SR. MIROSLAV JENČA
REPRESENTANTE ESPECIAL DEL SECRETARIO GENERAL EN COLOMBIA
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Palabras en la sesión del Consejo de Seguridad sobre Colombia
23 de enero 2026
Señor Presidente,
Es un placer dirigirme al Consejo de Seguridad al inicio de un nuevo año de oportunidades para que Colombia continue avanzando, con el apoyo constructivo del Consejo, hacia la paz duradera que tanto merece su pueblo.
Es un honor estar aquí con Mauricio Jaramillo, Viceministro de Relaciones Exteriores, mientras Colombia participa por primera vez como miembro del Consejo en esta sesión trimestral sobre el proceso de paz. Estoy convencido de que las experiencias propias de Colombia y su dedicación a la paz seguirán informando e inspirando para la resolución de conflictos en todo el mundo.
Distinguidos delegados,
Desde mi llegada a Colombia en octubre, la Misión bajo mi liderazgo ha implementado los ajustes al mandato aprobados en la resolución 2798 adoptada por el Consejo de Seguridad ese mismo mes, y he informado a las distintas partes interesadas en el proceso de paz sobre estos cambios. Hoy puedo reportar que la Misión, en consecuencia, se ha restructurado y está enfocada en verificar la implementación de la implementación de las disposiciones del Acuerdo Final de Paz relativas a la reforma rural integral, la reincorporación de excombatientes, así como su seguridad y la de comunidades en regiones afectadas por el conflicto.
Las estructuras de la Misión se modificaron para enfocarse en estos tres pilares clave de trabajo, mientras que se discontinuaron tareas de verificación anteriores sobre justicia transicional, el capítulo étnico y el monitoreo del cese al fuego. Como resultado de estos cambios, junto con una mayor optimización en el marco del proceso UN80, la Misión avanza en 2026 con el presupuesto aprobado por la Asamblea General, con casi doscientos puestos menos y una reducción de recursos de casi 15 millones de dólares o más del 17%. Es importante destacar que la Misión mantiene su presencia esencial sobre el terreno en regiones afectadas el conflicto. Confiamos ahora en el apoyo continuo de los Estados Miembros para poder implementar plenamente el mandato.
En los últimos tres meses, me he reunido con interlocutores clave para la implementación del Acuerdo de Paz a nivel nacional y en todo el país. Resaltaron la importancia fundamental, para alcanzar la paz, de los tres pilares del mandato ajustado de la Misión.
Durante visitas a departamentos como Caquetá, Narino, Cauca, Valle de Cauca, Norte de Santander, Arauca y Guaviare, me impresionaron no solo los grandes desafíos que enfrentan las comunidades en regiones afectadas por el conflicto, sino también por su resiliencia y su determinación para alcanzar un mejor futuro.
La vida diaria para líderes y miembros de comunidades en algunas de las zonas más remotas de Colombia es una lucha difícil debido a las acciones de diferentes actores armados ilegal es y a la presencia limitada del Estado, servicios públicos y oportunidades de desarrollo. Su valentía es inspiradora. Gobernadores y alcaldes, firmantes de paz, las víctimas, líderesas y representantes de comunidades indígenas y afrocolombianas, miembros de la Iglesia, líderes del sector privado y funcionarios del Estado trabajando para llevar paz y desarrollo a estas regiones me transmitieron su confianza en el trabajo de la Misión y resaltaron la importancia de su presencia en el terreno.
Me complace reportar que, a principios de esta semana, la Misión fue parte, una vez más, de una comisión humanitaria que trabajó con la Defensoría del Pueblo y la Iglesia Católica para facilitar la liberación segura de cinco miembros de la Policía Nacional de Colombia que habían sido retenidos en contra de su voluntad por un grupo armado en el nororiente del país.
Señor Presidente, Miembros del Consejo,
La reincorporación de excombatientes es siempre fundamental para él éxito de los acuerdos de paz diseñados para poner fin a conflictos armados internos. Garantizar la transición de los antiguos combatientes a la vida civil es también un imperativo de seguridad para el presente y el futuro de Colombia, con el fin de evitar que se repita la violencia. Sin embargo, nueve años después de que las FARC-EP dejaron las armas en el marco del Acuerdo de Paz, el camino ha sido difícil para los más de 11.000 que siguen activos en el programa de reincorporación del Gobierno. Son hombres y mujeres que a menudo viven en zonas remotas con infraestructura limitada, acceso restringido a mercado limitados, y amenazas a su seguridad. Para las autoridades, el proceso también ha supuesto grandes esfuerzos, tanto financieros como programáticos, para facilitar la transición a la vida civil.
Esta es una inversión necesaria para Colombia y se han alcanzado avances significativos. Es admirable el compromiso de los firmantes de paz —muchos de los cuales ahora están formando familias. Pero aún queda mucho por hacer. Una cooperativa piscícola que visité recientemente en Nariño y una plantación de café que recorrí en Cauca, y una granja ganadera en Norte de Santander en terrenos adquiridos a un ganadero local, son algunos de los muchos ejemplos de la reincorporación en acción. Sin embargo, la sostenibilidad económica de muchos de los proyectos productivos puestos en marcha por los excombatientes aún no está garantizada. El acceso a la tierra —ya sea con fines productivos o de vivienda— ha avanzado, pero aún debe resolverse por completo. Y la seguridad —la mayor preocupación en muchas regiones— sigue siendo frágil. Desde que dejaron las armas, 487 excombatientes han sido asesinados. Se trata de un ataque inaceptable a la paz. Hago un llamado a que las autoridades redoblen sus esfuerzos para investigar estos crímenes y den prioridad a las garantías de seguridad para los firmantes de paz.
Si bien la violencia es mucho menor hoy que en el momento más álgido del conflicto armado, la presencia de grupos armados en zonas afectadas aún por el conflicto sigue causando sufrimiento a comunidades enteras. Hay una combinación de factores que alimentan la violencia. La presencia limitada del Estado proporciona un terreno fértil para que los grupos armados ejerzan control y para que prevalezcan las economías ilícitas. Las consecuencias para la población civil son graves, como se detalla nuevamente en el más reciente informe del Secretario General: amenazas y asesinatos de líderes sociales, desplazamientos forzados y confinamientos, y un aumento alarmante del reclutamiento y uso de niños y niñas por parte de grupos armados. Las zonas de frontera son particularmente complejas. El equipo de la Misión desplegado en la ciudad de Cúcuta, en la frontera con Venezuela, es parte de la respuesta a los continuos enfrentamientos entre grupos armados rivales que han obligado a miles de civiles a huir de sus hogares en la región del Catatumbo, un enclave de cultivos de coca y de actividades armadas y delictivas transfronterizas.
Señor Presidente, Miembros del Consejo,
El Acuerdo de Paz proporciona un marco que puede contribuir significativamente a abordar muchos de estos problemas, en particular sus secciones sobre garantías de seguridad, drogas ilícitas y reforma rural. Ofrece una visión holística muy necesaria, al prever el fortalecimiento de la capacidad del Estado para desmantelar las estructuras criminales, promover alternativas al cultivo de coca y medidas concretas de desarrollo a través de su reforma rural integral. A través de su trabajo en las garantías de seguridad, la Misión continuará promoviendo la protección a poblaciones vulnerables y respuestas de política pública más eficaces con el fin de abordar los déficits de seguridad en las regiones afectadas por el conflicto.
El capítulo del Acuerdo sobre la reforma rural brinda una oportunidad histórica para abordar una de las causas fundamentales del conflicto en Colombia. Su objetivo es resolver un desequilibrio ignorado durante mucho tiempo en la distribución de la tierra y en el suministro de bienes y servicios básicos. Si bien ha sido difícil avanzar en la reforma, la entrega de cerca de 300.000 hectáreas de tierra en los últimos años a campesinos, víctimas y pueblos étnicos constituye un avance significativo. Se necesitan mayores esfuerzos para cumplir el objetivo establecido en el Acuerdo, implementar los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial que ofrecen dividendos de paz a comunidades rurales, y dar vida a nuevos instrumentos como la Jurisdicción Agraria, establecida por disposición del Acuerdo para resolver disputas por la tierra. Estas medidas requieren una atención especial por parte del poder ejecutivo y del legislativo.
Señor Presidente,
Ahora que comienza el año, deseo hacer eco del llamado del Secretario General para que todas las partes involucradas intensifiquen sus esfuerzos en torno a la plena implementación del Acuerdo de Paz de 2016. En particular, instamos a la administración actual a que agilice el proceso en la medida de lo posible durante los meses que le quedan de mandato. El fortalecimiento de la arquitectura de alto nivel del Gobierno para la implementación del Acuerdo, tal y como ordenó La Corte Constitucional, sentaría bases particularmente importantes para el futuro. El próximo Gobierno asumirá entonces la responsabilidad del Estado colombiano de llevar adelante un Acuerdo que este año cumple su décimo aniversario, alcanzando así dos tercios del plazo de 15 años previsto para la implementación.
A medida que se acercan las elecciones, las estrategias para consolidar la paz y la seguridad formarán parte del debate. Es fundamental garantizar la seguridad de los candidatos y los votantes en las regiones afectadas por el conflicto. Los colombianos y las colombianas merecen un entorno seguro para ejercer sus derechos políticos. La expansión del voto en zonas históricamente afectadas por el conflicto, que hemos presenciado desde la firma del Acuerdo Final de Paz, debe mantenerse. Paralelamente, el período electoral trae consigo una tendencia a la división, que debe contrarrestarse con diálogo, respeto y tolerancia. El sistema de las Naciones Unidas, incluida la Misión, está contribuyendo en este aspecto mediante una campaña de lucha contra el discurso de odio y la desinformación.
Señor Presidente,
En un momento de tensiones tanto a nivel mundial como regional, es de interés de todos garantizar una paz y una seguridad duraderas en Colombia. Sin duda, el año que viene ofrece una oportunidad para impulsar la paz como objetivo estratégico nacional y para que Colombia y sus socios trabajen de manera constructiva a través del diálogo para abordar desafíos comunes, especialmente en la zona fronteriza, donde es esencial la cooperación de todas las partes. Colombia ha recorrido un largo camino hacia la paz y la seguridad, y el Acuerdo de Paz proporciona una hoja de ruta sólida para seguir avanzando. Confío en que el Consejo mantendrá su apoyo y solidaridad con este histórico proceso de paz y agradezco enormemente su confianza en la Misión de Verificación.
Gracias, Señor Presidente.
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