Nueva York, 13 de enero de 2020

Señor Presidente, distinguidos miembros del Consejo:

Gracias por la oportunidad de presentar el último informe del Secretario General sobre Colombia y actualizar al Consejo sobre los acontecimientos más recientes.  Es un placer estar aquí junto con la Ministra de Relaciones Exteriores Claudia Blum y el Consejero Presidencial para la Estabilización y Consolidación Emilio Archila. 

Sr. Presidente,

Durante el año que acaba de terminar, Colombia continuó logrando avances significativos en su proceso de paz, aún frente a continuos desafíos, particularmente respecto a la seguridad de las comunidades afectadas por el conflicto, de líderes y lideresas sociales y de excombatientes.  El aumento en la participación y las mejoras en la seguridad en las elecciones regionales de octubre demostraron efecto e impacto positivo del proceso de paz en la democracia colombiana.  El Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición continuó su invaluable trabajo con la participación activa de las víctimas.  Miles de excombatientes, que hace apenas unos años empuñaban armas de guerra continúan forjando nuevas vidas a través de las oportunidades que ofrece la paz, a pesar de muchas dificultades y riesgos a su seguridad.

 Estos y muchos otros logros del proceso de paz han sido posibles gracias a los esfuerzos tanto del Gobierno colombiano como de las FARC, el apoyo de la comunidad internacional -incluido este Consejo- y también, los colombianos y colombianas de todo el país -líderes sociales, funcionarios del gobierno, voluntarios, miembros de la Fuerza Pública, el sector privado y muchos otros en toda la sociedad- que trabajan diariamente para consolidar la paz en sus comunidades. Sólo este sábado pasado, en el sur del Tolima, una de las regiones donde el conflicto comenzó hace medio siglo, los excombatientes, las Fuerzas Armadas y los miembros de la comunidad comenzaron a construir juntos un puente en beneficio de las comunidades vecinas. No puedo pensar en un ejemplo más alentador para comenzar el nuevo año que la imagen de antiguos adversarios trabajando con una comunidad local para construir un puente juntos.

Estos logros tan duramente obtenidos deben ser protegidos, preservados y aprovechados, y el mejor camino -como el Secretario General ha subrayado de nuevo en su informe- es a través de la implementación integral del Acuerdo de Paz.

Aliento a ambas partes a que profundicen su diálogo en relación con cualquier diferencia sobre la implementación del Acuerdo Final, especialmente a través de los mecanismos diseñados por el propio Acuerdo, como la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación de la Implementación del Acuerdo Final, CSIVI. Las movilizaciones sociales que han tenido lugar desde el pasado mes de noviembre también han abierto una oportunidad para un diálogo constructivo sobre la implementación de la paz.

Sr. Presidente,

El 27 de diciembre, en un hecho positivo, se aprobó la " Ruta de Reincorporación ". Esta hoja de ruta establece el marco a largo plazo para el proceso de reincorporación.  Las consultas entre el Gobierno, en particular la Agencia para la Reincorporación y la Normalización, y FARC fueron clave para la finalización de este documento, y la Misión, sin duda, está dispuesta a apoyar a las partes en su implementación. 

Además, con la aprobación de doce nuevos proyectos productivos colectivos, ahora cerca de 2.500 excombatientes se benefician de dichos proyectos.  Más allá de su aprobación y desembolso, es importante asegurar la viabilidad y sostenibilidad a largo plazo de estos proyectos en particular, mediante el acceso a la tierra, el acceso a asistencia técnica y el acceso a mercados. También es importante aumentar la participación de las mujeres y una participación más estrecha de las comunidades para que los proyectos contribuyan a fomentar el desarrollo y la reconciliación. 

Sigue siendo necesario seguir prestando atención específica a los más de 9.000 excombatientes que viven fuera de los antiguos espacios territoriales. Ellos enfrentan mayores riesgos de seguridad y obstáculos adicionales en materia de servicios básicos y oportunidades educativas, laborales y productivas.  Los excombatientes en condición de discapacidad también deben recibir una atención especial.  También se necesitan medidas sostenibles para proporcionar entornos de protección a más de 2.000 niños y niñas hijos de excombatientes.

Acojo con satisfacción las 128 acreditaciones adicionales para excombatientes desde el informe de septiembre del Secretario General como un primer paso positivo para avanzar en esta importante tarea. También exhorto a todos los actores pertinentes a que intensifiquen los esfuerzos para resolver la situación de los ex miembros de las FARC-EP cuya acreditación sigue pendiente.  Sin la debida acreditación, quedan en una situación de incertidumbre jurídica y no pueden acceder a los beneficios de la reintegración. 

Sr. Presidente,

La violencia predominante en las zonas afectadas por el conflicto sigue planteando desafíos significativos para la consolidación de la paz, como lo demuestran varios acontecimientos preocupantes ocurridos en las últimas semanas.  En su informe, el Secretario General advirtió sobre el riesgo de una mayor violencia generalizada en el departamento del Chocó, debido a las actividades de grupos armados ilegales.  En las últimas dos semanas, las comunidades de Bojayá, un municipio históricamente afectado por el conflicto, denunciaron que el grupo armado ilegal Autodefensas Gaitanistas de Colombia había ocupado territorios y confinado a varias comunidades, mientras que otras continúan siendo afectadas por las actividades del Ejército de Liberación Nacional (ELN). La semana pasada me reuní con el líder afrocolombiano de Bojayá, Leyner Palacios, y escuché de primera mano sobre la alarmante situación de estas poblaciones, así como de las comunidades de toda la costa del Pacífico.  El 23 de diciembre, la artista y líder social Lucy Villarreal fue asesinada en el departamento de Nariño después de realizar un taller artístico para niños.  Y los asesinatos de ex combatientes de las FARC-EP se reanudaron el primer día del año, con la muerte, en el departamento caucano de Benjamín Banguera Rosales.

Estos ataques contra líderes sociales y excombatientes deben ser llevados rápidamente ante la justicia, incluyendo tanto a los autores materiales como a los intelectuales, y sigue siendo imperativo adoptar medidas más eficaces para proteger a estas personas y a sus comunidades. 

Sr. Presidente

La paz no se logrará plenamente mientras que las valientes voces de los y las líderes sociales sigan siendo silenciadas por la violencia, y mientras excombatientes que dejaron las armas y están comprometidos con su reincorporación sigan siendo asesinados. El anuncio hecho ayer por las autoridades de que han frustrado un plan para atentar contra la vida del presidente del partido de las FARC, Rodrigo Londono, alias "Timochenko", subrayó los riesgos que enfrentan los ex miembros de las FARC-EP y el propio proceso de paz, y lo crucial que es garantizar su seguridad.

Cauca, Chocó, Nariño.  Los epicentros de la violencia siguen siendo los mismos que el Secretario General ha informado en repetidas ocasiones, y las condiciones de fondo son consistentes: zonas rurales afectadas por una limitada presencia del Estado y una pobreza persistente, y en las cuales grupos armados ilegales y estructuras criminales siguen victimizando a la población, especialmente a las comunidades étnicas, para controlar las economías ilícitas.

Cada una de estas causas subyacentes de la violencia es abordada en diferentes puntos del Acuerdo de Paz.  Esta es una razón más para avanzar urgentemente en su plena implementación.  Por ejemplo, los programas de desarrollo con un enfoque territorial, uno de los instrumentos previstos en el Punto 1 del Acuerdo de Paz sobre la reforma rural integral, están ayudando a traer inversiones muy necesarias para poblaciones afectadas por el conflicto.  En cuanto a las economías ilícitas, el Acuerdo de Paz creó un programa de sustitución de cultivos para apoyar a las familias a transitar del cultivo de coca a otras actividades productivas.  El apoyo sostenido a este programa y las medidas de seguridad para sus participantes son esenciales.  Adicionalmente, el Acuerdo de Paz dispuso el desarrollo de una política pública para el desmantelamiento de grupos armados ilegales, estructuras criminales y sus redes de apoyo a través de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad. Esta Comisión se reunió el miércoles pasado.  Es urgente que se establezca y se implemente esta política, y que el Gobierno intensifique los esfuerzos para abordar la situación de seguridad en las antiguas zonas de conflicto.

Señor Presidente,

A partir del 1 de enero, Colombia cuenta con nuevas autoridades locales y departamentales, incluyendo alcaldes y alcaldesas, gobernadores y gobernadoras, e integrantes de concejos municipales y asambleas departamentales.  Entre estos, hay ocho excombatientes de las antiguas FARC-EP que fueron elegidos para ejercer cargos públicos.

Nos alienta que una gran cantidad de las autoridades recién posesionadas, de diferentes partidos, han expresado su compromiso con la paz y su apoyo a la implementación del Acuerdo.  El papel de las autoridades territoriales ha sido y es fundamental para los esfuerzos de construcción de paz.

Sr. Presidente, para concluir.

Como saben los miembros del Consejo, el Acuerdo de Paz contiene disposiciones con visión de largo término para abordar una multitud de desafíos que han afligido a Colombia durante décadas.  Por esta razón, seguimos convencidos de que la plena implementación del Acuerdo de Paz, en todos sus aspectos interconectados, ofrece la mejor esperanza posible para que Colombia siente las bases de un futuro más pacífico y próspero.  La Misión de Verificación y el sistema de las Naciones Unidas en Colombia seguirán apoyando a las partes para que avancen. El apoyo de la comunidad internacional, y de este Consejo de Seguridad en particular, seguirá siendo clave.

Gracias.

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