Las medidas de seguridad previstas en el Acuerdo de Paz y los ceses al fuego deben implementarse de forma complementaria en favor de la situación de seguridad de las comunidades
Las medidas de seguridad previstas en el Acuerdo de Paz y los ceses al fuego deben implementarse de forma complementaria en favor de la situación de seguridad de las comunidades
Nueva York, 9 de abril de 2024. En la presentación del más reciente informe del Secretario General de la ONU sobre Colombia, que abarca el periodo entre el 27 de diciembre de 2023 y el 26 de marzo de 2024, Carlos Ruiz Massieu, Representante Especial del Secretario General y Jefe de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia, destacó el profundo deseo de paz que se extiende desde las comunidades más vulnerables en los territorios afectados por el conflicto armado, pasando por la sociedad civil, hasta los más altos niveles de Gobierno y las instituciones del Estado. “El desafío mayor para transformar esta aspiración en una realidad es canalizar la abundante voluntad política y el impulso impresionante de la sociedad civil en dividendos de paz cada vez más tangibles en los territorios”. Este esfuerzo requerirá que los colombianos superen las divisiones políticas, sobre la base de un interés común para asegurar un futuro pacífico
Reconociendo la centralidad de Sistema de Justicia Transicional de Colombia en el logro de una paz duradera, el Representante Especial del Secretario General llamó la atención sobre el delicado equilibrio del sistema, cuyo sostenimiento es crítico para cumplir con el principio de centralidad de las víctimas y lograr la anhelada transición hacia la paz.
En este sentido, resaltó la fundamental tarea que lidera la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), “que exige ponderar múltiples elementos: rigurosidad con celeridad, así como los derechos de las víctimas y la seguridad jurídica de quienes comparecen ante la Jurisdicción, honrando los compromisos adquiridos bajo el Acuerdo”. Saludó que la JEP se esté acercando a la emisión de sus primeras sanciones. “Las víctimas requieren que esto se realice sin mayor dilación”, añadió. De igual manera, hizo un llamado al diálogo constructivo a fin de superar, dentro del marco del Acuerdo, las dificultades recientes, así como propiciar las mejores condiciones para este momento culminante y tan esperado del Sistema de Justicia Transicional.
Respecto al avance en la implementación del Acuerdo de Paz, Carlos Ruiz Massieu recordó que este último constituye una hoja de ruta para superar algunas de las causas estructurales del conflicto en Colombia. En este sentido, señaló la adquisición, formalización y restitución de tierras como prioridades que contempla el Acuerdo, así como la llegada de bienes y servicios del Estado a las áreas rurales del país. Frente a ello, saludó los importantes incrementos presupuestales y esfuerzos del Gobierno para avanzar en la entrega de tierras y resolver los conflictos rurales relacionados. Resaltó la necesidad de un impulso continuo en la implementación de estas disposiciones y el compromiso coordinado de los ministerios e instituciones estatales implicadas.
En este mismo sentido, el Representante Especial del Secretario General resaltó la importancia de alcanzar resultados concretos respecto a la meta del 60% de implementación del capítulo étnico para 2026. De igual manera, señaló que tanto este último como las provisiones de género del Acuerdo buscan superar la exclusión y las consecuencias del impacto desproporcionado del conflicto que han sufrido comunidades indígenas y afrocolombianas, así como las mujeres y la población LGTBIQ+.
Llamó así mismo la atención sobre la necesidad de garantizar recursos adecuados para la implementación del plan nacional de acción de la Resolución 1325 del Consejo de Seguridad, así como garantizar la coherencia entre este plan y las provisiones de género del Acuerdo. Agregó que deben tenerse en cuenta los principios del plan relativos a la participación de las mujeres en las iniciativas de paz en curso, así como considerar las dimensiones de género de los conflictos en la elaboración de los acuerdos de paz.
Resaltando el hecho de que miles de excombatientes de la antigua guerrilla de las FARC-EP continúan cumpliendo firmemente los compromisos del Acuerdo, reconoció que progresos concretos y sostenibles en la implementación del Acuerdo se han vuelto cada vez más urgentes. Para ello, recomendó un mejor uso de la arquitectura diseñada para la implementación del Acuerdo, incluyendo la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación del Acuerdo Final (CSIVI). De igual manera, llamó al Gobierno a finalizar los instrumentos legales pertinentes para la implementación del Programa de Reincorporación Integral, así como el Sistema Nacional de Reincorporación, para consolidar el tránsito de hombres y mujeres excombatientes hacia la vida civil.
Recordando que la seguridad constituye un elemento clave de la reintegración, lamentó la continuación de asesinatos de excombatientes, que alcanzaron 11 desde la publicación del último informe, totalizando 416 desde la firma del Acuerdo de Paz.
De igual manera, manifestó su profunda preocupación por la violencia que enfrentan hombres y mujeres líderes y lideresas, y comunidades enteras, especialmente indígenas y afrocolombianas, que siguen sufriendo el impacto de la violencia persistente y la limitada presencia de instituciones del Estado en varias regiones. El llamado a garantizar la seguridad es preocupación común de grupos étnicos, autoridades locales, sociedad civil y sector privado.
Sobre los ceses al fuego bilaterales, señaló que constituyen un paso importante para la construcción de confianza en las negociaciones y la reducción de la violencia, “sin embargo, estos no sustituyen las políticas de seguridad por parte del Estado destinadas a proveer protección y bienestar a las comunidades afectadas por el conflicto. Por el contrario, estos esfuerzos deben ser complementarios”, añadió.
Respecto a la mesa de negociación entre el Gobierno y el ELN, el Representante Especial del Secretario General manifestó que espera que se pueda evaluar la implementación de lo acordado hasta la fecha, y se tomen decisiones para avanzar en la agenda pactada en el Acuerdo de México. “Confío en que las partes, con un firme apoyo de la comunidad internacional, sabrán sobreponerse a las dificultades de la coyuntura actual y reafirmar a la sociedad colombiana el compromiso de la mesa nacional por llegar a acuerdos definitivos con beneficios tangibles para las comunidades”.
Refiriéndose a los diálogos entre el Gobierno y el grupo conocido como Estado Mayor Central (EMC), instó a las partes a mantenerse enfocadas en resolver sus diferencias en la mesa de conversaciones, construyendo sobre los avances obtenidos hasta ahora y dando muestras claras de su voluntad de paz. Resaltó que “toda hostilidad en contra de la población civil manda el mensaje contrario. Erosiona la confianza entre las partes y de la sociedad”.
Finalmente, recordó que la visita del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas en febrero pasado fue una expresión de apoyo a los valientes esfuerzos que se llevan a cabo en Colombia en la búsqueda de la paz y aseguró que la visita dio un necesario aliento a diversos sectores de la sociedad para perseverar en su trabajo por la paz.
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