepresidente Naranjo fue un actor clave durante las prolongadas negociaciones que pusieron fin al conflicto entre las FARC-EP y el Estado colombiano hace poco más de un año. Desde entonces, él ha sido clave para la implementación del Acuerdo de Paz. La Misión ha tenido el privilegio de contar con él como interlocutor desde el principio, y él, junto con el Presidente Santos, así como las FARC por supuesto, merecen crédito por muchos de los logros reportados en el informe del Secretario General, aún en el dificil contexto en el que se desarrolla el proceso de implementación.

El informe del Secretario General fue publicado hace un par de semanas, en plena temporada festiva, pero me complace informar a inicios del año nuevo sobre algunas de las medidas adoptadas a finales del año pasado.

Ayer, 8 de enero, el Ministro del Interior convocó la primera reunión de la instancia interinstitucional responsable de garantizar que las alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo sobre inminentes actos de violencia contra personas o comunidades sean rápidamente atendidas, de conformidad con un importante decreto emitido el 18 de diciembre.

El 5 de enero, la Unidad Nacional de Protección que, entre otras tareas, vela por la seguridad de los miembros de las FARC fuera de los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación, decidió establecer equipos de protección adicionales en esas áreas para que más excombatientes puedan viajar de forma segura fuera de estos espacios. Recordarán que, si bien no se produjeron incidentes graves en esos espacios de capacitación y reincorporación como resultado de las medidas de protección de la Fuerza Pública, el número de homicidios cometidos fuera de esas zonas ha sido motivo de creciente preocupación en los últimos meses. Y aunque no hay un patrón claro detrás esos incidentes, este aumento en las medidas de protección es apropiado.

Finalmente, también quiero informarles que, por instrucción del Presidente Santos, la extracción e inhabilitación de las caletas de armas de las FARC-EP ha continuado bajo la responsabilidad de las Fuerzas Armadas y con la cooperación de ex combatientes de las FARC. El resultado por ahora es modesto, aproximadamente 60 caletas, y será importante que continúe para mantener estas armas fuera del alcance de los grupos ilegales.

Destaco los acontecimientos relacionados con la seguridad en las zonas de conflicto porque, como ustedes saben, un recrudecimiento de la violencia en estas áreas en los últimos meses, ampliamente reconocido y condenado por igual por el Gobierno, la sociedad civil y la comunidad internacional, ha provocado varios de los avances más importantes señalados en el informe del Secretario General.

Entre ellos, ante todo, destacamos la decisión de proceder con un despliegue a largo plazo de las fuerzas de seguridad en alrededor de 600 de las veredas rurales más vulnerables en las zonas más afectadas por el conflicto, incluidas las veredas donde han sido asesinados líderes comunitarios, defensores de los derechos humanos, y promotores de la sustitución de la coca y defensores de la restitución de tierras.

En nuestra opinión, es difícil sobreestimar la importancia de esa decisión. El control del territorio por parte del Estado es inseparable de la presencia física permanente de las instituciones estatales en esas áreas. Una presencia ocasional está condenada a dejar intactas las estructuras de poder ilegales antiguas o nuevas.

Por supuesto, el despliegue de las fuerzas de seguridad no es una panacea. Uno de los objetivos específicos de este despliegue es precisamente allanar el camino rápidamente para un apoyo social y económico más proactivo por parte de las instituciones estatales civiles. Las demandas de las comunidades que han soportado la carga de la guerra son simples, pocas y bien conocidas: carreteras terciarias para romper su aislamiento, servicios de salud y educación, y la titulación de sus tierras, sin las cuales la integración en la economía legal está seriamente obstaculizada.

Este es el objetivo. Nosotros, junto con el Presidente y el Vicepresidente, estamos convencidos de que la recuperación de las zonas de conflicto, la reducción de la violencia contra las comunidades y sus líderes, y el éxito a largo plazo de los esfuerzos antinarcóticos, comienzan con el programa de estabilización llevado a cabo el mes pasado. Como se prevee en este nuevo  plan, la Misión evaluará regular y cuidadosamente el progreso junto con el Gobierno y las fuerzas de seguridad, y como se menciona en el informe, estamos haciendo ajustes leves a nuestro despliegue para tal efecto.

Si bien se estan estableciiendo las bases de la estabilización, no podemos perder de vista los desafíos de la reincorporación.

La reincorporación política de la antigua organización guerrillera está en curso en el contexto de las elecciones parlamentarias y presidenciales de este año. Se espera que las elecciones locales y departamentales en menos de dos años sean una oportunidad para consolidar aún más la reincorporación política del nuevo partido político de las FARC.

Sin embargo, seguimos viendo con preocupación la reincorporación socioeconómica de los 14.000 excombatientes. Estamos plenamente conscientes de los desafíos y aplaudimos los esfuerzos realizados por los organismos gubernamentales (la Oficina del Alto Comisionado para la Paz y la Agencia para la Reincorporación y la Normalización) con relación a varias medidas de reincorporación temprana a las que se hace referencia en el informe.

Pero no debemos olvidar que se trata de un grupo numeroso de ex combatientes cuyo nivel de frustración acumulada con el proceso de reincorporación, ligada entre otros temas al número de miembros que aún están encarcelados, no es fácil de superar. Todos nosotros, el Gobierno, las agencias de la ONU, la comunidad internacional y la sociedad civil, tendremos que ser diligentes y minuciosos en nuestro apoyo a su reincorporación y al desarrollo de las comunidades en las que están integrados.

El Presidente ha dado el importante paso de reconocer la necesidad de acceso a la propiedad de la tierra como un incentivo importante para la reincorporación, lo cual constituye un elemento básico en muchos procesos de reincorporación. Por su parte, muchos miembros de las FARC han demostrado que están dispuestos y son capaces de desempeñarse en el ámbito de la agricultura, la protección ambiental y la sustitución de cultivos. Estos son desarrollos alentadores, pero siguen siendo solo eso. Los próximos meses deben desembocar en una “vuelta de página”, por así decirlo, y establecer lo que todavía es un proceso frágil sobre bases más duraderas.

Señor Presidente,

Distinguidos miembros del Consejo,

Permítanme referirme brevemente al cese al fuego temporal entre el Gobierno de Colombia y el Ejército de Liberación Nacional (ELN). Hace varias semanas, y aún más el día de hoy, nos hubiera gustado estar en condiciones de dar recomendaciones respecto a la participación de la Misión en la supervisión del cese al fuego después del 9 de enero. No estamos todavía en esa posición. El ELN había expresado fuertes reservas sobre la implementación del cese al fuego temporal y de los compromisos humanitarios que comprendía. Y aunque los líderes del ELN han propuesto la negociación de un cese al fuego más fuerte, han guardado silencio sobre su postura luego de la finalización del cese al fuego temporal, ayer. Han transcurrido apenas 24 horas desde que las dos delegaciones reanudaron sus debates en Quito y, por lo tanto, es demasiado pronto para aventurar impresiones de lo que depara el futuro a largo plazo de las negociaciones.

En el país, el clamor para que continúe la suspensión de acciones militares ha sido unánime, a pesar de las muchas imperfecciones que del cese al fuego. Las organizaciones sociales, los miembros del mundo académico, el sector privado y las autoridades locales de diferentes regiones han pedido a ambas partes que mantengan el cese al fuego. En una declaración emitida antes de ayer, y en línea con el llamamiento contenido en el informe del Secretario General, la Misión de Verificación de la ONU y la Conferencia Episcopal de la Iglesia Católica, que fueron miembros invitados del mecanismo de verificación y veeduría del cese al fuego, subrayaron la necesidad de preservar la reducción de la violencia que prevaleció durante los últimos tres meses. 

Esperábamos que las conversaciones en Quito arrojaran un resultado acorde con estas expectativas, y hubiésemos sugerido que se permitiera un periodo -no demasiado largo- para que el Secretario General formulara sus recomendaciones al Consejo sobre la base de estas discusiones. Desafortunadamente, hace unos minutos se ha informado que los ataques contra oleoductos por parte del ELN han sido reanudados. Nosotros seguiremos de cerca el desarrollo de estos acontecimientos y mantendremos informado al Consejo.

Señor Presidente,

Distinguidos miembros del Consejo,

Para concluir, permítanme transmitirles lo siguiente,

Primero, la convicción de que al más alto nivel del Gobierno colombiano y del liderazgo de las FARC, el compromiso sigue siendo de seguir adelante con el proceso de paz, independientemente de las muchas dificultades que fueron evidenciadas, y a veces dramáticamente, en los últimos meses. Todavía se necesita mucho para mantener el proceso en marcha y robustecerlo. Pero con esta voluntad política, los recursos apropiados y un esfuerzo sostenido, se puede alcanzar mucho.

Segundo, si bien el resultado de las negociaciones de paz ha generado controversia y divisiones, y en cierto modo continúa provocándolas, la construcción de la paz es un proyecto cuyo apoyo va más allá de los signatarios. Vemos esto en los esfuerzos de muchos, desde las autoridades locales hasta las universidades, el sector privado y la sociedad civil que desean participar en las oportunidades que ofrece el proceso de paz. Las recientes reuniones de la Comisión de la Verdad, bajo el liderazgo inspirador del Padre Francisco de Roux, con destacados representantes del sector privado, víctimas, sociedad civil y el Alto Mando del Ejército, son uno de los muchos ejemplos de la creciente apropiación que está adquiriendo el proceso de construcción de la paz. 

Y, por último, permítanme reiterar la convicción de que en estos tiempos a la vez prometedores y desafiantes, el apoyo unánime de este Consejo y, a través suyo, de la comunidad internacional, sigue siendo una gran fuente de aliento, resiliencia y fortaleza.

Muchas Gracias.

*****