Palabras de Carlos Ruiz Massieu, Representante Especial del Secretario General y Jefe de la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia

Sesión del Consejo de Seguridad

11 de octubre de 2023

Muchas gracias, Señor Presidente.

Señor Presidente,

Agradezco esta oportunidad de dirigirme al Consejo de Seguridad ahora que examina el último informe del Secretario General sobre la Misión de Verificación en Colombia.

Como siempre, tengo el honor de estar acompañado por el Ministro de Relaciones Exteriores, Álvaro Leyva, y una vez más le agradezco a él y al Gobierno de Colombia su continua confianza en el trabajo de la Misión en favor de la paz.

También saludo hoy la participación de Rodrigo Botero en esta reunión. Él es un destacado ecologista colombiano y participante en esfuerzos de paz en curso, su trabajo por tanto ilustra las importantes conexiones entre el conflicto, la construcción de paz y el medio ambiente.

Señor Presidente, Distinguidos Miembros del Consejo,

Nos reunimos ante la proximidad de hitos en el proceso de paz, en vísperas del séptimo aniversario de la firma del Acuerdo Final de Paz y cuando se acerca el punto medio del plazo de 15 años previsto para su implementación.

Quienes han estudiado a profundidad el conflicto armado de Colombia señalan como una de sus causas fundamentales la distribución desigual de la tierra y el fracaso a la hora de llevar a cabo las reformas rurales necesarias. Es por esta misma razón que las partes del Acuerdo situaron la reforma rural integral en el centro, convirtiéndola en el primer capítulo del Acuerdo y en el área que requiere las inversiones más sustanciales a largo plazo. No sorprende, por tanto, que los retrasos en este ámbito durante los primeros años de implementación hayan limitado el grado en que el Acuerdo ha podido llevar las transformaciones esperadas a zonas rurales y afectadas por el conflicto que llevan mucho tiempo marginadas.

Sin embargo, aunque todavía queda un largo camino por recorrer para alcanzar los ambiciosos objetivos del Acuerdo en esta materia, quisiera comenzar mi intervención de hoy con un reconocimiento a los crecientes esfuerzos que está realizando el Gobierno para llevar a cabo estas reformas. Diría que el compromiso con este punto del Acuerdo en particular, además de las nuevas iniciativas de diálogos de paz, fueron las características sobresalientes del recién concluido primer año de la administración Petro en su búsqueda por consolidar más profundamente la paz en el país.

Importantes acciones de política pública en este sentido se destacan en el último informe del Secretario General, que recuerda un año caracterizado por importantes asignaciones presupuestales para la reforma rural y su priorización en el Plan Nacional de Desarrollo, un mayor diálogo con las organizaciones campesinas y de terratenientes, y pasos recientes como la creación del Sistema Nacional de Reforma Agraria y la designación de cuatro regiones prioritarias para intervenciones integrales en desarrollo rural. 

El compromiso cobra vida en términos humanos en escenas como la vivida el pasado fin de semana en San Juan de Arama, en el departamento del Meta, donde se entregaron tierras adquiridas por el Gobierno a unos 500 beneficiarios, entre excombatientes de las FARC-EP, campesinos e indígenas de las comunidades donde se han reasentado. Momentos esperanzadores como éste son cada vez más frecuentes en la actualidad, a medida que el Gobierno de Colombia retoma con mayor dinamismo este aspecto crucial y atrasado del Acuerdo de Paz.

El más reciente informe del Secretario General también contiene múltiples ejemplos que ilustran la interdependencia entre la implementación del Acuerdo Final de Paz de 2016 y otros esfuerzos del Gobierno del Presidente Petro para consolidar la paz.

Hace unas semanas visité el antiguo Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación de Carrizal, en el departamento de Antioquia, donde más de 50 ex miembros de las FARC-EP y sus familias conviven con miembros de la comunidad local.

Allí, como en otros lugares similares de las zonas rurales del país, se puede ver la admirable persistencia de excombatientes y comunidades que unen esfuerzos para mejorar sus vidas y llevar a cabo las transformaciones previstas en el Acuerdo Final de Paz. En un proyecto apoyado por la Misión, mujeres excombatientes que trabajan en minas artesanales han aumentado sus ingresos y los de la comunidad mediante la elaboración y venta de joyas. Excombatientes y miembros de la comunidad también han unido sus fuerzas para plantar árboles y contrarrestar la deforestación. Sin embargo, como también escuché en mis conversaciones con excombatientes y líderes de organizaciones sociales, estas iniciativas se han visto amenazadas por los grupos armados ilegales.

De hecho, es probable que este espacio de reincorporación, al igual que otros anteriormente, sea reubicado en un futuro próximo debido a la inseguridad. Mientras se planifica el traslado, reitero mi llamado a las autoridades para que garanticen condiciones de vida dignas en la nueva ubicación y para que sigan velando por la seguridad y el bienestar de las comunidades que se quedan atrás.

Permítanme también condenar, una vez más y en los términos más enérgicos posibles, los asesinatos de excombatientes de las FARC-EP, dos desde la publicación del informe. Casi 400 excombatientes han sido asesinados desde la firma del Acuerdo de Paz. Esto es sencillamente inaceptable y exige de las autoridades medidas urgentes y concretas para su protección, así como la de líderes sociales y defensores de derechos humanos.

Señor Presidente,

Un paso importante en esa dirección es la reciente adopción por parte de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad de la tan esperada política pública de desmantelamiento de grupos armados ilegales y organizaciones criminales. Esta política –producto de la concertación entre el Gobierno y la sociedad civil– busca abordar las múltiples causas que favorecen la creación y el fortalecimiento de actores criminales. Su implementación debería ayudar a las autoridades a responder eficazmente a las amenazas en constante evolución en los territorios.

Señor Presidente, Distinguidos Miembros del Consejo,

Las múltiples expresiones de violencia que persisten en varias regiones de Colombia no deben seguir obstaculizando la implementación. Las iniciativas de diálogo impulsadas por el Gobierno con actores armados son, sin duda alguna, un necesario esfuerzo adicional para desactivar estas amenazas y revertir sus impactos sobre las comunidades al permitir que se materialicen los compromisos pendientes del Acuerdo de Paz.

Esto es particularmente cierto para territorios indígenas y afrocolombianos, en regiones como el Pacífico, en donde las acciones de grupos armados y la implementación limitada del capítulo étnico del Acuerdo mantienen a las comunidades bajo niveles intolerables de violencia y de falta de oportunidades. 

Señor Presidente,

Quiero saludar nuevamente los avances de la mesa de negociación entre el Gobierno de Colombia y el Ejército de Liberación Nacional (ELN). En particular, quisiera resaltar el desarrollo del cese al fuego bilateral, que ha resultado en una disminución del conflicto entre las partes. Destaco también la importancia del apoyo del Consejo al permitir que la Misión contribuya a este proceso a través de su participación en el Mecanismo de Monitoreo y Verificación. Este mecanismo está contribuyendo a la prevención y la resolución de incidentes entre las partes.  Me complace también informar que, gracias a los países contribuyentes, llegaron recientemente 31 de los 68 observadores internacionales autorizados por este Consejo y desplegados específicamente para el monitoreo y verificación del cese.

También avanza el trabajo del Comité Nacional de Participación instalado en agosto para impulsar la participación de todos los sectores de la sociedad colombiana en el proceso de paz con el ELN. Muestra de la manera en que el proceso se asienta cada vez más en Colombia, ayer, por primera vez, la mesa de diálogos sesionó en Bogotá.

Señor Presidente,

Vemos positivamente los diálogos entre el Gobierno y el grupo que se autodenomina Estado Mayor Central FARC-EP. Las partes anunciaron el pasado fin de semana una suspensión de acciones ofensivas entre sí, y su intención de establecer una mesa de diálogos de paz junto con la entrada en vigor de un cese al fuego bilateral a partir del 16 de octubre. 

He sido informado que próximamente las partes solicitarán a este Consejo que la Misión pueda ser autorizada para participar en el monitoreo y verificación del cese al fuego. Me aseguraré de que este Consejo reciba toda la información necesaria para considerar esta solicitud.

Las expectativas que genera el avance hacia la construcción de un proceso de paz deben ser correspondidas con el cumplimiento de los compromisos adquiridos, con el desescalamiento de las confrontaciones y, especialmente, con el respeto de los derechos de comunidades, líderes sociales y firmantes del Acuerdo de 2016.

La demostración constante de la voluntad de las partes pasa, necesariamente, por evitar que se repitan hechos como los ataques del mes pasado en el departamento del Cauca, que resultaron en la trágica muerte de civiles de comunidades que hace décadas buscan la paz.

Presidente, Distinguidos Miembros,

Al encontrarnos en el mes de octubre, en que se celebra el aniversario de la resolución 1325 sobre mujer, paz y seguridad, saludo al Gobierno de Colombia y a las organizaciones de la sociedad civil por sus avances hacia la finalización del primer plan de acción nacional para su implementación. 

En este mismo contexto, es otro hito fundamental la reciente decisión de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) de abrir el Caso 11, que abordará la violencia basada en género, sexual y reproductiva ejercida por las partes en conflicto. Reconozco el liderazgo y el incansable trabajo de cientos de organizaciones de la sociedad civil a lo largo y ancho de Colombia que abogaron por la apertura del caso.

Este importante desarrollo se suma a otros avances recientes por parte de la JEP en su camino hacia la emisión de las primeras sanciones propias, incluidos recientes reconocimientos de responsabilidad hechos por todas las partes. La contribución a la verdad y el reconocimiento de responsabilidad por los crímenes cometidos, son, además de una obligación de todas las partes en el conflicto, pilares fundamentales para el éxito de este proceso.

Tal y como expresó el Secretario General en su informe, es importante para el proceso de paz en su conjunto alcanzar con prontitud la fase en que la JEP dicte sus primeras sanciones propias.  Del mismo modo, que el Gobierno garantice que existan las condiciones para la pronta y efectiva implementación de estas sanciones será definitivo para que estas puedan cumplir su objetivo y honrar así el principio de la centralidad de las víctimas. Con ese propósito, la Misión continúa trabajando de cerca con la JEP, comparecientes y entidades del Gobierno y del Estado. 

Señor Presidente, Miembros del Consejo,

Desde la realización de un proceso participativo junto con plataformas de mujeres para desarrollar el plan de acción nacional para la resolución 1325 del Consejo de Seguridad, hasta las consultas con campesinos y terratenientes sobre la reforma rural, el diálogo con las organizaciones de base ha sido una práctica predominante de la actual administración. Aplaudo este enfoque inclusivo, que brinda oportunidades para crear consenso sobre las políticas públicas.

Con ese ánimo, aliento al Gobierno, a los y las excombatientes de las FARC-EP y a todos los actores involucrados en la implementación integral del Acuerdo Final de Paz a priorizar el diálogo constructivo. Esto será esencial para el progreso sostenido en áreas como el capítulo étnico, la reforma rural, la reincorporación, así como la sustitución de cultivos ilícitos.

También fundamental para seguir avanzando es la definición, sin más demora, de una arquitectura institucional clara para supervisar la implementación, incluido el nombramiento de una persona de alto nivel dentro de la Presidencia encargada de dirigir estos esfuerzos. El período que se avecina será clave para traducir los nuevos planes e iniciativas en acciones.

Señor Presidente y Distinguidos Miembros,

En poco más de dos semanas, Colombia celebrará sus segundas elecciones locales desde el Acuerdo Final. Desafortunadamente, la violencia ya ha impactado la campaña electoral en varias regiones, y ha afectado a partidos a lo largo del espectro político, incluyendo excombatientes y miembros del partido Comunes. Confío en que las autoridades harán todo lo posible para garantizar que, tanto candidatos y candidatas como votantes, puedan participar en las elecciones de la forma más inclusiva y segura posible en todo el territorio nacional. Esto profundizaría un resultado tangible del Acuerdo Final.

Señor Presidente,

El conflicto colombiano fue considerado en su momento como irresoluble.  Los esfuerzos para la consolidación de la paz que se están llevando a cabo hoy, con el apoyo crucial de este Consejo, surgieron tras intentos frustrados de décadas anteriores. Pero los colombianos y las colombianas nunca renunciaron a la paz, como tampoco lo hizo la comunidad internacional.  En tiempos de tensión en todo el mundo, el caso de Colombia es un recordatorio de que incluso el más enraizado de los conflictos puede resolverse mediante el diálogo, y un llamado a no desistir nunca en la búsqueda de la paz.

Le agradezco.

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