Palabras de Miroslav Jenča, Representante Especial del Secretario General y Jefe de la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia ante el Consejo de Seguridad
15 de julio de 2026
Señor Presidente,
Es un honor para mí informar una vez más al Consejo de Seguridad sobre el proceso de paz en Colombia y la labor de la Misión de Verificación.
Es un placer estar aquí hoy con Leonor Zalabata, Representante Permanente de Colombia ante las Naciones Unidas. La cooperación que la Misión de Verificación ha recibido, desde su creación, por parte de los sucesivos gobiernos de Colombia ha sido fundamental para que pueda desempeñar la función que le ha encomendado este Consejo con el fin de promover la paz y la seguridad en el país.
Nos reunimos hoy, apenas unas semanas después de la conclusión de las elecciones presidenciales y a menos de un mes de la toma de posesión del presidente electo Abelardo de la Espriella. Antes de pasar al proceso de paz, deseo reconocer la importancia del ejercicio democrático que acaban de llevar a cabo el pueblo colombiano y las instituciones independientes responsables del proceso electoral.
A pesar de los actos de violencia y las tensiones en los días previos a la votación, para la Misión de Verificación fue gratificante participar en diversos mecanismos dedicados a velar por el entorno de seguridad para la celebración de las elecciones. A lo largo de las dos vueltas electorales, la votación se desarrolló de forma pacífica y ordenada, las fuerzas de seguridad se desplegaron de manera eficaz para proteger el proceso, y los observadores electorales
nacionales e internacionales llevaron a cabo una supervisión independiente. La alta participación electoral del 21 de junio es una muestra del firme deseo de los colombianos y las colombianas de hacer oír su voz en el marco de una democracia vibrante que se ha vuelto más inclusiva y participativa en el contexto del proceso de paz.
La nueva administración se está preparando para asumir las responsabilidades del Estado. Este será el tercer Gobierno elegido desde la firma del Acuerdo de Paz de 2016 que heredará tanto la responsabilidad de su implementación como la oportunidad que esta representa. Aunque aún queda mucho por hacer para alcanzar plenamente sus objetivos, el Acuerdo ha sentado bases esenciales para establecer una paz y una seguridad duraderas; su implementación continuada, e incluso acelerada, sigue siendo fundamental para el presente y el futuro de Colombia. Basándose en casi una década de experiencia y en su presencia sobre el terreno en zonas aún afectadas por el conflicto, la Misión de Verificación se encuentra preparada para dialogar con las nuevas autoridades, para escuchar sus prioridades, para analizar con ellas el estado del Acuerdo y compartir perspectivas sobre su implementación, así como para continuar en el marco de su mandato, con total respecto por la soberanía de Colombia, acompañando los esfuerzos nacionales para construir la paz y fortalecer la seguridad.
Parte de la construcción de la paz en una sociedad fracturada por el conflicto consiste en adoptar un espíritu de tolerancia y convivencia que reconozca las diferencias políticas como legítimas y favorezca el diálogo. Lamentablemente, los días transcurridos desde las elecciones se han caracterizado por una retórica acalorada y una confrontación política continuadas, que incluso provocaron la suspensión la semana pasada del proceso habitual de empalme para el intercambio de información entre los equipos saliente y entrante. En este contexto, reitero el llamado hecho por el Secretario General en su informe a las colombianas y los colombianos, y en particular a sus líderes políticos, para que actúen con responsabilidad en este período con el fin de reducir las tensiones tras unas elecciones tan polarizantes. Es esencial mantener canales de comunicación respetuosos. El Congreso, que iniciará un nuevo mandato de cuatro años el 20 de julio, puede desempeñar un papel importante a la hora de facilitar el diálogo entre partidos, en el que se puedan reflejar las diferentes opiniones, debatir los temas y resolver los problemas.
Señor Presidente, Distinguidos Miembros del Consejo,
La seguridad fue una de las principales preocupaciones del electorado colombiano. Se produjo un intenso debate sobre el impacto de las recientes iniciativas de paz con grupos armados, dados los resultados limitados y la preocupación de que dichos grupos hubieran aprovechado la situación para ampliar aún más su influencia, empeorando así la situación de seguridad en diversas regiones. Se deben extraer las lecciones pertinentes y aplicarlas en el futuro. Al mismo tiempo, tal y como señala el Secretario General en su más reciente informe, es importante recordar que los retos de seguridad en las regiones aún afectadas por el conflicto tienen raíces profundas y multifacéticas. Superarlos requerirá soluciones integrales, que son precisamente las que se prevén en el Acuerdo de Paz de 2016. Como también ha destacado el Secretario General, se puede lograr la complementariedad entre las medidas de seguridad centradas en la protección de las comunidades vulnerables, el refuerzo de la presencia de las instituciones del Estado y las políticas de construcción de paz.
La violencia continua entre grupos armados y organizaciones criminales por el control de rutas estratégicas y economías ilícitas es posible debido a los vacíos de seguridad, gobernanza y desarrollo que persisten desde hace tiempo y que deben superarse para lograr una estabilización duradera de estas zonas. Las zonas en las que la violencia es más grave en la actualidad son precisamente aquellas en las que la implementación del Acuerdo y la presencia de las instituciones estatales han sido insuficientes.
Las regiones afectadas por el conflicto, como el Catatumbo y el Cauca, donde la Misión está presente sobre el terreno y puede ayudar a tender puentes entre los actores locales y las autoridades, son ejemplos claros de ello. No solo han sufrido durante décadas las consecuencias de la guerra y la falta de una presencia estatal integral, sino que estas condiciones también se han agravado en los últimos años. Recientemente, en una reunión con personeros locales, me describieron la grave situación que se vive en el Catatumbo. Aunque el año pasado, tras un recrudecimiento de la violencia, se anunciaron planes especiales de desarrollo para el Catatumbo, el conflicto entre los grupos armados ha continuado y se ha intensificado con cambios en las tácticas de guerra, como el uso de drones. Para romper estos ciclos recurrentes de violencia es necesario que el Gobierno central cumpla sus promesas de prestar mayor atención y dar respuestas mejor coordinadas para satisfacer las necesidades de estas regiones.
Condenamos las continuas amenazas y actos de violencia de los grupos armados contra la población civil, el reclutamiento y la utilización de niños, niñas y adolescentes, los secuestros y otras acciones que han provocado confinamientos y desplazamientos. La semana pasada se denunció un nuevo incidente en López de Micay, en el Cauca; nos sumamos al llamado de la Defensoría del Pueblo para que se libere a las ocho personas que siguen privadas de libertad, por parte de un grupo armado, tras una incursión que obligó a 70 familias a huir de su comunidad. La Misión está preparada para continuar facilitando la liberación de personas retenidas en contra de su voluntad en Colombia.
Señor Presidente,
Es de vital importancia garantizar la seguridad física y las garantías judiciales los antiguos líderes y excombatientes de las FARC-EP que se desarmaron en virtud del Acuerdo. Más de 11.000 de ellos siguen participando activamente en el proceso de reincorporación —la gran mayoría de quienes depusieron las armas—. Este es uno de los ejemplos a nivel mundial en los que la reincidencia ha sido más baja. Ofrecer garantías de seguridad y oportunidades económicas sostenibles es esencial para alcanzar tres objetivos clave en cualquier proceso de reincorporación: en primer lugar, mitigar los intentos de reclutamiento por parte de los grupos armados; en segundo lugar, permitir que las y los excombatientes consoliden su lugar como ciudadanos; y, en tercer lugar, prevenir el resurgimiento de la violencia. Los dirigentes de las antiguas FARC-EP han sido claros al reafirmar públicamente, y dentro del conjunto de excombatientes, su compromiso de seguir acatando el Acuerdo de Paz.
En los últimos días, con vistas al cambio de gobierno, los firmantes de paz y otras partes interesadas afiliadas al Acuerdo de Paz han lanzado llamamientos claros para que, de cara al futuro, los esfuerzos de consolidación de la paz se reorienten hacia una mayor aplicación del Acuerdo de Paz. Diversas organizaciones de la sociedad civil, entre ellas grupos de víctimas, afrocolombianos e indígenas, instan a que se renueve este enfoque centrado en el acuerdo de paz.
Señor Presidente,
La reforma rural integral prevista en el Acuerdo de Paz puede ser un elemento clave para estabilizar las zonas afectadas por el conflicto. Puede crear alternativas viables a las actividades ilícitas y contribuir a liberar el potencial económico de estas regiones rurales. Un ejemplo de avance en el marco del Acuerdo que debería reforzarse en el futuro son las inversiones realizadas en el marco de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) en 170 municipios afectados por el conflicto, donde viven cerca de 6 millones de personas. Reconociendo que la transformación de estos territorios requiere tiempo, las fuerzas políticas del Congreso —que en muchos otros temas mantienen posiciones opuestas— acordaron recientemente ampliar el plazo para la implementación de los PDET hasta 2037. Las demandas de las comunidades deberían abordarse a través de estos proyectos. Un avance decidido en los próximos años, que la Misión puede seguir supervisando, consolidaría las condiciones para obtener resultados sostenibles a largo plazo.
También se han logrado avances en la distribución de tierras a campesinos sin tierras, víctimas, mujeres rurales y pueblos indígenas. Sin embargo, aún queda mucho por hacer. Por ejemplo, en la concesión de títulos de propiedad formales y en la prestación de apoyo técnico y financiero que permita que las tierras sean productivas. La seguridad física de algunos de los nuevos propietarios sigue siendo motivo de grave preocupación. La Misión ha observado graves incidentes de intimidación destinados a expulsarlos. En el departamento del Meta, una familia fue agredida y torturada recientemente por hombres armados. Estos actos de violencia deben cesar. Reforzar la seguridad de los beneficiarios y resolver los conflictos existentes desde hace tiempo, a través de vías legales e institucionales, será clave para evitar que resurjan antiguas dinámicas de conflicto y para mantener la confianza en el proceso de paz.
Señor Presidente, Distinguidos Miembros del Consejo,
Colombia, a pesar de los graves retos a los que aún se enfrenta, ha avanzado desde los momentos más difíciles de su conflicto armado. Es fundamental proteger los avances logrados, ampliar la seguridad y el desarrollo mediante una mayor presencia del Estado en las regiones que aún se ven gravemente afectadas por el conflicto, y garantizar que se haga justicia bajo los términos del Acuerdo para quienes más han sufrido.
Al iniciarse un nuevo capítulo político, a finales de este año se alcanzará otro hito cuando el Acuerdo de Paz cumpla diez años, lo que supone haber recorrido dos tercios del plazo oficial de quince años establecido por el propio Acuerdo de Paz. Este plazo restante ofrece un horizonte útil para trabajar en la aceleración y consolidación el progreso en aspectos que ya han avanzado considerablemente a lo largo de los años —y que siguen siendo importantes para la paz y la seguridad duraderas del pueblo colombiano. El Consejo de Seguridad ha sido una fuente constante de apoyo y aliento para que el país persista en el camino hacia la paz y la prosperidad del pueblo colombiano, y estoy seguro de que seguirá siéndolo.
Gracias, Señor Presidente.
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