Nota de prensa: Informe del Secretario General de las Naciones Unidas sobre la Misión de Verificación de la ONU en Colombia

2 Jul 2019

Nota de prensa: Informe del Secretario General de las Naciones Unidas sobre la Misión de Verificación de la ONU en Colombia

Bogotá, julio 2 de 2019. En su más reciente informe trimestral al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre la Misión de Verificación en Colombia, el Secretario General de la ONU invita a los colombianos y colombianas a trabajar juntos y a sostener un diálogo inclusivo ante los nuevos desafíos en la implementación del Acuerdo de Paz. Asimismo, renueva “el compromiso y la determinación de las Naciones Unidas para ayudar a hacer realidad sus aspiraciones de un futuro más pacífico”.

El informe cubre el período del 27 de marzo al 26 de junio de 2019 y señala que la Misión sigue observando el firme compromiso con el proceso de reincorporación por parte del Gobierno y la FARC. Según el Registro Nacional de Reincorporación, completado a principios de 2019 por la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN), encuestó a 10.708 de los 13.068 exmiembros acreditados de las FARC-EP que confirmaron su participación en el proceso de reincorporación, lo que constituye una señal alentadora dos años después de concluido el proceso de dejación de armas.

Según el informe, “el Gobierno declaró que los 2.360 excombatientes de las FARC EP restantes que no pudieron ser contactados para la encuesta no necesariamente habían abandonado el proceso de reincorporación” y, “un total de 11.018 reciben un subsidio mensual básico.”  Además, de los exmiembros de las FARC-EP en este registro, se identificó que más de 7.000 viven fuera de los ETCR en nuevos asentamientos rurales más pequeños o en áreas urbanas en donde adelantan su proceso de reincorporación.

Sobre la proximidad de la fecha para que expire el estado jurídico de los 24 Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR) previsto el 15 de agosto, el Secretario General reseña en su informe que este proceso de transición “está siendo acordado con la FARC y las comunidades y autoridades locales, y el Gobierno está adoptando medidas para una transición gradual a lo largo de un período de 12 meses y solicitará que se apruebe la prórroga del suministro de alimentos y servicios básicos hasta que se establezcan medidas a largo plazo”.

La Consejería Presidencial para la Estabilización y la Consolidación, la ARN y la FARC, con el acompañamiento de la Misión, han iniciado visitas a 11 ETCR donde el gobierno ha identificado obstáculos para su permanencia. “El Gobierno y los excombatientes han dado muestras de flexibilidad y buena disposición para tener en cuenta las opiniones de los demás y las de las comunidades locales, que expresaron el temor de que la supresión de los ETCR tuviera consecuencias negativas para su seguridad y sus condiciones sociales y económicas”, apunta el informe.

En cuanto a los proyectos productivos, el Consejo Nacional de Reincorporación ha aprobado 24 proyectos colectivos de los cuales le ha desembolsado recursos a 17, mientras que la ARN ha aprobado 190 proyectos individuales de los cuales 160 han recibido el desembolso de los fondos.

El informe apunta que al momento se han establecido nueve Mesas departamentales de reincorporación y 24 comités locales lo que ha promovido la coordinación entre actores locales para apuntalar acciones a los esfuerzos de reincorporación.

En su informe, el Secretario General asegura que “los avances en la reincorporación de exmiembros de las FARC-EP reducirán la vulnerabilidad de los excombatientes a ser reclutados por grupos ilegales” y que “los dirigentes del Gobierno y de la FARC tienen la responsabilidad de ofrecer oportunidades económicas y un liderazgo efectivo, respectivamente. Asimismo, hace hincapié sobre la importancia que los líderes de FARC den ejemplo, contribuyan activamente al esclarecimiento de la verdad y cumplan su compromiso con el proceso.

En relación con las garantías de seguridad, para el Secretario General “es profundamente preocupante que, desde la firma del Acuerdo de Paz, la Misión haya verificado la muerte de 123 excombatientes, además de 10 desapariciones y 17 tentativas de homicidio. Durante el período sobre el que se informa, se produjeron 14 asesinatos de exmiembros de las FARC-EP, entre ellos el segundo asesinato registrado de una mujer excombatiente, Lucero Jaramillo Álvarez, que tuvo lugar el 4 de abril en Putumayo.”

El informe reseña los casos de Dimar Torres en Norte de Santander y de Jorge Enrique Corredor Gonzalez, conocido como Wilson Saavedra, en Valle de Cauca.

Sobre este mismo asunto, el informe destaca las medidas y acciones recientemente anunciadas por el Gobierno que buscan articular los esfuerzos institucionales para “reforzar la seguridad de los exmiembros de las FARC-EP” dentro y fuera de los ETCR. El Secretario General reitera que “La implementación urgente de garantías de seguridad integrales y la intensificación de los esfuerzos para desmantelar los grupos ilegales y las estructuras criminales, que suponen una grave amenaza para las comunidades y la implementación de la paz, son medidas clave para hacer frente a estos problemas.”

El Secretario General reporta el avance presentado por la Unidad Especial de Investigación en más de la mitad de los casos de homicidios registrados y destaca que ninguno se ha presentado en los ETCR, aunque señala que en la mayoría de las comunidades vecinas hay una constante amenaza de violencia y delincuencia. Por lo tanto, es de “máxima importancia” ampliar el despliegue de la fuerza pública en los nuevos puntos de reagrupamiento y comunidades donde los excombatientes se están reincorporando.

En relación con la situación de lideres sociales y defensores de derechos humanos, durante el periodo que cubre el informe, se menciona que “aunque se han puesto en marcha muchas iniciativas y plataformas de consulta sobre políticas de prevención y protección que incluyen, en diversos grados, al Gobierno, las autoridades regionales, las comunidades afectadas y las organizaciones de la sociedad civil, se siguieron cometiendo atentados atroces contra líderes sociales y defensores y defensoras de los derechos humanos.”

Según la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en (ACNUDH) en Colombia, se han verificado 230 asesinatos desde la firma del Acuerdo de Paz. Durante el período del informe, ACNUDH informó que se habían verificado siete asesinatos y otros ocho estaban en proceso de verificación. Los casos verificados tuvieron lugar en los departamentos de Arauca, Cesar, Nariño y Chocó. El Secretario General reconoce el compromiso expresado por el Presidente Duque en cuanto a la protección de líderes y señala que “se necesitan urgentemente resultados concretos”.

El informe apunta que el desafío de proteger a las comunidades afectadas por el conflicto, a los líderes sociales y a los exmiembros de las FARC-EP depende de que se establezca una presencia integral y efectiva del Estado. El Secretario General confía “en que el Gobierno logrará avances hacia el objetivo más amplio de estabilización previsto en el plan “Paz con legalidad” y en la Hoja de Ruta para la Estabilización. El inicio de la implementación de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial supone un hito importante.” En el informe también se señala que, “establecer la presencia y los servicios del Estado es un esfuerzo a largo plazo que abarca múltiples aspectos como el desarrollo rural previsto en el punto 1 del Acuerdo de Paz, la sustitución voluntaria de cultivos y las actividades de reincorporación comunitaria”.

El Secretario General “una vez más, lamenta profundamente que persista la atmósfera de polarización sobre algunos elementos del Acuerdo”, pues señala que éste “ofrece a Colombia una oportunidad única de superar un legado de conflicto profundamente arraigado”.

Los debates alrededor de la Jurisdicción Especial para la Paz y las reformas constitucionales ilustran esta polarización. En este contexto, el Secretario General reconoce que “las instituciones colombianas se muestran a la altura del desafío y están utilizando los canales establecidos constitucionalmente”. “Tengo la esperanza de que esas cuestiones se irán resolviendo progresivamente y que las preocupaciones que suscitan se irán abordando a medida que avance la implementación”, dice el Secretario General.

“Exhorto a todas las partes a que velen por que cualquier reforma que se lleve a cabo respete los compromisos contraídos con quienes dejaron las armas de buena fe y sobre la base de las disposiciones del Acuerdo de Paz, principio que el propio Consejo de Seguridad ha recalcado”, señala el Secretario General.

“Acojo con beneplácito el reciente llamado del Presidente Duque en pro de un pacto nacional con todos los actores políticos, en el que recuerda su mensaje a favor de centrarse en lo que une a los colombianos y colombianas y no en lo que los divide”, señala el Secretario General.

Finalmente, el Secretario General reafirma el compromiso de las Naciones Unidas con el proceso de implementación del Acuerdo de Paz, en el cual los colombianos deberán trabajar juntos en lugar de seguir inmersos en divisiones internas”, pues los desafíos del presente y del futuro son demasiado grandes. Resalta que, ante los avances y los nuevos desafíos del proceso de paz, es esencial que la comunidad internacional continúe involucrada, por lo cual la próxima visita del Consejo de Seguridad, anunciada esta semana, “representa una oportunidad para ayudar al pueblo colombiano a superar los obstáculos actuales y para reafirmar el ejemplo que Colombia puede dar a otros países en situaciones de conflicto en todo el mundo.”

El Informe del Secretario General será presentado por el Representante Especial del Secretario General en Colombia, Sr. Carlos Ruiz Massieu al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en Nueva York el próximo 19 de julio, una semana después de la visita del Consejo de Seguridad al país.

*** 

 

Descargue aquí Informe Trimestral del Secretario General sobre la Misión de Verificación en Colombia. S/2019/530