Bogotá, 6 de abril de 2021. - En su más reciente informe sobre la Misión de Verificación de la ONU en Colombia, que abarca el período del 28 de diciembre de 2020 al 26 de marzo de 2021, el Secretario General de las Naciones Unidas, António Guterres, destaca la importancia de consolidar los avances del Acuerdo de Paz durante este quinto año de implementación.

Señala que en las sociedades que salen de un conflicto, las perspectivas de una paz sostenible y duradera dependen de la fuerza de los logros en las primeras etapas de la transición. Para finales de este año, habrá transcurrido un tercio del plazo previsto para la implementación integral del Acuerdo Final de Paz. Con el compromiso de las partes, de la sociedad colombiana y el firme apoyo de la comunidad internacional, incluidas las Naciones Unidas, confía en que los cimientos del Proceso de Paz serán lo suficientemente sólidos para proteger lo alcanzado y hacer frente a los desafíos.

De igual forma, el Secretario General valora el compromiso de las partes signatarias con la implementación del Acuerdo, el cual se evidenció en el reciente encuentro que sostuvieron el Presidente de la República de Colombia, Iván Duque, y el presidente del partido Comunes, Rodrigo Londoño, un diálogo constructivo en el que las partes acordaron trabajar conjuntamente en la definición de una hoja de ruta para avanzar en la implementación del Acuerdo Final.

El informe incluye avances y desafíos en la implementación de las cinco prioridades propuestas por el Secretario General para profundizar la implementación de Acuerdo en 2021: asegurar la protección y seguridad de excombatientes, comunidades y líderes  y lideresas sociales y defensores y defensoras de derechos humanos; garantizar la sostenibilidad del proceso de reincorporación; consolidar la presencia integral del Estado en las zonas afectadas por el conflicto; fortalecer el diálogo constructivo entre las partes; y fortalecer las condiciones para la reconciliación.

El Secretario General urge frenar la violencia contra excombatientes, comunidades afectadas por el conflicto, líderes y lideresas sociales y defensores y defensoras de los derechos humanos. Desde la firma del Acuerdo Final, esta violencia se ha concentrado principalmente en 25 municipios de los Departamentos de Cauca, Nariño, Antioquia, Caquetá, Meta, Putumayo, Valle del Cauca, Norte de Santander y Guaviare.  

Se subraya que la concentración de la violencia en algunas regiones se debe a la escasa presencia del Estado, la pobreza y la proliferación de actores armados ilegales que se disputan las economías ilícitas. Se informa sobre la violencia contra comunidades afrocolombianas e indígenas en la región del Pacífico que se manifiesta en confinamientos y desplazamientos masivos, destacando en particular la situación de Buenaventura. Por ello, el informe menciona que el despliegue de la fuerza pública en las zonas más críticas, de la mano de entidades civiles del Estado, debe traducirse progresivamente en mayor control del territorio y en una mejor protección de las comunidades.

Durante este periodo, 14 excombatientes (13 hombres y una mujer) fueron asesinados, lo que eleva la cifra a 262 (254 hombres y 7 mujeres) desde la firma del Acuerdo. El informe resalta que se mantiene sin cambios la presencia de fuerza pública en los antiguos Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR), garantizando la seguridad a excombatientes y sus familias en estas áreas. El informe también menciona que algunos de los antiguos ETCR requieren ser reubicados debido a problemas de seguridad. Asimismo, se menciona que los excombatientes que viven por fuera de los antiguos ETCR, incluyendo en las Nuevas Áreas de Reincorporación, enfrentan problemas particulares y requieren soluciones específicas.

El informe del Secretario General reseña, además, la continuación de la violencia contra líderes y lideresas sociales y defensores y defensoras de derechos humanos. Durante este periodo, la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos recibió información sobre 24 homicidios (incluidos los de cuatro mujeres y siete líderes indígenas) y documentó 10 masacres en las que murieron un gran número de civiles (otras 12 se encuentran en verificación).

También es motivo de preocupación la violencia contra miembros de diversos partidos políticos, incluido el homicidio de un concejal en Argelia (Cauca) y el posterior desplazamiento de 11 concejales del mismo municipio. Por lo tanto, resalta la importancia de hacer uso del Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política, en especial de cara a las elecciones de 2022.

Agrega que Colombia se verá inmersa en los próximos meses en una campaña política que coincide con un entorno complejo provocado por la pandemia del COVID-19. Esta circunstancia, sin precedentes, requiere que todos los actores políticos y la sociedad colombiana en general recurran al diálogo y a los medios democráticos para resolver sus diferencias, si se quiere mantener el hito alcanzado en 2018, cuando se llevaron a cabo las elecciones más pacíficas e inclusivas en décadas.

El Secretario General hace un llamado para que se apruebe la política pública de desmantelamiento de grupos armados ilegales, y se fortalezca la Unidad Especial de Investigación, como una oportunidad para desactivar las amenazas, responder a la violencia y combatir la impunidad.

Pese a los retos en la implementación de las disposiciones de género del Acuerdo, el informe menciona que ha habido avances positivos por parte de la Consejería Presidencial para  la Equidad de la Mujer, en particular respecto a garantías de seguridad para las mujeres líderes y defensoras de los derechos humanos. No obstante, resalta que la violencia de género es un flagelo persistente que dificulta la reincorporación de las mujeres excombatientes, la valiosa labor de las lideresas sociales y defensoras de derechos humanos y la dignidad de la mujer colombiana en general.

En materia de reincorporación, el informe resalta que el 47% de las y los excombatientes están vinculados a proyectos productivos colectivos e individuales. El Secretario General hace un llamado para que las partes trabajen conjuntamente para que, a finales de 2021, la mayoría de excombatientes  estén vinculados a  iniciativas productivas.  También valora los avances del Gobierno en la asignación de tierras para los antiguos ETCR y para proyectos productivos.

Durante el periodo de este informe se compraron predios en Patía (Cauca) y Mutatá (Antioquia), para un total de 5 espacios con tierras compradas hasta el momento. Se resalta que la titulación de estas tierras sigue pendiente. Asimismo, se informa que los antiguos ETCR de Puerto Asís (Putumayo) y Miranda y Buenos Aires (Cauca) necesitan ser trasladados por motivos de seguridad.

El informe destaca la realización de la primera sesión del Consejo Nacional de Reincorporación a nivel territorial, en Villavicencio, producto del acuerdo entre el Presidente Duque y representantes de excombatientes tras la “Peregrinación por la vida y por la paz”, donde se analizó la situación en Meta, Guaviare y Arauca. También menciona la realización de la Asamblea Nacional del antiguo partido FARC, en la que se tomó la decisión de cambiar el nombre a “Comunes”. 

Sobre la consolidación de la presencia integral del Estado en las zonas afectadas por el conflicto, se reconocen los avances y  se destacan los desafíos en algunos de los programas del Acuerdo, como los PDET, el PNIS y el Programa Integral de Seguridad y Protección para las Comunidades y Organizaciones en los Territorios.

Sobre fortalecer el diálogo constructivo entre las partes, el Secretario General acoge con beneplácito la decisión de las partes de extender la CSIVI hasta enero de 2022 y la importancia de llevar a cabo discusiones sustantivas en mecanismos tripartitos para fortalecer la implementación integral del Acuerdo este año y ayudar a las partes a diseñar a soluciones conjuntas para responder a los desafíos.

El Secretario General destaca la importancia del 2021 para el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, y los avances de sus tres entidades para satisfacer los derechos de las víctimas y esclarecer capítulos dolorosos del conflicto armado. Hace énfasis en que, para que tenga éxito en la defensa de los derechos de las víctimas y en sentar las bases de la reconciliación, es necesario que excombatientes, miembros de la fuerza pública y terceros en el conflicto brinden una verdad exhaustiva sobre los delitos cometidos, reconozcan sus responsabilidades y contribuyan a la reparación de las víctimas.

Resalta los avances de la JEP en el caso 01 sobre toma de rehenes y graves privaciones de la libertad cometidas por las FARC-EP, y en el caso 03 sobre ejecuciones extrajudiciales. El Secretario General insta a que todos los actores respeten la autonomía y la independencia de la JEP para que pueda llevar a cabo su trabajo y reitera, una vez más, el firme apoyo de las Naciones Unidas al Sistema Integral. 

Finalmente, el Secretario General hace un llamado a las partes para que sigan trabajando conjuntamente, con gran compromiso, en los meses venideros a fin de proteger y ampliar estos logros en una ventana crucial para el progreso. El Secretario General destaca que “La resiliencia demostrada por los colombianos y las colombianas de zonas afectadas por el conflicto, que aún esperan que se haga realidad la promesa de la paz, es una inspiración y un llamado a la acción, y cada esfuerzo que se haga en 2021 será determinante para que el país avance”.

El informe del Secretario General será presentado por el Representante Especial del Secretario General en Colombia, Sr. Carlos Ruiz Massieu, ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas el próximo 21 de abril de 2021.

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Descargue el Informe Trimestral del Secretario General sobre la Misión de Verificación en Colombia S/2021/298 

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