Bogotá, octubre 4 de 2018. En su cuarto informe, que cubre el período entre el 21 de julio y el 26 de septiembre de 2018, al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre la Misión de Verificación en Colombia, el Secretario General de la ONU ofrece un balance de los avances en la implementación de los puntos 3.2 y 3.4 del Acuerdo Final de Paz, así como lecciones aprendidas y recomendaciones para continuar con la consolidación de la paz en Colombia. Los puntos 3.2 y 3.4 se refieren, respectivamente, a la reincorporación económica, social y política de los y las excombatientes de las FARC-EP, y a las garantías de seguridad para los miembros de la FARC, sus familias y las comunidades más afectadas por el conflicto. 

El Informe señala que a dos meses de la posesión del presidente Iván Duque, su gobierno viene realizando un balance detallado de la situación del país, ha organizado al nuevo equipo de gobierno para reforzar la coordinación interinstitucional y ha hecho nombramientos institucionales, entre otros. En su primera reunión con el Representante Especial para Colombia y Jefe de la Misión, Jean Arnault, el pasado 20 de septiembre, el Presidente reiteró varios compromisos que guardan relación con el mandato de la Misión y puso de relieve su firme apoyo a una reincorporación más efectiva de los antiguos miembros de las FARC-EP que participan en el proceso de paz.

El compromiso del nuevo Gobierno de aplicarse en la implementación del Acuerdo de Paz, y el amplio apoyo del que goza el Acuerdo entre la oposición y los partidos independientes, son testimonio del mayor apoyo para el proceso de paz que hay en la actualidad. Además del Gobierno y de los partidos políticos, importantes instituciones del Estado, entre ellas el Congreso, la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia, la Procuraduría General y la Defensoría del Pueblo, han apoyado la implementación de partes clave del Acuerdo y han contribuido a esta. El Secretario General es optimista y alberga la esperanza de que las instituciones colombianas seguirán trabajando en el núcleo de la agenda de paz: seguridad, desarrollo y estado de derecho en las zonas afectadas por el conflicto; un sistema eficaz de verdad, justicia y reparación a las víctimas; y los compromisos esenciales contraídos con quienes han dejado las armas. Exhorta a las autoridades a que proporcionen los recursos necesarios para esas inversiones críticas en el futuro de Colombia, con todo el apoyo posible de la comunidad internacional.

Así mismo, el Informe destaca que, al 30 de agosto aproximadamente 13.000 antiguos miembros de las FARC-EP habían sido acreditados por la Oficina del Alto Comisionado para la Paz. La creciente dispersión de los excombatientes sigue complicando los esfuerzos tripartitos de la FARC, la Oficina del Alto Comisionado y la Misión para localizar e informar a esas personas de su acreditación.

Durante el período de este Informe, 9 antiguos miembros de las FARC-EP que participaban en el proceso de reincorporación fueron asesinados, con lo que el número de asesinatos desde la firma del Acuerdo de Paz asciende a 71. La Unidad Especial de Investigación de la Fiscalía General ha señalado que tres cuartas partes de esos asesinatos se concentran en: Nariño (16 víctimas), Antioquia (14 víctimas), el Cauca (12 víctimas), Caquetá (8 víctimas) y Norte de Santander (7 víctimas).

Un tema de permanente preocupación para el Secretario General es el aumento del número de muertes de líderes sociales y defensores de derechos humanos, en la dinámica de violencia que sigue afectando principalmente a las zonas rurales. Todas las fuentes, incluida la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), atestiguan que los asesinatos y las amenazas contra líderes sociales y defensores de derechos humanos no han cesado. De acuerdo con una alerta temprana de la Defensoría del Pueblo en febrero de 2018, los asesinatos y amenazas afectan a 12 de los 32 departamentos del país. En esta misma alerta se señalan los múltiples factores que hay detrás de estos asesinatos, entre ellos la participación de las víctimas en la defensa de la tierra y recursos naturales; en la implementación del Acuerdo de Paz, en particular del programa de sustitución de los cultivos de coca y la formulación de planes de desarrollo rural; en la restitución de tierras y el regreso de los desplazados; en la defensa de su tierra frente a intereses privados, entre otros.

Como subraya el Secretario General en sus informes anteriores, es necesario que en las antiguas zonas de conflicto haya una presencia proactiva e integrada del Estado. Con un esfuerzo específico, coordinado y sostenido de las instituciones estatales, como se pide en el Pacto aprobado en Apartadó y firmado por el Presidente, la Vicefiscal General de la Nación, el Procurador General, el Defensor del Pueblo y varios gobernadores, debería poder hacerse frente a este desafío con energía. Nada salvo la movilización decidida de esas instituciones estatales, en alianza con la sociedad civil y las comunidades, permitirá enfrentar el desafío de llevar la estabilidad y el desarrollo a vastas zonas remotas que son presa de esas amenazas interconectadas.

Sobre la reincorporación, el Secretario General reitera que el objetivo fundamental de proporcionar oportunidades de generación de ingresos a los excombatientes, dista mucho de haberse logrado, como ilustra el hecho de que solo se han aprobado 17 proyectos, de los cuales solo 2 cuentan actualmente con financiación, ante esta situación, la Misión ha redoblado sus esfuerzos por apoyar actividades de generación de ingresos rápidas, utilizando recursos del fondo fiduciario del Departamento de Asuntos Políticos y contribuciones adicionales de los donantes. En total, esas iniciativas apoyan 47 emprendimientos de excombatientes en los 25 espacios territoriales y en 22 nuevos puntos de reagrupamiento. 9 de esas microempresas están dirigidas por mujeres, y en todas las iniciativas apoyadas se tienen en cuenta consideraciones de género. El equipo de Naciones Unidas en el país, la Misión y las instituciones competentes siguieron coordinándose en lo que respecta a los programas en apoyo del proceso de reincorporación. El Fondo Fiduciario de Asociados Múltiples de las Naciones Unidas ha asignado 9 millones de dólares para intervenciones de reincorporación socioeconómica, a lo que se suma el apoyo de donantes bilaterales.

Referente a las conversaciones entre el Gobierno de Colombia y el ELN, el presidente Duque ha dejado claro que espera un cese total de la violencia; el ELN, por su parte, ha afirmado que se propone lograr un cambio sustantivo sobre la base de un amplio diálogo social. Los dos objetivos no son incompatibles. Como afirmó el Secretario General durante su visita a Colombia a principios de 2018, “para que exista una plena participación social es necesario que se dé una situación exenta de violencia y propicia para el desarrollo de un diálogo eficaz y respetuoso. Invito a ambas partes a que sigan examinando este potencial de convergencia y a que forjen un proceso que aporte beneficios sin demora a la sociedad colombiana en su totalidad”.

El Secretario General resalta que, si bien el proceso de paz no está exento de serios desafíos, y aunque desde el principio ha estado marcado por controversias políticas, la importancia del Acuerdo de Paz para el futuro del país tiene ahora más validez.

El informe fue divulgado el jueves 4 de octubre y este miércoles 10 de octubre, el Representante Especial del Secretario General y Jefe de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia, Jean Arnault, presentará el informe al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas en Nueva York.

Descargue aquí el Cuarto Informe del Secretario General sobre la Misión de Verificación de la ONU en Colombia. 

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