Bogotá, mayo 6 de 2020.  

Saludo fraternal para todas las personas que participan hoy en esta sesión de la Mesa por la Vida. Un agradecimiento especial al Procurador por la invitación, y un reconocimiento a su liderazgo y a las demás entidades por su persistencia y compromiso por la protección a la vida. Pero, sobre todo, un homenaje a los hombres y mujeres que, a pesar de las difíciles condiciones de seguridad en los territorios, con su valentía, continúan liderando las voces e intereses de sus comunidades, defendiendo los derechos humanos y ayudando en la implementación del Acuerdo de Paz.

Esta sesión de la Mesa por la Vida se da en un contexto diferente. Estamos en medio de la pandemia generado por el Covid-19. Este virus también nos recuerda nuestra fragilidad, y que solo, a través de la unidad y la solidaridad, lograremos proteger la vida.

La pandemia del Covid-19, sin duda, ha impactado y seguirá impactando el ritmo de la implementación del Acuerdo de Paz. Las restricciones a la movilidad y el aislamiento no solo limita la ejecución para que los programas del Acuerdo lleguen a quienes dejaron las armas y están en el proceso de reincorporación y a las comunidades más afectadas por el conflicto y a sus líderes y lideresas, sino que también genera retos adicionales. Permítanme mencionar los dos que creo más importantes en este contexto.

El primero y más evidente son los riesgos y la vulnerabilidad que tienen territorios con presencia de actores armados: a pesar de la pandemia y las restricciones oficiales que se han impuesto, acciones violentas siguen impactando territorios y comunidades. La Alerta Temprana de Inminencia (018 de 2020) de carácter nacional emitida por la Defensoría del Pueblo es la confirmación de esta situación: 72 hechos se han verificado entre el 23 marzo y 27 abril.

Para no ir tan lejos, hemos visto las continuas amenazas contra líderes, lideresas, defensores y defensoras de derechos humanos, como Yuri Quintero, quien hoy nos acompaña en la sesión. Debido a las amenazas y riesgos inminentes, ella debió ser reubicada junto a su familia con apoyo de las autoridades locales. El ejemplo de Yuri, es uno de tantos que reflejan el impacto diferenciado que han enfrentado las mujeres por su liderazgo social, riesgos que se han mantenido en este periodo de confinamiento, y que se han agravado incluso por situaciones de violencia doméstica.

Este contexto, precisamente, nos ofrece una oportunidad para focalizar la atención sobre las prioridades del Acuerdo de Paz que son más esenciales, como es la seguridad; la seguridad de comunidades, de quienes ejercen liderazgos sociales, de quienes participan en programas que apoyan la implementación del Acuerdo, incluidos aquellos que participan en los programas de sustitución voluntaria de cultivos. Todos ellos confluyen, por ejemplo, en departamento como el Cauca, que sigue mereciendo toda nuestra atención por la preocupante situación. Por ello, en nuestro más reciente informe presentado hace unas semanas ante el Consejo de Seguridad de la ONU, la primera prioridad para el 2020, es la adopción de todas las medidas necesarias para poner fin a la tragedia de los asesinatos de líderes sociales, defensores y defensoras de los derechos humanos y excombatientes.

En este mismo sentido, y como saben todos ustedes el Secretario General de la ONU hizo un llamado para un cese al fuego global como medida para que los estados concentren sus esfuerzos en la atención de la pandemia y, para que las comunidades vulnerables que han sido víctimas del conflicto no lo sean hoy también del Covid-19. Aprovecho esta oportunidad para reiterar, una vez más este llamado aquí en Colombia: es indispensable que cesen todas las acciones violentas para que la protección a las comunidades, incluyendo ayuda vital atención medica llegue sin restricciones a las comunidades.

 Colombia necesita, que se “pongan en encierro los conflictos armados, suspenderlos y centrarnos juntos en la verdadera lucha de nuestras vidas”, privilegiando la vida por encima de cualquier otra consideración.

Un segundo reto que se puede derivar de este contexto, son los posibles retrocesos en lo alcanzado hasta ahora, en el camino de la consolidación de la paz. La pandemia dejará adicionalmente expuestas nuevas fragilidades, desigualdades y lagunas de protección social. Muchas de las herramientas para enfrentar estos problemas están en el Acuerdo de Paz. Por eso, a pesar de los desafíos actuales, tenemos una obligación colectiva de seguir garantizando el progreso en la construcción de paz.

El Acuerdo de Paz ofrece programas que pueden ayudar no solo a poner fin a la violencia sino, a consolidar la presencia integral del Estado, incluyendo la adopción de mecanismos de prevención y protección integral y el acceso a bienes y servicios sociales.

Reconozco la complejidad que implica mantener la atención y respuesta a tantos asuntos en medio de la emergencia sanitaria, sin embargo, lo he dicho y repito, la paz no puede ser una víctima más de esta pandemia. Nuevamente la unidad y la solidaridad con quienes han sufrido los rigores del conflicto y mantienen sus expectativas en el Acuerdo de Paz, exige un esfuerzo conjunto y sostenido de las partes signatarias, la disponibilidad de recursos para continuar con la implementación y el compromiso de la diversidad de actores, incluida, por supuesto la comunidad internacional, para seguir avanzando. La implementación integral del Acuerdo, en todos sus aspectos, es el camino para consolidar una paz duradera y sostenible.

Reitero el compromiso de la ONU de seguir acompañando a Colombia en sus esfuerzos por consolidar la paz, que continuará con mucho empeño, en medio de la pandemia y después de ella.

Muchas gracias.

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