• Nueve años después de llegar con un bebé de tres meses a la zona veredal de Carrizal, en el nordeste de Antioquia, la firmante de paz Patricia Díaz recibirá un predio donde construirá su nueva vida, en el municipio de Yalí, a donde se trasladó recientemente.
• Firmantes de paz recibieron 333 hectáreas donde construirán 31 viviendas, protegerán el ecosistema, la biodiversidad y avanzarán en proyectos productivos.

 

En febrero de 2017, mientras cerca de 200 excombatientes de las Farc hacían su última marcha con fusiles en el hombro y banderas blancas en sus manos, previo a la dejación de armas y rumbo a la Zona Veredal de Transición y Normalización (ZVTN), en Remedios, Antioquia, había una mujer con un bebé en los brazos. Era Patricia Díaz, de 26 años, con Milán, de 3 meses, quien nació en medio del conflicto, en las montañas del Magdalena Medio antioqueño. Ese día —relata la mujer—, entendió lo que era un Acuerdo de Paz y que la guerra ya no sería más su opción.

“La guerra te mata, de cierta manera, ese sueño de ser mamá. Cuando empecé mi embarazo lloré, porque sabía que el único destino que veía posible para mi hijo era regalarlo a un familiar o a un conocido. Pero cuando se firmó el Acuerdo de Paz me dijeron: tiene que empezar de cero con ese niño junto a usted. Ahí sentí apoyo, sentí que podía empezar a vivir de otra manera”, comenta Patricia, casi nueve años después.

“Hace 18 años, por el conflicto, tuve que dejar a otra hija, Daniela. Gracias al Acuerdo de Paz, me pude reencontrar con ella. Entonces si me preguntan hoy qué es lo más importante para mí, es ser mamá. Como madre cabeza de familia también espero poder graduarme como profesional y trabajar para ellos”.

A octubre 15 de 2025, según la Agencia para la Reincorporación y Normalización, ARN, la cifra de hijos e hijas de firmantes de paz que nacieron desde 2016, era de 5.707. Al igual que Patricia, ser madres o padres era uno de los mayores sueños de los firmantes de paz. Ahora tienen tierra y una vivienda digna para criarlos.
 

Patricia y su hija en la cotidianidad de El Viento, en Yalí, Antioquia.

Ella recuerda que luego de la dejación de armas y cuando se avanzó hacia la reincorporación, Carrizal se convirtió en su hogar. Allí encontró un techo, una escuela y aprendió enfermería básica (la que ejercía empíricamente en la selva). Atendía a sus compañeros cuando no había personal. “Si no había enfermera, yo era la que curaba a los heridos, tomaba la presión, revisaba los niños. Me gustaba servir, porque uno siente que todavía puede ayudar, que la vida sigue”.

Los días se llenaron de nuevas rutinas: sembrar, criar, estudiar. Patricia, ya madre cabeza de familia, logró abrir un pequeño almacén y empezó a soñar con una casa propia. “Ahora soy mamá de cuatro, dice: Daniela, Milán, y Alissandra y Alan, quienes nacieron durante su proceso de reincorporación. Mi sueño —agrega— es tener mi casita, una casa donde quepamos todos, con agua y luz, con alegría, donde mis hijos crezcan tranquilos. Eso es lo que yo más quiero”.

Pero en Carrizal esa oportunidad se desvaneció: restricciones relacionadas con la Ley Segunda (que restringe el uso para un determinado tipo de actividad productiva); el deterioro de las condiciones de seguridad que continúan afectando a las comunidades de la serranía de San Lucas (entre Antioquia y Bolívar); vías precarias y la ausencia de oferta institucional por la falta de presencia integral del Estado en el territorio, obligaron al traslado de gran parte de los firmantes de este lugar. “Aguantamos mucho, pero era complicado —explica Patricia—. Con miedo y sin tierra propia no se puede sembrar. Y uno siente que sin tierra no hay futuro”.
 

La esperanza de Yalí
 

Sitios temporales que funcionan como vivienda para los firmantes de paz en predio El Viento, en Yalí, mientras se construyen las definitivas.

Con sus cuatro hijos, Patricia Díaz comenzó una nueva etapa, ahora en otro municipio: Yalí, Antioquia. Ella hace parte del grupo de 31 familias beneficiadas con la entrega de 333 hectáreas que hizo la Agencia Nacional de Tierras en el Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación El Viento, en Yalí, Antioquia, donde llegó un grupo de firmantes de paz el 31 de mayo de 2025, provenientes de Carrizal, para continuar con su proceso de reincorporación.

“Para los firmantes, la tierra es mucho más que un pedazo de suelo. Es la posibilidad de echar raíces, de imaginar un futuro sin miedo”, explica Rafael Marín, también firmante de paz.

Hace 3 meses los firmantes de paz recibieron los títulos de propiedad y ahora avanzan con el Ministerio de Vivienda y otras entidades en el proceso de construir sus viviendas definitivas. También, en destinar sus predios para proyectos productivos y ganadería. “Hay una gran parte de reserva natural que tenemos que proteger”, agrega Rafael, mientras enseña un cartel con el mapa del predio.
 

Rafael Marín, firmante de paz, explica ubicación de lotes para las viviendas, en Yalí.

Patricia mira el mapa emocionada y muestra cuál es su lote. “Me sueño esa casa limpia, con los niños estudiando, jugando. Espero que sea pronto y conseguir alguna ayuda. Aquí espero estar mucho tiempo”, dice.
 

Una comunidad los acoge

Yalí está ubicado a 130 kilómetros de Medellín, Antioquia. Limita con los municipios de Vegachí, Amalfi, Remedios y  Yolombó. Allí se encuentra la finca El Viento, en la vereda Jardín.

Asentarse en un territorio nuevo no ha sido fácil para los firmantes del Acuerdo de Paz. Son desconocidos en un municipio que hace varias décadas padeció el conflicto armado. “Al comienzo, para ser honestos, no nos querían. Nos veían como una amenaza y pensaban lo peor de nosotros, esa palabra que dicen, estigmatizar”, comenta Patricia.

Luego de un trabajo de integración comunitaria con las autoridades locales, los colectivos de víctimas y la comunidad de este municipio del nordeste de Antioquia, poco a poco se está avanzando en la aceptación.
 

Madre e hija, víctimas del conflicto, promueven la reconciliación en Yalí.

Ángela Beatriz Gómez, coordinadora de la Mesa de Víctimas del Conflicto Armado de Yalí, fue una de las primeras en darles la bienvenida: “Desde la Mesa de Víctimas los recibimos con todo nuestro amor, con los brazos abiertos. Queremos hacerlos parte de nuestra familia”.

Ella quiere que su historia no se repita: “Mi historia comenzó el 20 de abril de 1998, cuando asesinaron a mi madre —relata—. Desde ese momento, sin quererlo, me convertí en líder, en defensora. Hoy, después de tantos años, puedo decir que siento orgullo. No de lo que pasó, sino de poder apoyar a quienes también buscan salir adelante”.

Para Ángela, la llegada de los firmantes es una oportunidad para reconciliar el territorio. “Yo me sentí muy satisfecha cuando ellos personalmente nos pidieron perdón. Sí se puede. Y eso le da sentido a todo: saber que el perdón es posible”.

Esa sensación de esperanza también la comparte Ana Ochoa, su hija, quien es enlace municipal de víctimas: “Algunos fueron reclutados, otros nacieron allá, en una vida que no eligieron. Ahora tienen ganas de hacer las cosas bien. Y nosotros, como municipio, tenemos la oportunidad de aprender a reconciliarnos, a dejar el pasado atrás. Si queremos un país en paz, tenemos que empezar desde los pueblos pequeños”, dice la mujer.
 

En Yalí, víctimas del conflicto, firmantes de paz y comunidad pintaron junto a sus hijos un mural por la reconciliación durante jornada “Al compaz de lo público”, realizada el pasado 4 de octubre.

La Misión de Verificación de la ONU en Colombia ha acompañado el proceso desde el inicio. Enrique Sánchez Airas, jefe de la oficina regional en Medellín, explica: “Podemos confirmar que ha sido un proceso largo, pero fundamental. La entrega de tierras es una condición esencial para que la reincorporación sea sostenible. Lo destacable aquí es la articulación entre autoridades, víctimas, comunidades y firmantes. Todos han trabajado juntos para hacerlo posible”.

Patricia señala el horizonte. “Aquí va a estar mi casa —dice—. No me interesa que sea grande, solo quiero que sea bonita, que tenga agua, que podamos vivir tranquilos. Una casa donde mis hijos puedan correr sin miedo”.

Los recuerdos vuelven como ráfagas. Diez años en la guerra, las noches de guardia, el nacimiento de Milán en medio de la incertidumbre. Cuando se le pregunta si siente que ha cambiado, responde sin dudar: “Mucho. La Patricia que llegó a Carrizal no es la misma que está hoy en Yalí. Allá aprendí a convivir, a respetar, a trabajar con la gente. Aquí empiezo otra vez, pero con esperanza. No ha sido fácil, pero ahí vamos”.

Patricia tiene en sus brazos a Alan, de dos años. Mira con amor a Alexandra, de 6 años y espera a que Milan regrese del colegio para servirle el almuerzo. “He buscado por todas partes la forma de terminar mis estudios de enfermería. Quiero seguir sirviendo, ayudar a mi comunidad Porque ahora tengo una tierra para mis hijos”.

Aunque todavía no hay casas construidas y los proyectos productivos apenas comienzan, ella se aferra al sueño como si ya existiera. Esta vez la paz echará raíces.
 

 

Tierra para la paz

A la fecha, en Antioquia se han entregado 774 hectáreas a firmantes del Acuerdo de Paz, entregadas por la Agencia Nacional de Tierras (588), la Sociedad de Activos Especiales (186) y aportes de Proantioquia (270).

• En Dabeiba, 287 hectáreas fueron destinadas a 101 firmantes para vivienda y proyectos productivos.
• En Anorí, 51 hectáreas benefician a 28 firmantes.
• En Ituango, 50 hectáreas fueron adjudicadas a 40 firmantes.
• En zona rural de Medellín, 72 hectáreas fueron entregadas a 100 firmantes y miembros de la comunidad.
• En Urrao, el Consejo Comunitario Mandé recibió 12.300 hectáreas como parte de un proceso de restitución de tierras.
• En Yalí, la finca El Viento —333 hectáreas— fue entregada a 31 firmantes de paz del antiguo ETCR de Carrizal, que hoy construyen allí su nuevo hogar.

En total, se están construyendo 101 viviendas en el ETCR Llanogrande y, en Anorí, la cooperativa de firmantes ejecuta 4 viviendas en un proyecto de autoconstrucción con apoyo internacional. Otras 12 ya fueron entregadas en Ituango.

En el país, desde la firma del Acuerdo de Paz, un total de 19 ETCR cuentan con tierra y 59 predios han sido entregados a formas asociativas para el desarrollo de sus proyectos productivos. Lo que suma un total de aproximadamente 17,000 hectáreas entregadas a firmantes del Acuerdo, según reporta el más reciente informe del Secretario General de la ONU sobre la Misión de Verificación en Colombia.
 

Avances en acceso a la tierra

Según el informe de la Misión de la ONU, la reincorporación de los excombatientes experimentó algunos avances en cuanto al acceso a la tierra, la vivienda y la sostenibilidad de los proyectos productivos colectivos; sin embargo, continuó viéndose afectada por riesgos en materia de seguridad, estigmatización y la falta de mecanismos ágiles de adquisición de tierras, entre otros, que permitan consolidar los procesos de reincorporación en los territorios. En efecto, en su informe, la Misión cita: “Las disposiciones del Acuerdo Final relativas a la reforma rural integral son fundamentales para consolidar la paz. Constituyen el marco necesario para hacer extensiva la presencia del Estado, la inversión pública y los servicios a las zonas rurales marginadas. Al ampliar el acceso a la tierra y a oportunidades de subsistencia, se ofrecen alternativas viables a las economías ilegales y la violencia conexa”, dice el informe.

Los esfuerzos del Gobierno para avanzar en la implementación de la RRI son claves para cerrar las brechas existentes entre zonas rurales y urbanas, y sentar los fundamentos de una ruralidad más próspera, y lograr así una garantía de no repetición del conflicto. En este sentido el informe de la Misión destaca que “el Gobierno siguió facilitando el acceso de campesinos, mujeres rurales y víctimas a la tierra”. Según la Agencia Nacional de Tierras (ANT), en el período sobre el que se informa, hasta agosto, se adjudicaron unas 16.500 hectáreas, con lo que el total general es de 275.577 hectáreas (con un 84 % pendiente de expedición de los títulos definitivos de propiedad). Esta cifra representa en torno al 9 % del objetivo de 3 millones de hectáreas fijado en el Acuerdo Final. En el período sobre el que se informa se formalizaron unas 28.084 hectáreas, con lo que el total general es de aproximadamente 3.559.650 hectáreas, la mitad del objetivo de 7 millones de hectáreas fijado en el Acuerdo.

Según la Agencia Nacional de Tierras, el 10 % de las tierras adjudicadas y el 15 % del total de las tierras formalizadas desde que el actual Gobierno entró en funciones han beneficiado directamente a las mujeres. El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural publicó lineamientos para prestar una mayor atención a las necesidades de las mujeres en el Sistema Nacional de Reforma Agraria y Desarrollo Rural.

Por: Elizabeth Yarce Ospina
Oficial de Comunicación Estratégica, Oficina Regional de Medellín
Misión de Verificación de la ONU en Colombia