DECLARACIÓN AL CONSEJO DE SEGURIDAD DEL REPRESENTANTE ESPECIAL DEL SECRETARIO GENERAL Y JEFE DE LA MISIÓN DE VERIFICACIÓN DE LA ONU EN COLOMBIA, JEAN ARNAULT.

Señor Presidente,

Distinguidos miembros del Consejo,

Gracias por esta oportunidad de presentarles el informe del Secretario General sobre el proceso de paz en Colombia, el cual abarca los últimos cuatro meses y que coincide con la conclusión del mandato del Presidente Juan Manuel Santos.

Es un honor estar una vez más aquí con el Vicepresidente Oscar Naranjo quien, a lo largo de este período, junto con el Alto Comisionado para la Paz, Rodrigo Rivera, y otros miembros del Gobierno, ha estado al frente de los esfuerzos para avanzar con la implementación del Acuerdo de Paz y sentar las bases más firmes posibles para que el próximo Gobierno pueda seguir construyendo.

El vicepresidente y la Misión hemos desarrollado juntos un buen método de trabajo: establecer prioridades trimestrales comunes con respecto a los asuntos bajo verificación de la ONU, y aplicar nuestros respectivos recursos e influencia para alcanzar esos objetivos.  Puede que los avances hayan sido parciales y se hayan producido retrasos, pero hemos tenido más éxito a la hora de impulsar la implementación trabajando juntos de lo que habríamos tenido por separado. En el último trimestre, hicimos hincapié en la importancia de aplicar más enérgicamente un enfoque de género a la reincorporación de los excombatientes y las garantías de seguridad para las comunidades, con algunos resultados positivos que se reflejan en el informe del Secretario General.

Estamos preparados para utilizar el mismo enfoque colaborativo con la administración entrante del presidente electo Iván Duque.

Señor Presidente,

Distinguidos miembros del Consejo,

Desde que finalizamos el informe del Secretario General, el 20 de julio, el Día de la Independencia de Colombia, se inauguró el nuevo Congreso. El mismo incluye representantes del partido político FARC y sus procedimientos están alineados con el Estatuto de la Oposición, una pieza clave de la legislación relacionada con la paz adoptada este año que establece una mayor igualdad de condiciones entre la mayoría y la oposición en todas las asambleas electas. El Estatuto garantiza, entre otras disposiciones, la presencia de la oposición en las mesas directivas de ambas Cámaras.

La presencia del partido político FARC cumple con uno de los objetivos centrales del Acuerdo de Paz. Cabe resaltar que este Congreso se encuentra entre los más diversos, plurales y representativos de la historia legislativa del país.  Estamos listos y dispuestos a cooperar con todos sus miembros dentro de nuestro mandato.

Este no es el único logro del mes pasado. Se debe dar un reconocimiento especial al trabajo de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). El Acuerdo de Paz reconoció la profunda aspiración de la sociedad colombiana a la verdad y a la justicia junto con la terminación del conflicto. Desafortunadamente, las largas demoras en el establecimiento de la Jurisdicción y en la adopción de su marco normativo crearon en la opinión pública una sensación persistente de que la verdad y la justicia estaban siendo eclipsadas por el proceso político. Las primeras audiencias llevadas a cabo por la JEP, los días 10 y 13 de julio, en las que participaron un ex General del Ejército y el antiguo Comando General de las FARC-EP, fueron extremadamente importantes para comenzar a despejar la percepción de impunidad. La búsqueda de la rendición de cuentas a través de la JEP y la Comisión de la Verdad seguirá siendo fundamental para la legitimidad del proceso de paz. 

El tiempo lo dirá, pero la respuesta positiva de las víctimas y la reciente decisión de oficiales superiores de las Fuerzas Armadas de aceptar voluntariamente la jurisdicción de la JEP es un indicio de que el proceso de paz colombiano puede estar cerca de alcanzar el equilibrio adecuado entre las exigencias de la paz y la justicia – un equilibrio que ha sido difícil de alcanzar, la mayoría de las veces, en la solución negociada de los conflictos armados. Por lo tanto, es importante que la comunidad internacional continúe apoyando a la JEP, a la Comisión de la Verdad, y a la Unidad para la Búsqueda de Personas Desaparecidas.

Entre los logros de las últimas semanas, también quiero destacar el “Pacto de Rechazo a la Violencia contra Líderes Sociales” firmado por el Presidente Santos y el presidente electo Duque, entre otros.  Es la primera vez que la violencia contra los y las líderes sociales es recibida con una reacción tan amplia de indignación, que se manifestó en las calles de Colombia y en ciudades alrededor del mundo, en los pasillos de las instituciones nacionales y a través de todo el espectro político. En el contexto polarizado de una campaña electoral prolongada, en una sociedad a veces indiferente a los acontecimientos en las antiguas zonas de conflicto, este consenso nacional en contra de los ataques contra líderes sociales es muy significativo. 

Como se menciona en el informe del Secretario General, las medidas más importantes previstas en el Acuerdo de Paz para mejorar la seguridad de las comunidades se han comenzado a implementar, aunque su impacto hasta la fecha ha sido  claramente insuficiente.  Un amplio consenso y un sentido de urgencia por parte de la sociedad colombiana puede ser lo que se necesita para dar impulso a la implementación de estas medidas y para estimular los esfuerzos del sistema judicial para procesar a las personas responsables de estos ataques.  En este sentido, seguirá siendo una de las principales prioridades de la Misión continuar apoyando, de acuerdo con su mandato, a las instituciones colombianas en sus esfuerzos por poner fin a la violencia en los territorios.

Esperamos sinceramente que se pueda forjar un consenso similar en torno al desafío central para la consolidación de la paz, que es abordar la combinación de pobreza, violencia y economías ilegales a la que siguen sometidos los y las habitantes de las antiguas zonas de conflicto. Se requiere un esfuerzo estrechamente coordinado y debidamente financiado de las instituciones estatales, en cooperación con las comunidades afectadas y sus organizaciones, para lograr llevar el estado de derecho, la seguridad y oportunidades productivas legales a zonas que durante mucho tiempo han sido presa de violencia por grupos ilegales y de la negligencia del Estado. Por lo tanto, me gustaría hacer eco del informe del Secretario General y hacer un llamado al diálogo y a la cooperación entre el nuevo gobierno nacional, las autoridades territoriales, las organizaciones sociales y la sociedad civil en los territorios. Creemos que ese diálogo y esa cooperación son un requisito necesario para el éxito.

Señor Presidente,

Distinguidos miembros del Consejo,

Si bien la participación de representantes de las FARC en el Congreso es un importante paso, la reincorporación a la vida civil de los y las ex combatientes de las FARC-EP sigue siendo una tarea pendiente.  

El Secretario General ha subrayado en sus informes anteriores el difícil entorno en el que se está produciendo esta reincorporación. La conclusión de la labor iniciada por el actual Gobierno requerirá, sin duda, de mucha dedicación y recursos. Lograr cumplir con las garantías dadas a quienes han dejado las armas y han emprendido la difícil transición a la vida civil es esencial para Colombia y para que Colombia siga siendo una fuente de motivación para las partes en conflictos armados en otras partes del mundo.

En conclusión, permítanme reiterar nuestro agradecimiento al Gobierno del Presidente Santos, a los líderes de las FARC, a las instituciones colombianas y a la sociedad civil colombiana que nos han recibido y han cooperado generosamente con nuestro trabajo durante los últimos dos años.  A medida que el nuevo gobierno asuma sus funciones, podrá contar con el compromiso de la Misión para apoyarlos en la difícil tarea de consolidar la paz y lograr la reconciliación.

Muchas gracias.

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