Medellín, 18 de abril de 2024. – “Antioquia ha sido un referente en la implementación del Acuerdo de Paz en Colombia y el llamado es a redoblar esfuerzos que se traduzcan en resultados tangibles en el territorio, que permitan avanzar hacia la consolidación de una paz estable y duradera”, resaltó  Enrique Sánchez Airas, jefe regional en Medellín de la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia, durante la presentación del Informe Trimestral del Secretario General de la ONU, Antonio Guterres, sobre la Misión, correspondiente al periodo del 27 de diciembre de 2023 al 26 de marzo de 2024.

Si bien el informe reconoce importantes avances hasta la fecha, también exhorta a que en esta etapa los actores involucrados y los beneficiarios, incluidas las víctimas, las comunidades rurales, los pueblos étnicos y los excombatientes por igual, comiencen a sentir de manera más tangible el impacto positivo de algunas de las disposiciones clave del Acuerdo.

En Antioquia, según la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN), 1.304 firmantes del Acuerdo de Paz avanzan en su proceso de reincorporación, de los cuales 250 permanecen en los antiguos Espacios de Capacitación y Reincorporación (AETCR), localizados en los municipios de Segovia, Anorí, Dabeiba y Mutatá. Los 1.054 firmantes de paz restantes continúan con su proceso en áreas urbanas y rurales del departamento,  tanto de forma colectiva como individual.

“Lamentablemente el informe reporta 11 asesinatos de PPR en el periodo. En Antioquia, ningún firmante de paz fue asesinado entre enero y marzo. Esperamos que se mantenga esta tendencia.”, indicó Enrique Sánchez.

El informe resalta cómo la violencia continúa afectando algunas regiones del país, entre ellas Antioquia. “Regiones como el Nordeste Antioqueño, son de especial preocupación para nuestra oficina regional”, señaló Sánchez. Añadió que hay una marcada afectación a las comunidades que sufren amenazas, desplazamientos y confinamientos, en especial en los municipios de Segovia y Remedios.

El informe destaca que la violencia contra líderes sociales continuó en Colombia. En particular expresa preocupación sobre los ataques perpetrados contra 10 líderes campesinos involucrados en la reforma rural integral en el país. El 10 de enero, en Mutatá, Antioquia, fue asesinado Argemiro Mayo, líder afrocolombiano que estaba acreditado como defensor de los derechos humanos de comunidades negras y como víctima en el caso 04 ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). “Garantizar la seguridad de las personas en proceso de reincorporación, los líderes y lideresas sociales y las comunidades continúa siendo uno de los grandes desafíos en la implementación del Acuerdo de Paz”, dijo Enrique Sánchez.

El informe destaca que, pese a los retos de seguridad, en los últimos tres meses hubo avances en los distintos puntos del Acuerdo que son objeto de verificación por parte de la Misión, en el área de cobertura de la oficina regional de Antioquia. En materia de reincorporación social, política y económica, se destaca que la ARN presentó una estrategia de sostenibilidad que busca potenciar proyectos productivos individuales y colectivos de excombatientes.

“Desde enero de este año, la Misión ha establecido enlaces con las nuevas autoridades de la Gobernación de Antioquia y la Alcaldía de Medellín, en particular con las secretarías respectivas encargadas de la paz. En ambas dependencias encontramos apertura y disposición para el trabajo articulado. Con la gobernación avanzamos en el fortalecimiento del Consejo Departamental de Reincorporación y con la alcaldía articulamos esfuerzos para avanzar en la reincorporación urbana de cerca de 350 excombatientes de Farc que viven en el distrito y el área metropolitana. También agradecemos la apertura de la Asamblea Departamental de Antioquia y su Comisión Accidental de Seguimiento al cumplimiento del Acuerdo de Paz.”, precisó Enrique Sánchez.

Añadió que el acceso a la tierra sigue siendo esencial para ofrecer a los excombatientes perspectivas a largo plazo. En Antioquia, una de las prioridades es aportar tierra con fines de vivienda y para proyectos productivos. En este frente, se destacan los comodatos que se han entregado, en los municipios de Medellín, Mutatá y Marinilla, para que firmantes de paz realicen proyectos económicos y de conservación. Sin embargo, la búsqueda y adjudicación de tierra continúa siendo un reto significativo que requiere de mayores avances, sobre todo para los colectivos de firmantes que se encuentran en zonas de riesgo con graves afectaciones de seguridad, como Carrizal, en Segovia, Antioquia.

En términos de justicia transicional, Enrique Sánchez recordó que el informe del Secretario General destaca la gran responsabilidad de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) como uno de los pilares estructurales del Acuerdo. En Antioquia, la Misión continuó reiterando la necesidad de redoblar los esfuerzos para que el Estado establezca las condiciones para la implementación de las sanciones propias, cuyo cumplimiento efectivo representa una oportunidad para consolidar la presencia integral del Estado, impulsar transformaciones territoriales y aumentar la confianza en el proceso de paz. Resaltó que la Gobernación y la Alcaldía firmaron un importante acuerdo de voluntades con la JEP para apoyar a las víctimas del conflicto .

Finalmente, el jefe de la oficina Regional en Medellín de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia invitó a la Gobernación de Antioquia, la Alcaldía de Medellín y a los municipios de Antioquia anfitriones de la implementación del Acuerdo de Paz, para que incluyan en sus planes de desarrollo (2024 – 2027) acciones y presupuestos que impulsen la implementación del Acuerdo de Paz y la reincorporación en el próximo cuatrienio.   

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