Palabras de apertura a la rueda de prensa del Secretario General Adjunto de las Naciones Unidas para Asuntos Políticos, Sr. Jeffrey Feltman
Bogotá, 15 de noviembre de 2017 . Buenas tardes. Quisiera hacer algunas observaciones públicas al concluir esta visita, es la quinta vez que visito Colombia en los últimos dos años y medio. Como siempre, agradezco la cálida recepción de todas las personas que se tomaron su tiempo para reunirse conmigo y compartir sus ideas sobre el proceso de paz y sus recomendaciones para las Naciones Unidas.
Desde que llegué el lunes en la noche, he tenido reuniones con el presidente Juan Manuel Santos y algunos miembros de su gabinete y su equipo de paz, incluido el Alto Comisionado para la Paz, el Alto Consejero para el Posconflicto y el Ministro de Defensa. Además, he estado en estrecho contacto con la Ministra de Relaciones Exteriores, quien se encuentra fuera de Colombia esta semana, y con la Representante Permanente de Colombia ante las Naciones Unidas en Nueva York. Además me reuní con altos líderes de las FARC, incluyendo Iván Márquez y Pastor Alape, así como con los embajadores de los países garantes, Cuba y Noruega, con la Unión Europea, y con representantes de otros países que tienen un gran interés en el proceso de paz. Hablé con delegados del Comité Internacional de la Cruz Roja, de la Organización de Estados Americanos y con representantes de la sociedad civil que integran la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad. Y, por supuesto, sostuve amplias discusiones que sostuve con el Representante Especial del Secretario General, Jean Arnault y su equipo en la Misión de Verificación, así como con el Coordinador Residente Martin Santiago y representantes de algunas agencias, fondos y programas de la ONU.
Cuando estuve por última vez en Colombia, hacia fines de junio, era un momento diferente en el proceso de paz. La entrega de armas de las FARC a los observadores de la ONU estaba en marcha en las zonas y puntos donde el grupo había concentrado sus fuerzas en el cumplimiento del cese al fuego y de hostilidades. Visité la zona en Pondores, en La Guajira, donde fui testigo de la dejación de armas de las FARC en los contenedores de la ONU. También vi a esos mismos combatientes de las FARC recibiendo la certificación de haber dejado las armas que los calificaban para las oportunidades de reintegración a la vida civil.
La finalización con éxito de la dejación de armas solo tres meses después fue, sin duda, un hito importante en la transición de Colombia de la guerra a la paz. Este fue un logro que mostró al país y al mundo que el conflicto armado con las FARC había terminado. Dije en ese momento que estaba "profundamente impresionado" por lo que habían logrado las partes. Esto no fue solo una evaluación personal. Estaba reflejando la admiración de las Naciones Unidas en general, y en particular del Secretario General y el Consejo de Seguridad, por todo lo que se ha logrado hasta el momento.
Se siguen depositando grandes esperanzas y expectativas en el proceso de paz de Colombia y existe una inmensa buena voluntad de la comunidad internacional. Dicho esto, llegué esta semana, a petición del Secretario General, para transmitir una sensación de creciente preocupación por la evolución del proceso de paz en los últimos meses. Estas son preocupaciones de las cuales los colombianos y colombianas que trabajan en el proceso de paz y quienes lo siguen a nivel internacional son muy conscientes. Se refieren en particular a tres cuestiones claves que son fundamentales para la pronta aplicación del acuerdo de paz y para el mandato de la Misión de Verificación de las Naciones Unidas:
- Primero, el estado de reincorporación de los ex miembros de las FARC. La reincorporación de ex combatientes es un desafío complejo en cualquier situación de pos conflicto. El éxito en el contexto de Colombia exige el desarrollo y la implementación muy rápidamente de oportunidades que brinden a los ex combatientes, incluyendo las mujeres de las FARC, alternativas atractivas y distintas de las que ofrecen las economías ilegales y otros grupos armados que podrían atraer a algunos de ellos nuevamente a la ilegalidad. Sin embargo, a pesar de una serie de encomiables actividades puestas en marcha por parte del Gobierno, las propias FARC y la comunidad internacional, nos preocupa la falta de una estrategia general de reintegración acompañada de planes y recursos concretos que permitan su éxito. Creemos que se necesitan esfuerzos a mayor escala, incluso proporcionando tierras para proyectos productivos. La salida de un número de miembros de las FARC fuera de las zonas, por una serie de razones que incluyen unirse a los llamados "disidentes", es un signo preocupante de lo que podría ser el resultado a mayor escala si los esfuerzos de reincorporación no se aceleran de manera sustancial.
- En segundo lugar, la situación de seguridad en las antiguas zonas de conflicto, en particular aquellas áreas que han sido dejadas por las FARC en el curso de su dejación de armas y su transformación a un movimiento político desarmado. Compartimos la profunda preocupación por los vacíos de autoridad en muchas de estas áreas y la inseguridad resultante para las comunidades a medida que otros grupos ilegales se movilizan para llenar el vacío. Este es el contexto en el que seguimos viendo asesinatos de líderes sociales y algunos ex miembros de las FARC, y donde las propias autoridades han confirmado el aumento de los niveles de violencia. Vimos esto trágicamente el mes pasado en Tumaco, y me entristeció enterarme del asesinato, en los últimos días, de un ex miembro de las FARC en Antioquia y de dos líderes comunitarios, uno en Nariño y el otro en Cauca. Reconocemos las operaciones efectivas para asegurar las áreas alrededor de los ETCR y las muchas responsabilidades que recaen sobre las fuerzas de seguridad del estado; sin embargo, creemos que se necesita actuar rápidamente para asegurar la autoridad estatal de forma efectiva, por ambos la Fuerza Pública y las instituciones civiles del Estado, en las antiguas zonas de conflicto.
La experiencia a nivel mundial en los procesos de paz muestra que es vital, inmediatamente después de un acuerdo de paz, establecer una seguridad básica en el postconflicto, traer mejoras visibles a las comunidades y lograr la reincorporación de los y las excombatientes. Las consecuencias de fallar en esos objetivos básicos son muy altas. En Colombia, ese fracaso dificultaría enormemente la consecución de los objetivos más amplios del Acuerdo de Paz en términos de desarrollo rural, mejorar la gobernanza y el respeto de los derechos humanos, así como la asistencia y garantía de los derechos de las víctimas, la ampliación de la participación, especialmente de las mujeres, y combatir las economías ilícitas.
- Un tercer punto de preocupación ha sido las incertidumbres legales, especialmente para los y las miembros de las FARC, como resultado de las demoras en la aprobación de legislación clave y la revisión judicial en curso de una serie de medidas previamente adoptadas, especialmente la Jurisdicción Especial para la Paz y la Ley de Amnistía, que fue adoptada hace casi un año. Esperamos que después de la decisión de ayer del Corte Constitucional, el Congreso ahora pueda avanzar rápidamente para adoptar la legislación de implementación y otras medidas importantes, mientras que los poderes de vía rápida permanecen vigentes. Esto solo sería coherente, en nuestra opinión, con la decisión del mismo Parlamento de ratificar el Acuerdo de Paz hace un año.
En este contexto, me gustaría hacer hincapié en algo que el Presidente Santos habló en su discurso a la nación anoche. Nosotros también hemos estado particularmente preocupados por comentarios sobre el posible cierre de la opción prevista en el acuerdo de paz para la participación política de las FARC.
Lo que puedo decir, desde la amplia experiencia de las Naciones Unidas en resolución de conflictos armados internos a nivel mundial, durante muchas décadas, es que la decisión de los insurgentes de renunciar a la violencia armada para hacer actividad política pacifica en un contexto democrático es el corazón del asunto. Ese es el trato, y está en el centro del Acuerdo de Paz. El no cumplir con este compromiso esencial, después de la entrega de las armas, tendría repercusiones muy graves para el proceso y no sería entendido ni aceptado por la comunidad internacional.
Reconocemos que el proceso de paz está sujeto a un debate legítimo en el país. Sin embargo, nuestro llamado a todas las instituciones, partidos políticos y al público en general de Colombia es a que –independientemente de los puntos de vista sobre los diferentes aspectos del Acuerdo de Paz– valoren el interés común de asegurar que los y las excombatientes puedan transitar productivamente a la vida legal civil. Seguramente todos también pueden ver el interés nacional en garantizar que las regiones que durante más de cinco décadas han sido asediadas por la ilegalidad, la violencia y el subdesarrollo, ahora se estabilicen y se integren plenamente en la economía nacional y la institucionalidad. Creemos firmemente que esto se puede lograr mediante la implementación sólida del Acuerdo de Paz.
Mis discusiones en los últimos dos días confirmaron que estas preocupaciones no son solo de la ONU, sino que se comparten ampliamente. Existe una evaluación común de que se debe hacer más para garantizar que se mantengan los logros notables de la primera fase del proceso de paz. Escuché llamados en todos los ámbitos para dinamizar el proceso de reincorporación y avanzar más decididamente para estabilizar las antiguas zonas de conflicto con una mezcla de una mayor presencia preventiva de las fuerzas de seguridad y de las instituciones estatales civiles.
Aprecio las declaraciones muy claras que escuché del Presidente Santos y funcionarios del Gobierno y otras autoridades estatales, así como de la FARC, sobre su compromiso para superar los obstáculos. Escuchamos con atención, y nos sentimos alentados, por el discurso del Presidente de anoche.
Permítanme también expresar cuán enérgicamente recibimos las evaluaciones iniciales de que el cese al fuego con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) se ha cumplido en términos generales hasta ahora. Esperamos que las partes puedan tomar una decisión oportuna sobre la prórroga del cese al fuego después del 9 de enero, y que lo comuniquen tan pronto como sea posible al Consejo de Seguridad.
Regreso a Nueva York mañana y tendré la oportunidad de compartir las observaciones de esta visita con el Secretario General. Él y el Consejo de Seguridad están siguiendo de cerca lo que está sucediendo en el proceso de paz. El próximo informe del Secretario General al Consejo de Seguridad sobre el mandato de la Misión de Verificación será el 26 de diciembre. Esa fecha es en poco más de un mes, y esperamos que, para cuando se finalice ese informe, podamos incluir la evaluación más positiva posible. Esto sería una señal de que las próximas etapas del proceso de paz descansan sobre un terreno firme y, por lo tanto, daría más confianza a la comunidad internacional que hasta ahora ha sido tan optimista y tan comprometida con su éxito.
En conclusión... como suele decirse, la implementación es incluso más difícil que la negociación. Nuestro llamado es que los colombianos mantengan el rumbo establecido en el Acuerdo de Paz.
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