Bogotá, julio 3 de 2020. El Representante Especial del Secretario General y Jefe de la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia, Carlos Ruiz Massieu, reconoció —durante la presentación a medios de comunicación del informe trimestral del Secretario General de las Naciones Unidas, sobre la Misión de Verificación de la ONU en Colombia— que es “alentador que el gobierno y FARC reiteren su compromiso de seguir avanzando en la paz, a pesar de la pandemia”.

Ruiz Massieu dijo sumarse al Secretario General al reconocer la resiliencia, creatividad y tenacidad de las y los colombianos, que les ha permitido adaptarse para enfrentar este desafío. “Esas mismas cualidades sirvieron para terminar con más de 50 años de conflicto y lograr la firma del Acuerdo de Paz.” El Representante Especial se refirió a los principales puntos del informe que presentará el próximo 14 julio, en Nueva York, y que corresponde al periodo del 27 de marzo al 27 de junio de 2020.

Como se había resaltado en el informe anterior, reiteró que la paz no puede ser otra víctima de la pandemia, y dijo que, si bien en este informe destaca el compromiso y la voluntad de las partes signatarias para adaptarse a la pandemia, incluyendo esfuerzos conjuntos para atender la situación, especialmente en los antiguos ETCR, lamenta, que a pesar del llamado del Secretario General a un cese al fuego global, que se une a la resolución emitida por el Consejo de Seguridad el pasado miércoles en la que piden una pausa humanitaria por 90 días, continúen acciones violentas en algunas regiones impactando las garantías de seguridad de comunidades, líderes sociales, defensores y defensoras de derechos humanos, y excombatientes comprometidos con el proceso de reincorporación.

“En este periodo se mantiene la tendencia de asesinatos y amenazas contra excombatientes de las FARC-EP, llegando a más de 200 asesinatos.” La situación de seguridad de excombatientes que adelantan su proceso de reincorporación fuera de los antiguos ETCR, repartidos en más de 500 municipios, es de mayor riesgo y vulnerabilidad, y se intensifican por la misma pandemia”. “La seguridad sigue siendo condición indispensable para cumplir las esperanzas puestas en el Acuerdo de Paz”, dijo Ruiz Massieu. Por eso, la protección a la vida está en primer lugar de las prioridades para la construcción de la paz en Colombia.

Específicamente frente a esta situación de seguridad contra quienes ejercen liderazgos sociales, defienden los derechos y son signatarios del Acuerdo de Paz, el informe resalta como esencial el apoyo interinstitucional a la Unidad Especial de la Fiscalía para garantizar la judicialización de autores intelectuales y hacer efectiva las capturas.

En el informe, el Secretario General hace un llamado a la completa implementación del punto 3.4 del Acuerdo Final, incluyendo avances sustantivos en la política de desmantelamiento de grupos armados ilegales y criminales de parte de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad; la aprobación, financiación y asignación de esquemas de protección, y mayores avances en el Programa Integral de Garantías para Mujeres Lideresas y Defensoras de Derechos Humanos. “Si bien en los antiguos ETCR el Gobierno mantiene los esquemas colectivos de seguridad, es importante reforzar la seguridad en estas otras ubicaciones o Nuevas Áreas de Reincorporación donde grupos de excombatientes adelantan procesos de reincorporación colectiva, que, según FARC, son alrededor de 75.”

La segunda prioridad identificada por el Secretario General es la sostenibilidad del proceso de reincorporación. En ese sentido, aunque el actual informe reconoce cómo las partes trabajan juntas en medidas de prevención y mitigación del COVID-19 en los antiguos ETCR y comunidades aledañas, y cómo la aprobación de proyectos productivos en el Consejo Nacional de Reincorporación, lleva a un total de 57 proyectos colectivos y más de 1300 individuales, que benefician a cerca del 30% de excombatientes acreditados, pone de manifiesto que: “la pandemia y las medidas de distanciamiento social y aislamiento han afectado a los programas relacionados con la paz y han tenido repercusiones negativas considerables en las comunidades vulnerables afectadas por el conflicto”.

En este informe el Secretario General recomienda reforzar la asistencia técnica a los proyectos productivos y los esfuerzos para ayudar a las personas en proceso de reincorporación a encontrar oportunidades comerciales para sus productos y servicios. Así como, “la asignación de tierras a excombatientes, tanto para viviendas como para proyectos productivos, que continúa siendo un requisito fundamental para la sostenibilidad de la reincorporación”.

El informe también señala que es necesario asegurar que las comunidades estén en el centro de todos los esfuerzos de construcción de paz. En ese sentido es esencial proveer a las comunidades afectadas por el conflicto de infraestructura, servicios e inversión para llevarles seguridad y desarrollo por medio del despliegue integral de instituciones estatales. Por eso, el informe resalta la reactivación de actividades que buscan aumentar la protección colectiva y comunitaria, prevista en el decreto 660; medidas que al complementarse con los avances de las obras PDET, llevan a comunidades beneficios tangibles de la paz. El Secretario General recomienda que se mantenga la participación ciudadana y de excombatientes, y una adecuada financiación para una eficaz ejecución.

El Jefe de la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia dijo que, “en medio de este contexto de tanta adversidad, el Secretario General alienta a los colombianos y las colombianas a guiarse por objetivos comunes, especialmente: prevenir el contagio, apoyar a las personas más vulnerables, y velar por que los logros del Proceso de Paz no solo sean protegidos, sino que se construya sobre ellos.”

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