De acuerdo con la Sala de Reconocimiento de la JEP, los máximos responsables, comparecientes de la Fuerza pública, habrían participado en 200 asesinatos en 108 hechos ocurridos entre 2005 y 2008, así como en 32 desapariciones forzadas y ocho tentativas de homicidio.

Del 8 al 10 de agosto, familiares de 170 víctimas y 74 comparecientes de Fuerza Pública, incluidos 28 máximos responsables, participaron en Neiva, Huila, de la Audiencia de Reconocimiento y Aceptación de Responsabilidad, en el marco del caso 03, sobre “Asesinatos y desapariciones forzadas presentadas como bajas en combate por agentes del Estado” de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).
 

Foto: cortesía JEP Colombia

Esta fue la quinta Audiencia de Reconocimiento del caso 03 y la de mayor número de participantes realizada hasta ahora, tanto víctimas como comparecientes. Al inicio de la audiencia, familiares de las víctimas rindieron homenaje a sus seres queridos y pidieron la verdad a los exmilitares que participaron en la diligencia judicial.

Los familiares de las víctimas exigieron a los comparecientes restaurar el buen nombre de las víctimas y reconocer su inocencia: “Mi hermano Éver era un joven trabajador, honesto, muy cariñoso, querido por la comunidad, que tenía un proyecto de vida y trabajaba por los hermanos porque nosotros quedamos huérfanos a muy temprana edad”, contó Eyra Urquina Rojas, hermana de Éver Urquina Rojas, asesinado el 17 de enero de 2008.

Aportes de verdad

En la Audiencia, 28 máximos responsables, exintegrantes del Ejército Nacional, dieron detalles sobre como planearon, ejecutaron y encubrieron homicidios y desapariciones forzadas perpetradas en combates simulados en el departamento de Huila, con el fin de reportarlos como resultados operacionales legítimos.
 

Foto por: Héctor Latorre Santaella/Misión de Verificación de la ONU en Colombia. 

De acuerdo con la Sala de Reconocimiento de la JEP, estos máximos responsables participaron en 200 asesinatos en 108 hechos ocurridos entre 2005 y 2008, así como en 32 desapariciones forzadas y ocho tentativas de homicidio. Estos crímenes fueron perpetrados por integrantes del Batallón de Infantería No. 26 'Cacique Pigoanza' (BIPIG), del Batallón de Infantería No. 27 'Magdalena' (BIMAG), de la Agrupación de Fuerzas Especiales Urbanas No. 11 (AFEUR 11) y de la Novena Brigada.

Reconocimiento de responsabilidad

“Comparezco ante esta Jurisdicción para responder y reconocer por las acciones y omisiones que generaron el asesinato de ocho personas, en diferentes hechos, aprovechando su condición de vulnerabilidad e indefensión. Como comandante, pude haber evitado estos hechos”, dijo Leonardo Ayala Remolina, excomandante de la AFEUR 11 y que se retiró del Ejército con el grado de teniente coronel, quien es imputado como máximo responsable.

Ayala también reconoció que la unidad AFEUR 11, a pesar de estar destinada a operaciones urbanas, terminó realizando falsas operaciones en zonas rurales para aumentar las estadísticas operacionales.

Varios de los comparecientes declararon haber ocultado información o haber dado información errada en los procesos que enfrentaron previamente en la justicia penal militar, o en la justicia ordinaria. Además, reiteraron su compromiso con la restauración y reparación de las víctimas y con la no repetición.
 

Foto: cortesía JEP Colombia. 

Hechos inéditos

"La verdad que se había alcanzado en la justicia ordinaria era una verdad fragmentada, no se unía nada. Y gracias al modelo de la JEP, con la participación de las víctimas y los comparecientes, se pudo armar este rompecabezas", dijo el magistrado Alejandro Ramelli, quien ha liderado la investigación.

“Es el evento de este tipo más importante que hemos hecho en la Jurisdicción”, señaló el actual Presidente de la JEP, Roberto Vidal, “por el número de víctimas, por la cantidad de hechos, los aportes a la verdad que se han hecho y por el número de comparecientes que han reconocido su responsabilidad. Los aportes de verdad en la región del Huila han sido inmensos, porque mucho de lo que se estaba investigando allí eran cuestiones que no se conocían, se habían negado en el pasado”.

El perdón

Al final del tercer día de la audiencia, Ana Milena Garcés Murcia, una de las víctimas participantes, le dijo de manera espontánea al compareciente Harvey Sánchez Gómez, quien dio detalles del homicidio de su hermano: “Muchísimas gracias por haber aclarado lo de mi hermano y por hacer que mi papá y mi mamá se sientan orgullosos de su hijo, de demostrar que él no era ningún ladrón ni guerrillero. Quiero decirle que ellos oran por ustedes, que Dios les perdone cada acto que cometieron. De mi parte, de corazón lo perdono”.
 

Foto por: Héctor Latorre Santaella/Misión de Verificación de la ONU en Colombia. 

En este proceso, tres organizaciones defensoras de derechos humanos han venido acompañando a los familiares de las víctimas: la Corporación Observatorio Surcolombiano de Derechos Humanos (OBSURDH), el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (CAJAR), y la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz.

“Sobre la Audiencia, el balance es positivo, pero aún hay algunas demandas de verdad de parte de las víctimas. A partir de los nuevos reconocimientos de los comparecientes, surgieron nuevos hechos que aumenta el número de víctimas, dijo Rosa Liliana Ortiz Perdomo, coordinadora de la OBSURDH.

Acuerdo para implementar sanciones propias en Huila

Durante la audiencia, en la cual participó el Gobernador del Huila, Rodrigo Villalba Mosquera, la JEP, la Gobernación y la Alcaldía de Neiva firmaron un convenio para colaborar en la implementación de las sanciones propias que la JEP impondrá a los máximos responsables. “Es nuestro deber, como representantes del Estado, trabajar incansablemente para que hechos violentos como estos jamás se repitan. Hoy, con este acto, no solo reconocemos la verdad de lo sucedido, sino también nos comprometemos a contribuir a la ruta dialógica restaurativa conjunta”, afirmó Villalba Mosquera.

La Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia acompañó la Audiencia con personal del nivel nacional, regional y local. “Acompañamos a las víctimas y a sus familias, porque la contribución a la verdad y el compromiso con ellas son fundamentales para que el proceso de justicia restaurativa tenga éxito”, señaló Angela Bargellini, Jefa de la Oficina Política de la Misión, y recordó el llamado del Secretario General en su más reciente informe sobre Colombia: “Insto a los integrantes de todas las partes en conflicto a que cumplan su obligación de contribuir a la verdad y reconocer su responsabilidad por los crímenes cometidos durante el conflicto”.
 

Foto por: Héctor Latorre Santaella/Misión de Verificación de la ONU en Colombia. 

Mediante la Resolución 2574, adoptada el 11 mayo de 2021, el Consejo de Seguridad de la ONU amplió el mandato de la Misión para incluir la verificación del Punto 5.1.2 del Acuerdo Final de Paz relacionado con la verificación de las sanciones propias de la JEP, las cuales se les impondrán a quienes aporten verdad plena y acepten la responsabilidad por los crímenes más graves y representativos.

Aunque la audiencia fue un paso importante, los magistrados de la JEP que la lideraron reafirmaron a las víctimas que podrán continuar solicitando aportes de verdad a los comparecientes a través de la Jurisdicción. Después de esta audiencia, la Sala de Reconocimiento continuará con el proceso para llevar el caso al Tribunal de Paz de la JEP, que emitirá las sanciones propias a los máximos responsables de estos crímenes.

Por: Héctor Latorre Santaella
Oficial de Información Pública - Regional Bogotá 
Misión de Verificación de la ONU en Colombia