Palabras de Carlos Ruiz Massieu, Representante Especial del Secretario General y Jefe de la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia Reunión del Consejo de Seguridad

9 Abr 2024

Palabras de Carlos Ruiz Massieu, Representante Especial del Secretario General y Jefe de la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia Reunión del Consejo de Seguridad


Palabras de Carlos Ruiz Massieu, Representante Especial del Secretario General y Jefe de la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia Reunión del Consejo de Seguridad

 

Gracias, Señora Presidenta,

Agradezco esta oportunidad de informar al Consejo de Seguridad sobre este día simbólico en Colombia dedicado cada año a las víctimas del conflicto armado. Ellas deberían estar siempre en el centro de nuestros esfuerzos para construir paz en Colombia y en cualquier otro lugar.

Saludo la presencia del Ministro de Relaciones Exteriores, Luis Gilberto Murillo, y expreso una vez más mi agradecimiento por el continuo apoyo del Gobierno de Colombia a la labor de la Misión de Verificación.

Doy la bienvenida hoy a la participación de la Sra. Marcela Sánchez, de la organización no gubernamental Colombia Diversa, que da visibilidad al impacto del conflicto en las mujeres y las personas LGBTQ y su importante papel como constructores de paz.  También quiero reconocer la asistencia hoy de Roberto Vidal, Presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz, y su liderazgo en este importante momento para la Jurisdicción.

 

Señora Presidenta, Distinguidos Miembros del Consejo,

Colombia ha llegado a una coyuntura importante en relación con sus ambiciones de implementar el Acuerdo de Paz de 2016 y de avanzar en sus iniciativas de diálogo en curso. Como el Consejo de Seguridad pudo observar de primera mano durante su reciente visita, existe un profundo deseo de paz en Colombia que se extiende desde los más altos niveles del Gobierno y las instituciones estatales, pasando por la sociedad civil y hasta las comunidades vulnerables de las regiones aún azotadas por el conflicto.

El reto clave para transformar esa aspiración en realidad es canalizar la abundante voluntad política y el impulso impresionante de la sociedad civil en dividendos de paz cada vez más tangibles sobre el terreno. Este esfuerzo requerirá que los colombianos y las colombianas superen las divisiones en un esfuerzo que debe unirles a lo largo de todo el espectro político sobre la base de un interés común en asegurar un futuro pacífico.

 

Señora Presidenta, Distinguidos Miembros del Consejo,

El sistema de justicia transicional establecido en el Acuerdo es un testimonio de la confianza construida por las partes en su momento para resolver un conflicto armado que afectó a Colombia durante casi medio siglo. El sistema tiene un equilibrio delicado cuyo sostenimiento es fundamental para cumplir con el principio de centralidad de las víctimas y lograr la anhelada transición hacia la paz.

Como parte de este sistema, la Comisión de la Verdad desempeñó un papel esencial en el esclarecimiento de la verdad histórica sobre el conflicto, complementado por el mandato de la Jurisdicción Especial para la Paz, enfocado en investigar los casos más emblemáticos y representativos del conflicto, los patrones asociados a los crímenes más graves, así como en sancionar a los máximos responsables de llevarlos a cabo.

La responsabilidad de la JEP está intrínsecamente relacionada con el tránsito de una situación de guerra a una situación de paz. Esta es una tarea de importancia monumental, que exige ponderar múltiples elementos: rigurosidad con celeridad, así como los derechos de las víctimas y la seguridad jurídica de quienes comparecen ante la Jurisdicción, honrando los compromisos adquiridos bajo el Acuerdo. La autonomía e independencia para la toma de decisiones han sido fundamentales para que la JEP haya llevado a cabo su mandato y lo seguirán siendo. Su marco, por otra parte, se encuentra determinado en los equilibrios establecidos por las partes en el Acuerdo y formalizados en la ley.

Quisiera saludar que la JEP se esté acercando a la emisión de sus primeras sanciones. Las víctimas requieren que esto se realice sin mayor dilación. Ante las dificultades recientes, aprovecho esta oportunidad para hacer eco del llamado del Secretario General a todos los actores involucrados para propiciar las mejores condiciones posibles para este momento culminante y tan esperado, todo esto a través de un diálogo constructivo a fin de superar obstáculos y encontrar soluciones dentro del marco del Acuerdo. 

Los colombianos y las colombianas nos han dado múltiples ejemplos de resolver los conflictos a través del diálogo, y confío en que esta no será la excepción.

 

Señora Presidenta,

Aunque miles de antiguos miembros de las FARC-EP, que dejaron las armas de buena fe, han cumplido sus compromisos en virtud del Acuerdo, la necesidad de avances concretos y sostenibles en su implementación se ha hecho cada vez más apremiante con el paso del tiempo. En este sentido, recomiendo un mejor uso de la arquitectura para la implementación del Acuerdo, incluida la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación del Acuerdo Final (CSIVI). Asimismo, hago un llamado al Gobierno para que concluya los instrumentos legales que permitan la pronta implementación del Programa Integral de Reincorporación, así como del Sistema Nacional de Reincorporación, con el fin de dar certidumbre a estos hombres y mujeres, y consolidar su transición a la vida civil.

La seguridad también constituye un componente clave de la reincorporación de los y las excombatientes, y sigue siendo motivo de máxima preocupación. Lamentablemente, otros once excombatientes han sido asesinados desde que se publicó el último informe. Y como escuchó el Consejo de Seguridad durante su reciente visita, líderes sociales, así como comunidades enteras, en particular indígenas y afrocolombianos, siguen sufriendo todo el impacto de la violencia persistente y de la limitada presencia de las instituciones del Estado en varias regiones. En mis recientes visitas a Cauca, Valle del Cauca y Norte de Santander, este reclamo de seguridad fue una petición común de grupos étnicos, autoridades locales, sociedad civil, así como del sector privado.

La elección el mes pasado de una nueva Fiscal General, Luz Adriana Camargo, brinda la oportunidad de investigar y procesar con renovado vigor a los responsables de crímenes contra excombatientes y líderes sociales.  Me reuní recientemente con ella y me alentó el hecho de que sus prioridades inmediatas incluyan el fortalecimiento de la Unidad Especial de Investigación creada por el Acuerdo, así como esfuerzos más amplios para combatir las estructuras criminales responsables de la violencia.

 

Señora Presidenta, Distinguidos Miembros del Consejo,

Los actuales ceses al fuego bilaterales constituyen un paso importante para la construcción de confianza en las negociaciones y la reducción de violencia en el país. Sin embargo, estos no sustituyen las políticas de seguridad por parte del Estado destinadas a proveer protección y bienestar a las comunidades afectadas por el conflicto. Por el contrario, estos esfuerzos deben ser complementarios. Muchas de estas políticas están contempladas en el Acuerdo, tales como la política de desmantelamiento de grupos armados, o la política de defensa del Gobierno con su enfoque de seguridad humana. Confío en que se avance en su implementación, sin mayor dilación.

En un contexto desafiante para la mesa de diálogo, con algunas divergencias significativas para resolver entre las partes, el Gobierno y el Ejército de Liberación Nacional se reunirán esta semana en Caracas, Venezuela. En esta oportunidad espero que se pueda evaluar la implementación de lo acordado hasta la fecha, y se tomen decisiones para avanzar en la agenda pactada en el Acuerdo de México. Confío en que las partes, con un firme apoyo de la comunidad internacional, sabrán sobreponerse a las dificultades de la coyuntura actual y reafirmar a la sociedad colombiana el compromiso de la mesa nacional por llegar a acuerdos definitivos con beneficios tangibles para las comunidades.

En cuanto a los diálogos entre el Gobierno y el grupo conocido como EMC, insto a las partes a mantenerse enfocadas en resolver sus diferencias en la mesa de conversaciones, a pesar de las dificultades actuales, teniendo en cuenta la oportunidad única que se presenta actualmente para contribuir a un futuro distinto. Para lograrlo, es esencial que construyan sobre los avances obtenidos hasta ahora y den muestras claras de su voluntad de paz.  Toda hostilidad en contra de la población civil manda el mensaje contrario, erosiona la confianza entre las partes y de la sociedad, como evidenciaron los condenables hechos de violencia contra la población indígena en Cauca que llevaron a la suspensión parcial del cese al fuego por parte del Gobierno nacional.

 

Distinguidos Miembros del Consejo,

En el primer capítulo del Acuerdo sobre la reforma rural se estableció una hoja de ruta para abordar algunas de las causas estructurales del conflicto en Colombia. Su objetivo es resolver –entre otras cuestiones– las desigualdades históricas en la tenencia de la tierra que han perdurado durante décadas. Entre sus prioridades se encuentran la distribución, formalización y restitución de tierras, así como la provisión de bienes y servicios públicos a la Colombia rural. 

Aunque todavía queda un largo camino por recorrer para alcanzar los ambiciosos objetivos del Acuerdo de Paz, el Secretario General reconoce en su informe el aumento significativo de las asignaciones presupuestarias y los esfuerzos del Gobierno actual por entregar tierras y resolver los conflictos relacionados con ellas. Para superar las desigualdades que durante tanto tiempo han alimentado los ciclos de violencia en el campo, es necesario un impulso continuo en la implementación de estas disposiciones, respaldado por una inversión sustancial y el compromiso coordinado de todos los ministerios e instituciones estatales relevantes.

Del mismo modo, el capítulo étnico y las disposiciones de género del Acuerdo pretenden abordar la exclusión de larga data y el impacto desproporcionado del conflicto en las comunidades indígenas y afrocolombianas, así como en las mujeres y las personas LGBTQ. Espero con interés resultados concretos hacia el objetivo de lograr el 60% de la implementación del capítulo étnico para 2026.

También confío en que el plan de acción nacional para la resolución 1325 del Consejo de Seguridad, por lanzarse pronto, contribuya a impulsar la aplicación la agenda de mujer, paz y seguridad en el país. Será importante garantizar la coherencia general entre el plan y las disposiciones de género del Acuerdo. Además, los principios del plan relativos a la participación de la mujer y a la elaboración de acuerdos que tengan en cuenta las dimensiones de género del conflicto y la construcción de la paz deberían tenerse debidamente en cuenta y reflejarse en las iniciativas de diálogo en curso con los grupos armados.

 

Señora Presidenta, Distinguidos Miembros del Consejo,

La visita del Consejo en febrero fue una expresión de apoyo a los creativos y valientes esfuerzos que se están llevando a cabo en Colombia. Estoy seguro de que la visita proporcionó un aliento muy necesario a todos los sectores de la sociedad para perseverar en su lucha por la paz.

Por difícil y demandante de paciencia que sea, la decisión de Colombia de dar prioridad al diálogo como medio principal para resolver el conflicto distingue al país como un modelo que es más relevante que nunca en el mundo de hoy. Confío en que este Consejo haga eco de nuestros llamados para animar a todos los actores en Colombia a redoblar sus esfuerzos para implementar el Acuerdo de Paz de 2016 y a proseguir el diálogo como medio para consolidar aún más la paz en el país. 

Le agradezco, Señora Presidenta.

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