A ocho años de la firma del Acuerdo de Paz de 2016, la reincorporación tiene un nuevo panorama: 10.265 personas firmantes viven fuera de los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación, ETCR, en más de 600 municipios, sea en pueblos o ciudades capitales.  Independientemente de su localización, la inmensa mayoría sigue comprometida con la paz.

 

 “Vengo de una familia humilde, soy nacido del Chocó, recuerdo la naturaleza de mi pueblo, el río, los árboles, la cancha…”. #SoachaEsMemoria. 
 

 

La frase está pegada a una pared blanca, sobre un trozo de papel de color azul, perfectamente diseñada.  Es de Patricio Ramos, un firmante de paz de Río Sucio, Chocó, quien hoy promueve la integración entre firmantes y miembros de las comunidades de Soacha, Cundinamarca. El mensaje se encuentra junto a decenas de otros, redactados en diferentes colores por algunos de los más de 70 firmantes del Acuerdo de Paz de 2016 que viven en este municipio, contiguo a Bogotá. 

La pared blanca está en un salón que debe medir unos cuatro metros de largo por dos de ancho. Hay fotografías colgadas de un hilo que va de pared a pared y que están sostenidas por pequeños ganchos. Las fotos son de hitos históricos del Acuerdo Final de Paz, como la firma en el Teatro Colón, pero también de momentos cotidianos de su proceso de reincorporación. Todas las imágenes las protagonizan personas firmantes quienes, individual o colectivamente, cimentan la construcción de paz a diario, desde lo urbano, un fenómeno que está reconfigurando la reincorporación en el país. El salón, las frases y las fotos hacen parte de la Fundación Casa de la Memoria, un sueño que empezaron a construir varios firmantes de paz que empezaron a llegar a Soacha desde el 2017, procedentes de diferentes regiones del país.

Patricio Ramos es el representante legal de esta fundación que trabaja por recuperar y mantener la memoria de estos años, durante los cuales, si bien han estado lejos de los tradicionales espacios que la opinión identifica como escenarios de reincorporación, han continuado empeñados en cumplir los compromisos del Acuerdo de Paz. “La gente piensa que los firmantes que no estamos en un ETCR nos salimos del proceso, o que somos perezosos, y lo que no saben es que nos ha tocado más duro, nos toca solos, pagar arriendo, servicios públicos y luchar contra la estigmatización, porque algunos creen que venimos a hacer mal, pero lo que hacemos todos los días es trabajar por cumplir el Acuerdo de Paz, que es un compromiso político, ético y moral”.
 

 

Soacha y la reincorporación Urbana

Soacha tiene una particularidad, -agrega- y es que aquí hay una gran población víctima del conflicto, parte de ella generada por la misma organización (las antiguas FARC) y resulta que ahora llegamos nosotros prácticamente en la misma condición. ¿Por qué llegamos? En mi caso porque tenía familia, pero también porque Soacha es un municipio grande, tiene seis comunas y supera el millón de personas, aquí mismo una persona se mueve de barrio y usted no la encuentra”, explica. 
 

Quizá, ese deseo de pasar desapercibidos y de sentirse seguros motivó la decisión de muchos firmantes, como Patricio, de salir de los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR). De hecho, según el más reciente informe de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia, 10.265 firmantes del Acuerdo viven fuera de los ETCR –el 82% del total- y la mitad de estos, como Patricio, viven en entornos urbanos.

Patricio llegó hace cinco años, después de empezar su proceso de reincorporación en el ETCR de Brisas, en Carmen del Darién, Chocó, y de haber culminado su proceso de dejación de armas en una nueva área de reincorporación, en San José de León, Mutatá, Antioquia. También intentó vivir en Río Sucio, en una tierra que era de su papá, pero según cuenta, un grupo armado lo expulsó. Así decidió ubicarse en Soacha, en busca de seguridad, familiares y amigos.

Lo primero que hizo fue crear un emprendimiento de confecciones, con su hermana, y luego, cuando fue a reportarse ante la Agencia para la Reincorporación y Normalización (ARN), para seguir su proceso de reincorporación, se dio cuenta que no era el único firmante en Soacha. Allá conoció a otros compañeros como Olga Bernal, firmante del Acuerdo, nacida en el Meta, que inició su proceso en el ETCR de Icononzo, en Planadas, Tolima, y hoy lidera una asociación de mujeres por la paz. También conoció a Martha Macana, que fundó una empresa de servicios de alimentación. 

 

Reincorporación comunitaria 

Juntos, y gracias al impulso que recibieron del programa de Agendas Territoriales de Reincorporación Comunitaria, de la ARN y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), fundaron la Casa de la Memoria en 2021, como punto de encuentro de los firmantes.

Estas agendas son una apuesta de la ARN para fomentar procesos comunitarios con enfoque restaurativo entre firmantes de paz, comunidades e instituciones. El propósito fue promover acciones colectivas para la reconstrucción del tejido social y favorecer la convivencia, la reconciliación y la no-repetición, factores que contribuyen al desarrollo del proceso de reincorporación desde lo comunitario. Ese es el objetivo de la Casa de la Memoria de Soacha y de las más de 60 agendas territoriales que hay en curso en todo el país.

 

Mujeres de Cali y su experiencia de paz urbana

En Cali, por ejemplo, viven 205 personas en proceso de reincorporación (casi la mitad de la población reincorporada de todo el Valle del Cauca), 53 de ellas son mujeres.  En esta ciudad, se adelanta la única Agenda Territorial de Reincorporación Comunitaria de todo el país liderada e integrada exclusivamente por mujeres en un entorno urbano. Su historia inicia en marzo de este año cuando diez mujeres firmantes fueron convocadas por la ARN para socializar esta iniciativa nacional que busca crear espacios de diálogo entre firmantes de paz, comunidades e instituciones y así generar condiciones de convivencia pacífica y promover la reconciliación. 
 

Tras varios encuentros facilitados por la ARN, las firmantes decidieron convocar a lideresas y víctimas del conflicto para lograr una conversación plural, que apuntara genuinamente a promover escenarios de reconciliación. Así fue como en mayo, 20 de esas mujeres, varias de ellas asociadas a diferentes organizaciones de la sociedad civil como la Ruta Pacífica de las mujeres, la Fundación Lila y Fundemixpa, formaron un equipo movilizador e iniciaron un dialogo sobre sus necesidades, propuestas y aportes para la construcción de paz.

Las discusiones rindieron frutos y este equipo movilizador logró vincular a la Alcaldía de Cali y la Gobernación del Valle del Cauca alrededor de la primera propuesta comunitaria que surgió de sus charlas. Fue así como su experiencia de Comadreo por la Paz fue la actividad central en el marco de un Festival Uniendo Voces por la Reconciliación, con el que se conmemoró el Día Internacional de la Paz en Cali.
 

75 nuevas áreas de reincorporación colectiva

Experiencias como estas hay en todo el país y no solo de reincorporación urbana, también hay en la ruralidad. Algunas de ellas, como la experiencia de Soacha, son consideradas áreas de reincorporación colectiva, en las cuales, grupos de personas firmantes han empezado a construir una nueva vida alrededor de procesos políticos, socioeconómicos y comunitarios que responden a sus intereses comunes y su sentido de cohesión. La Misión ha monitoreado hasta 75 de ellas en el país. 

El 14 de agosto de 2024 el Gobierno emitió el Decreto 1048, que da un reconocimiento a todas las realidades territoriales colectivas surgidas en el marco del proceso de reincorporación, dentro y fuera de las demarcaciones de los ETCR, estableciendo la figura de Áreas Especiales de Reincorporación Colectiva (AERC). La norma contempla que colectivos reconocidos como AERC podrán tener un acompañamiento especial para gestionar una oferta institucional acorde a sus necesidades de reincorporación. 

 

El fantasma de los traslados

En este nuevo panorama no hay que olvidar el impacto que han tenido los traslados de algunos ETCR, como el ocurrido el pasado 20 de agosto, cuando los firmantes de paz del antiguo ETCR de Miravalle, ubicado en San Vicente del Caguán, llegaron con sus enseres a cuestas a una vereda del municipio de El Doncello, Caquetá. Tras más de siete años de haber consolidado su espacio en ese municipio, con proyectos de turismo y deportes como el mundialmente reconocido Remando por la Paz, este colectivo del río Pato, que quiso “cambiar los fusiles por los remos”, debió reubicarse ante la degradación de sus condiciones de seguridad en el territorio.
 

Desde la firma del Acuerdo Final, al menos cinco de estos espacios han tenido que trasladarse; Santa Lucia-Ituango-, en Antioquia (2020); La Macarena-Yarí, en el Meta (2021); Mesetas, en Meta (2023); Vista Hermosa, en Meta (2023); Miravalle, Caquetá (2024). En una reciente audiencia ante la JEP, esta jurisdicción manifestó que esas reubicaciones deben considerarse en algunos casos como desplazamientos forzados.  En efecto las difíciles condiciones de seguridad en los territorios siguen representando el mayor obstáculo para una reincorporación y una paz sostenible.

Aunque los traslados sin duda trajeron tristeza y frustración entre los firmantes, los desafíos que enfrentan no han debilitado su determinación. Al contrario, han abierto la puerta a nuevas oportunidades.

Ahora, en Doncello, por ejemplo, el equipo de Remando por la Paz sigue entrenando para consolidar habilidades esenciales en su proceso competitivo y de reincorporación. “Estamos reorganizándonos. Encontramos un río cerca donde entrenamos todos los días (el río Guayas), para prepararnos para las próximas competencias, quedamos clasificados para el Panamericano en Chile, y estamos buscando patrocinios, porque queremos participar en campeonatos mundiales y nacionales”, dice Hermides Linares, firmante de paz, miembro del equipo de rafting Remando por la Paz.

Y este no es el único ejemplo, en muchos otros casos, los traslados, a pesar de que significaron un desafío en su proceso de reincorporación, abrieron perspectivas y oportunidades. 
 

 

Entrega de tierras a firmantes en Yalí

Por ejemplo, en Yalí, Antioquia, la Agencia Nacional de Tierras entregó la finca El Viento, en la vereda Jardín, de 333 hectáreas, a 31 firmantes de paz y sus familias que actualmente habitan en el ETCR de Carrizal, y que próximamente debe ser trasladado, porque su actual territorio está enmarcado en Ley Segunda, de reserva forestal. 
 

“Aunque en un comienzo presentamos resistencia y no entendíamos qué iba a suceder con la llegada de los firmantes, (…) ahora nuestra apuesta es total, estamos acá para acompañar a estas familias”, dijo el alcalde de Yalí, John Jairo Giraldo, a donde llegarán los firmantes de Carrizal.

Para los firmantes de paz este cambio significa un gran contraste: “Es una nueva dinámica para nosotros, porque vemos un gesto de voluntad del Gobierno nacional. Se abre un capítulo en el cumplimiento del Acuerdo de Paz y en la reforma agraria. Aquí tenemos pensados proyectos de cacao, limón Tahití, ganadería, entre otros”, indicó Manuel José López, firmante de paz del ETCR de Carrizal, en Remedios.

 

Tierra Grata 

Si bien algunos firmantes han decidido o han tenido que alejarse por otras razones de los ETCR, es importante destacar que hay varios de ellos consolidados. Por mencionar algunos: Llano Grande, en Antioquia; Agua Bonita, en Caquetá, y Tierra Grata, en el Cesar. 
 

Este último pasó de ser una montaña repleta de arbustos y pastos abandonados por el ganado, a una ciudadela de paz, como se llama su proyecto de vivienda que tiene 80 casas, muchas de ellas ya construidas. Tierra Grata es hoy una vereda formal del municipio de Manaure, al cual, hace pocos días el Ministerio de Vivienda aprobó un proyecto presentado por los firmantes para la construcción de un alcantarillado.

Allí, los firmantes, con apoyo del Gobierno y de cooperación internacional, han logrado gestionar recursos para un jardín infantil para 25 niños y niñas, que es operado por el ICBF; un colegio de primaria, con seis aulas construidas; un puesto de salud con dos firmantes de paz formados por la Cruz Roja, una biblioteca y un colectivo cultural que brinda capacitación en artes y fotografía. También tiene restaurante, ferretería, billar y un taller de confecciones, entre otros emprendimientos y proyectos productivos. 

“Las claves para el éxito —según Abelardo Caicedo, líder de los firmantes en Tierra Grata—, fueron tres: la planeación, porque pensamos un lugar para nuestro futuro; segundo, la vivienda, porque alguien que tiene casa y una familia no quiere volver a empuñar un arma; y tercero, la capacitación, porque por eso ya hay más 92 personas graduadas de bachilleres y cinco de carreras profesionales”.

Los anteriores ejemplos demuestran el compromiso y la resiliencia de los firmantes de paz, que a pesar de todas las amenazas externas y los asesinatos (432, a corte del 26 de septiembre), se mantienen firmes en su proceso de reincorporación. En suma, aunque cada territorio cuenta su propia historia, todos tienen algo en común: la resiliencia de los firmantes y el compromiso de las partes que, tras ocho años de la firma del Acuerdo, continúan construyendo el legado del Acuerdo.

 

Los desafíos

Aunque hay ejemplos positivos, tanto dentro como fuera de los ETCR, sin duda, la nueva realidad de la reincorporación en el país no está libre de retos. De acuerdo con el más reciente Informe de la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia, los mayores desafíos se encuentran en las áreas de seguridad, tierras y vivienda. “Aunque el número de asesinatos de excombatientes se redujo (de 25 en el último trimestre de 2023 a 16 en la primera mitad de 2024), persisten otras formas de violencia, como amenazas e intentos de homicidio”, resalta el informe, admitiendo que la seguridad continúa siendo la mayor amenaza al proceso de reincorporación.
 

En materia de vivienda el mayor desafío es la dificultad para acceder a subsidios. En lo concerniente a la cuestión de la tierra, desde 2023 los excombatientes han presentado aproximadamente 486 solicitudes a la Agencia Nacional de Tierras por conducto de la ARN. De ellas se han priorizado 36.

La expectativa es que el nuevo Programa de Reincorporación Integral, aprobado recientemente por decreto, pueda afianzar la sostenibilidad de los procesos individuales y colectivos, para que cada firmante comprometido con la paz se transforme en sujeto de derecho. Este Programa incluye las cuatro dimensiones de una reincorporación integral: la reincorporación económica, social, política y comunitaria.
 

Equipo de comunicación de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia*
Artículo realizado por los oficiales de Información Pública de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia: Camilo Vargas, Elizabeth Yarce, Esteban Vanegas, Héctor Latorre, Jorge Quintero y Nadya González.