Señor Presidente,

Quiero expresar mi agradecimiento por la oportunidad de presentar al Consejo de Seguridad el más reciente informe trimestral del Secretario General sobre la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia y de informarles sobre acontecimientos relevantes recientes.

Señor Presidente,

Es un honor también compartir esta sesión con la Vicepresidenta y Canciller Marta Lucía Ramírez, y quiero aprovechar la oportunidad para agradecerle todo el apoyo y el del Gobierno Nacional a la labor de la Misión y así como reconocer su liderazgo en avances en temas de género que son ciertamente centrales al Acuerdo de Paz.

Asimismo, saludo hoy la participación de Melissa Herrera, una joven y dinámica lideresa del departamento de Nariño. Es un privilegio ciertamente compartir este espacio con ella y poder escuchar su importante voz junto con los miembros del Consejo de Seguridad.

Señor Presidente, Distinguidos Miembros del Consejo,

El proceso de paz en Colombia, al cumplir casi cinco años desde la firma del Acuerdo de Paz, está entrando en una etapa crucial. Es cada vez más evidente que el empeño y el trabajo de todos los actores involucrados en esta compleja y noble labor han valido la pena, pese a los múltiples y persistentes retos. Prueba de ello son los avances simultáneos de las entidades del sistema de justicia transicional creado por el Acuerdo, para los cuales ha sido fundamental la participación de todos, incluidas las víctimas del conflicto. 

El Secretario General destacó en su informe lo que sin duda es un hito en el proceso de paz colombiano y un referente para la justicia transicional en el mundo: el pasado mes de abril siete excomandantes de la máxima instancia de la dirección de las antiguas FARC-EP oficialmente aceptaron su responsabilidad por crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra con respecto al caso 01 de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), sobre toma de rehenes y otras privaciones graves de la libertad. Asimismo, la semana pasada la JEP imputó crímenes de guerra y de lesa humanidad en el marco del caso 03, sobre asesinatos y desapariciones presentadas como bajas en combate por agentes del Estado, a 11 personas incluidos oficiales del Ejército, así como un tercero civil.

Paralelamente, el trabajo de la Unidad de Búsqueda ha permitido encontrar cientos de cuerpos de personas desaparecidas, incluyendo a través de información suministrada por exguerrilleros, exparamilitares y agentes del Estado. Esta labor contribuye a dar sosiego a las familias de las víctimas tras años de dolorosa incertidumbre.

Al mismo tiempo, la Comisión de la Verdad continúa propiciando espacios de reconocimiento en los que víctimas de diferentes actores del conflicto han podido estar frente a frente y dialogar con quienes años atrás les han causado irreparables daños.

Todos estos hechos –impensables hasta hace poco en Colombia– son hoy posibles gracias al Acuerdo de Paz.

Quisiera destacar particularmente el reciente diálogo auspiciado por la Comisión de la Verdad entre víctimas de secuestro y excombatientes de las FARC-EP. Voces de distintas regiones, de diferentes posiciones y experiencias durante el conflicto, e incluso perspectivas divergentes frente al proceso de paz, coincidieron en lo injustificable del dolor causado por la guerra y en la necesidad imperativa de insistir y perseverar para que esto nunca se repita.

Estos primeros frutos de la institucionalidad creada para garantizar justicia, verdad, reparación y no repetición demandan ahora estar a la altura de la tenacidad y la generosidad de las víctimas del conflicto así como satisfacer sus derechos. Esta es, en esencia, una condición necesaria para el éxito del Acuerdo de Paz. Y es una tarea que requiere esfuerzos constantes, humildad y empatía.  Tomará tiempo desarmar los discursos, tomará tiempo desarmar las estructuras y las identidades heredadas del conflicto, y así contribuir a que el pueblo colombiano, y en especial quienes vivieron en carne propia lo peor de la guerra, pueda cerrar definitivamente el capítulo del conflicto y continuar en su camino hacia la reconciliación.

En este sentido, quiero destacar la labor encomendada por el Consejo de Seguridad, para que la Misión verifique el cumplimiento y la implementación de las sanciones propias que dicte la JEP, mismo que contribuirá decididamente a estos esfuerzos de reconciliación.

Sr. Presidente, distinguidos Miembros del Consejo,

Recientemente tuve la oportunidad de visitar Montes de María, una región históricamente afectada por olas recurrentes de violencia, donde me reuní con víctimas y lideresas sociales. Estas valientes mujeres relataron los esfuerzos de sus comunidades por avanzar en la construcción de paz y hablaron de su esperanza en el cumplimiento de la promesa de no repetición del Acuerdo. Me conmovieron especialmente sus testimonios sobre cómo los grupos armados ilegales tratan de silenciar sus voces, las voces de las comunidades, utilizando no solo la violencia física, sino también recurriendo a la violencia emocional, las amenazas y los ataques personales, que les impiden a ellas y a sus familias ejercer plenamente sus derechos y llevar adelante una vida plena y en paz. Esto pone de manifiesto la importancia de las iniciativas conjuntas entre la sociedad civil y las entidades del Estado para proteger a líderes sociales y defensores y defensoras de derechos humanos, tales como el piloto del Programa Integral de Garantías para Mujeres Lideresas y Defensoras de Derechos Humanos, actualmente implementándose en Montes de María.

La violencia contra exmiembros de las FARC-EP, líderes sociales y comunidades persiste en los municipios de esta y otras regiones, incluido a lo largo de la costa del Pacífico, y en partes del sur y el noreste del país. Esto está principalmente relacionado con las acciones de los grupos armados ilegales y las organizaciones criminales que prosperan en zonas caracterizadas por una presencia limitada del Estado, la pobreza y las economías ilegales. La violencia continuada y la estigmatización contra excombatientes y miembros del partido Comunes es particularmente preocupante, especialmente en la antesala de las elecciones de 2022, cuando esperan participar activamente en el trabajo político a lo largo del país.

También lamento informarles que las autoridades confirmaron recientemente el asesinato de las cuatro personas reportadas como desaparecidas por la Unidad de Restitución de Tierras el pasado mes de mayo, en el departamento del Meta. Su desaparición había sido reportada en el más reciente informe del Secretario General. Condeno enérgicamente este vil acto que afecta a las víctimas y a las instituciones públicas, y confío en que los responsables sean llevados ante la justicia.

La persistencia de la violencia y la inseguridad pone de relieve la urgente necesidad de mejorar las medidas de prevención y protección, así como de adoptar medidas adicionales más sólidas para desmantelar las organizaciones ilegales, llevar a los autores ante la justicia y ampliar la presencia de las instituciones estatales, el acceso a los servicios públicos y a las oportunidades de desarrollo en las comunidades afectadas por el conflicto lo antes posible.  

Sr. Presidente,

A pesar de un panorama de reintegración desafiante, los excombatientes siguen demostrando su compromiso con la construcción de una nueva vida, participando activamente en los esfuerzos de consolidación de la paz y en iniciativas de desarrollo junto con sus comunidades. Este es el caso, por ejemplo, de un grupo de excombatientes en Uribe, departamento del Meta, donde a pesar del asesinato de su líder el octubre pasado, continúan avanzando en su proceso de reincorporación y trabajando estrechamente con las comunidades locales en iniciativas tales como la mejora de escuelas, de los centros comunitarios y de la conectividad a internet en la zona.

Las experiencias previas de reincorporación a nivel mundial han demostrado la importancia de vincular este proceso a transformaciones más amplias y complementarias. Sobre la base de estos conocimientos, el Acuerdo de Paz vincula las disposiciones de reincorporación con otras áreas en sus diferentes secciones, incluida la reforma rural integral, cuya implementación es esencial para el éxito general del proceso.

Sobre la base de los logros alcanzados hasta el momento, es crucial que las partes continúen trabajando juntas para brindar mayor certidumbre a los ex miembros de las FARC-EP y a sus familias, especialmente a través de la ampliación del acceso a la vivienda y a la tierra. Al hacerlo, el Gobierno debería garantizar la igualdad de acceso a quienes viven fuera de los antiguas espacios territoriales de capacitación y reincorporación (ETCR). Es también fundamental que el Gobierno y los representantes de los excombatientes en el Consejo Nacional de Reincorporación continúen aprobando proyectos productivos adicionales, que a su vez sean apoyados adecuadamente para garantizar su sostenibilidad. También aliento a las partes a que lleguen a un acuerdo sobre el Sistema Nacional de Reincorporación a fin de establecer un enfoque coordinado para lograr estos objetivos.

Sr. Presidente,

Permítame recordar, una vez más, las posibilidades que ofrece la implementación integral del Acuerdo para abordar de forma progresiva las causas estructurales del conflicto, e invitar a las partes y a las entidades estatales a persistir en la implementación coordinada de todas las disposiciones del Acuerdo. Las recientes reuniones entre el Gobierno y los representantes de los excombatientes para evaluar conjuntamente el estado de la implementación, según lo acordado el mes de marzo pasado entre el presidente Iván Duque y el presidente del partido Comunes, Rodrigo Londoño, son un paso en la dirección correcta. Confío en que harán un seguimiento adecuado de este esfuerzo, que será particularmente útil a medida que nos acercamos al quinto aniversario de la firma del Acuerdo de Paz.

Sr. Presidente, Miembros del Consejo,

Con una tercera ola de la pandemia COVID-19 aún en curso, este continúa siendo un momento de duras dificultades para muchos colombianos y colombianas, como se refleja en las recientes protestas en todo el país. Seguimos rechazando la violencia cualquiera que sea su origen e instamos a que se utilice el diálogo pacífico. Como he declarado anteriormente, la sociedad y las instituciones colombianas deben ver en implementación del Acuerdo Final una oportunidad para abordar muchos de los problemas de larga data que enfrenta el país. Dada la urgencia de resolver estos y otros problemas pendientes, se necesitan medidas decididas para acelerar la implementación en los próximos meses.

Ante un nuevo ciclo electoral en ciernes, invito a las partes y a todos los actores relevantes a que sigan comprometidos con el Acuerdo y priorizando el diálogo para resolver sus diferencias. Es precisamente con este objetivo que el proceso de paz previó la ampliación de los espacios democráticos y las garantías de participación. Confío en que el pueblo colombiano sabrá beneficiarse de una democracia más sólida, y corresponderá a las instituciones proteger esos logros, así como a los líderes de todo el espectro político comprometerse con un ambiente de respeto y no estigmatización a fin de garantizar que las próximas elecciones sean pacíficas e inclusivas. La reciente aprobación de las 16 curules destinadas a promover la participación en el Congreso de poblaciones históricamente excluidas en regiones afectadas por el conflicto es un acontecimiento alentador.

Estoy también seguro de que el impulso mostrado por jóvenes colombianos como protagonistas de las recientes movilizaciones se traducirá en su participación activa en el proceso democrático para hacer realidad sus esperanzas de un mejor futuro.

Sr. Presidente,

Para concluir, quisiera una vez más agradecer al Consejo por el apoyo inquebrantable a los esfuerzos de consolidación de la paz en Colombia y por la confianza depositada en la Misión de la ONU en el país.

Muchas gracias, Sr. Presidente.

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Descargue el Informe Trimestral del Secretario General sobre la Misión de Verificación en Colombia S/2021/603 

Descargue infografía sobre el Informe del Secretario General en cifras. S/2021/603