Palabras de Miroslav Jenča, Representante Especial del Secretario General y Jefe de la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia
Audiencia Defensorial 'La paz se construye por la vida: un compromiso constitucional'
Bogotá, 11 de noviembre de 2026
Buenos días a todas y a todos,
Agradezco a la Defensoría del Pueblo por la invitación.
Me honra participar en este evento junto a la Magistrada Paola Meneses, Presidenta de la Corte Constitucional; e Iris Marín, Defensora del Pueblo.
Saludo igualmente la presencia de los expresidentes Juan Manuel Santos, Iván Duque y Gustavo Petro.
Su presencia me da la ocasión de destacar los esfuerzos sostenidos de sucesivos gobiernos en relación al proceso de paz, junto con el trabajo de las altas cortes, los órganos de control, las autoridades territoriales, así como de firmantes, comunidades y organizaciones de la sociedad civil.
Este proceso puso fin, a través del diálogo, a una confrontación armada entre el Estado y la entonces guerrilla activa más grande de la región.
Adversarios enfrentados durante décadas acordaron una serie de compromisos: el desarme y reincorporación de los combatientes, el abordaje de las causas del conflicto, la ampliación de la presencia del Estado, el fortalecimiento de la democracia, y la promoción de los derechos de las víctimas.
Poner fin a un conflicto por vía del diálogo y la integralidad de los compromisos acordados son elementos del proceso colombiano que destacan en un contexto internacional marcado por el crecimiento de los conflictos armados.
La importancia de este proceso se ha reflejado en el apoyo sostenido del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, muestra del cual ha sido la presencia de la Misión para acompañar y monitorear la implementación de compromisos clave del Acuerdo desde 2016.
Este décimo aniversario que se aproxima es una oportunidad para hacer un balance de los avances logrados, analizar los obstáculos y reconocer los grandes desafíos a superar para consolidar la paz y la seguridad en Colombia.
Es un honor aportar a esta discusión desde la experiencia acumulada por la Misión. Lo haré enfocándome en tres mensajes principales.
El primer mensaje: Dejar las armas es el primer paso de un proceso complejo, y sostenerlo en el tiempo requiere compromiso y garantías.
Tras un cese al fuego bilateral exitoso —verificado de manera tripartita entre las partes y las Naciones Unidas—, más de 13.000 hombres y mujeres dejaron sus armas.
La Misión de Naciones Unidas recibió cerca de 9.000 de ellas, junto con 1.8 millones de municiones y más de 38.000 kilogramos de explosivos.
Fue una de las relaciones más altas de armas por combatiente registradas a nivel internacional.
Al día de hoy, cerca de 11.000 firmantes siguen comprometidos con su tránsito a la vida civil.
Trabajan para construir un futuro pacífico y productivo para sí mismos, sus familias y sus comunidades a pesar de los retos que enfrentan, sobre todo en materia de seguridad.
Este es uno de los logros más significativos de la implementación del Acuerdo.
Con el apoyo de sucesivas administraciones, autoridades locales, comunidad internacional y sector privado, los firmantes han puesto en marcha cerca de 6.000 proyectos, tanto individuales como colectivos. Y se han organizado en cerca de 300 cooperativas para apalancar buena parte de esos esfuerzos productivos.
De la mano de comunidades y —en no pocos ejemplos— de víctimas, participan en iniciativas que van desde pequeñas empresas en sectores como la producción de café y de textiles, hasta proyectos que operan en varios departamentos.
La implementación del Acuerdo también ha contribuido a fortalecer la experiencia de Colombia en materia de reincorporación, y ha resultado en la consolidación de una arquitectura institucional especializada.
El aprendizaje es claro: transitar hacia la vida civil es un proceso complejo.
Sostenerlo plantea, por un lado, compromiso por parte de quienes dejaron las armas. Por otro lado, compromiso del Estado con brindarles las garantías y el apoyo necesarios.
Cuando ambos se cumplen, la reincorporación se consolida como una inversión estratégica en el desarrollo local, la paz y la seguridad.
Sin embargo, persisten retos importantes. Retos de sostenibilidad y acceso a mercados. Retos como la estigmatización, que impide que los firmantes accedan a empleo, o que se integren plenamente —junto a sus familias— en las comunidades.
Pero, sobre todo, persisten retos de seguridad.
Desde la firma del Acuerdo, la Misión ha verificado los homicidios de 501 excombatientes. También persisten los intentos de reclutamiento, la extorsión contra sus proyectos y los desplazamientos forzados.
Protegerlos es una prueba de la capacidad del Estado para honrar sus compromisos, y una condición esencial para consolidar la paz.
El segundo mensaje: la paz requiere seguridad, y la seguridad requiere una presencia efectiva de las instituciones del Estado.
La salida de las FARC-EP de amplias zonas del país generó una oportunidad histórica.
Pero allí donde el Estado —con sus instituciones, sus fuerzas y sus servicios— no llegaron con suficiente rapidez, grupos armados existentes y emergentes ocuparon los espacios. Y las comunidades continuaron sufriendo en consecuencia.
En estas regiones, más de 1.000 líderes y lideresas sociales han perdido la vida desde 2016.
La situación de seguridad en estas zonas, sin duda, es preocupante.
Los grupos armados han crecido.
Se han involucrado en una gama más amplia de economías ilícitas y recurrido a nuevas tecnologías: ataques con drones y redes sociales para el reclutamiento de niños y niñas.
Revertir esta situación debe ser una prioridad para todos.
El Acuerdo puso en marcha mecanismos para la prevención de la violencia, la protección de firmantes, líderes y comunidades, así como para el desmantelamiento de organizaciones criminales. Sin embargo, su implementación ha sido poco articulada.
Desde mi llegada a Colombia, he visitado casi la totalidad de las 29 oficinas territoriales de la Misión. En mis conversaciones con líderes y autoridades locales, una conclusión se repite: para consolidar la seguridad se requieren mejores condiciones de vida y oportunidades económicas; mejores servicios públicos; y mayor presencia de las instituciones.
El tercer mensaje: la consolidación de la paz y la seguridad es un objetivo de largo plazo, para el cual la implementación integral del Acuerdo sigue siendo relevante.
La administración actual es la tercera que asume la responsabilidad de implementar el Acuerdo y la oportunidad que representa. Desde el inicio de su mandato, hemos mantenido un diálogo respetuoso y constructivo con el Gobierno.
Hemos compartido la experiencia acumulada por la Misión y el conocimiento derivado de nuestra presencia en los territorios.
Y hemos subrayado que los mecanismos e instituciones surgidos del Acuerdo pueden contribuir al logro de objetivos del actual Gobierno relacionados con la seguridad, la presencia estatal y el desarrollo territorial.
Cada administración desde 2016 ha contribuido al avance del proceso y hecho frente a sus limitaciones en línea con sus prioridades.
Los enfoques y las visiones han variado —como es esperable y legítimo—. Sin embargo, la vigencia de los procesos impulsados por el Acuerdo ha permanecido como una constante en los esfuerzos de una amplia gama de actores: Estado, firmantes, víctimas, comunidades y sociedad civil.
Se trata entonces de un compromiso constitucional, tal y como fue expresado recientemente por Colombia en su intervención ante el Consejo de Seguridad, del cual es actualmente miembro electo.
En la resolución aprobada de manera unánime el pasado 30 de octubre, el Consejo extendió el mandato de la Misión de Verificación por un año más.
Hoy nuestro mandato se centra en dos pilares: verificar las garantías de seguridad para las comunidades afectadas por el conflicto y los antiguos combatientes, y acompañar el proceso de reincorporación económica, social, política y comunitaria.
La resolución también ajustó el alcance de la verificación. La Reforma Rural Integral deja de ser objeto de nuestra verificación, pero sigue siendo un punto esencial del Acuerdo.
Su implementación es importante para superar causas históricas del conflicto, para promover el desarrollo rural y ofrecer alternativas a las economías ilícitas, y para contribuir a un campo más seguro y próspero.
Con respecto a los derechos de las víctimas, que ocupan un lugar central en el Acuerdo, los miembros del Consejo de Seguridad destacaron la importancia de un sistema de justicia transicional que ha permitido a las víctimas: acercarse a la verdad y avanzar en la búsqueda de sus seres queridos.
Y que ha dado pasos importantes en el esclarecimiento y la aceptación de responsabilidad por graves crímenes cometidos durante el conflicto. En conjunto, estos esfuerzos se potencian mutuamente.
Quedan cinco años del plazo previsto en el Acuerdo.
Es una oportunidad para que el país pueda consolidar los esfuerzos de quienes dejaron las armas; proteger a líderes y comunidades; honrar los derechos de las víctimas; y llevar el Estado y el desarrollo a los territorios que hace tiempo lo esperan.
Y desde Naciones Unidas y la Misión de Verificación, ratificamos nuestro compromiso de seguir acompañando a Colombia en este camino.
Muchas gracias.
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