Sr. Presidente, Distinguidos miembros del Consejo:

Gracias por la oportunidad de presentar el último informe del Secretario General sobre Colombia, en compañía de la Ministra de Relaciones Exteriores, Claudia Blum. Estoy particularmente complacido con la participación, hoy, en esta sesión, de la Sra. Clemencia Carabalí, cuyo valiente liderazgo y defensa de los derechos de las comunidades afrocolombianas y de las víctimas del conflicto armado, en el departamento del Cauca, es un ejemplo de la inspiradora labor de las mujeres líderesas sociales de toda Colombia.

Sr. Presidente,

En el Informe del Secretario General reconoce la perseverancia tanto del Gobierno como de FARC, así como de múltiples otros actores, en continuar con los esfuerzos de consolidación de la paz a pesar de las dificultades que plantea la pandemia.

Felicito a las partes por su labor conjunta en el Consejo Nacional de Reincorporación, y en la mesa tripartita de tránsito a la legalidad, cuya labor ha permitido acreditar a 131 excombatientes más desde la publicación del informe del Secretario General. También es alentador el hecho de que la Comisión de Impulso, Seguimiento y Verificación a la Implementación del Acuerdo Final (CSIVI) haya reanudado sus sesiones, con la participación de los garantes.

Confío en que el diálogo constructivo entre el Gobierno y FARC conduzca pronto a acuerdos sobre temas relacionados con la entrega de los bienes de las FARC-EP, incluido el plazo para finalizar este proceso.

Distinguidos Miembros del Consejo,

La inseguridad que enfrentan excombatientes de las FARC-EP, comunidades, defensores y defensoras de los derechos humanos, y líderes y lideresas sociales como la Sra. Carabalí, sigue siendo nuestra mayor preocupación, y lamentablemente esta inseguridad ha continuado durante la pandemia. Pese al compromiso y las medidas implementadas por el Gobierno y autoridades del Estado, el número de excombatientes asesinados desde la firma del Acuerdo de Paz sobrepasó los 200, llegando a 210. Sin duda, la violencia contra quienes dejaron las armas en el contexto del Acuerdo, y contra quienes defienden los derechos humanos y los derechos de las comunidades devastadas por el conflicto, sigue siendo la amenaza más grave para la consolidación de paz en Colombia.

Como desarrollo positivo, las autoridades han capturado a varios individuos presuntamente responsables de algunos de estos asesinatos. Entre ellos se encuentra la captura, el 6 de julio, de un individuo acusado de ser el autor intelectual del asesinato de Alexander Parra, ex combatiente de las FARC-EP y líder del antiguo Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación en Mesetas, Meta. La captura se produjo como parte de un esfuerzo conjunto del Cuerpo de Élite de la Policía Nacional y la Unidad Especial de Investigaciones de la Fiscalía General de la Nación, dos organismos creados por el Acuerdo Final de Paz. 

Estas capturas son un ejemplo de los resultados que pueden obtenerse a partir de los mecanismos creados por el Acuerdo de Paz y un recordatorio de la necesidad de proporcionarles todo el apoyo requerido para llevar a cabo sus tareas de manera efectiva. Todos los actores relevantes deben apoyar la labor de la Unidad Especial de Investigaciones, especialmente ejecutando las órdenes de capturas pendientes. Además, debe ser prioritario dotar a la Unidad Nacional de Protección, con los recursos financieros, técnicos y humanos necesarios para que así no se produzcan más asesinatos de excombatientes mientras esperan la revisión de sus solicitudes de protección. Tomando en cuenta que se está discutiendo el reglamento interno de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, confío en que sea consistente con los compromisos establecidos en el Acuerdo Final de Paz, y que pronto apruebe y ponga en marcha la tan esperada política pública de desmantelamiento de los grupos armados ilegales y sus redes de apoyo, quienes están detrás de la mayor parte de la violencia reportada en las antiguas zonas afectadas por el conflicto.

Sr. Presidente,

Después de meses de incertidumbre y de crecientes riesgos de seguridad por parte de grupos armados ilegales, se están llevando a cabo acciones para trasladar el antiguo ETCR de Ituango, municipio en el que han muerto 11 ex miembros de las FARC-EP y 7 de sus familiares, a una nueva ubicación en Mutatá, ambos en el departamento de Antioquia. Las esperanzas de decenas de ex combatientes de las FARC-EP y sus familias, que se vieron obligados a abandonar el lugar debido al aumento de violencia, están ahora depositadas en este nuevo sitio. Es fundamental asegurar que estos excombatientes reciban la protección y el apoyo necesarios para llevar a cabo con éxito su reincorporación a la vida civil.

Las autoridades también deben tomar todas las medidas necesarias para garantizar que las comunidades vecinas y, las y los excombatientes que se queden en Ituango no sean olvidados como consecuencia de este traslado. Desde la creación de los ETCR, las autoridades locales han enfatizado que estos espacios han traído un aumento de la presencia del Estado en zonas alrededor del país que durante mucho tiempo han estado abandonadas. Ciertamente, en estos territorios, la presencia del Estado no debe debilitarse, sino reforzarse.

Como ha señalado el Secretario General en repetidas ocasiones, la presencia consolidada e integrada de las instituciones del Estado es la solución a largo plazo para la violencia que azota a las regiones rurales de Colombia. Fue con esta convicción que el Acuerdo de Paz concibió mecanismos como los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial y el Programa Integral de Seguridad y Protección para las Comunidades y Organizaciones en los Territorios. Los avances en la implementación de ambos mecanismos deben realizarse de manera inclusiva, participativa y expedita. El Acuerdo de Paz también creó el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos, que tiene por objeto liberar a las comunidades del dominio violento de los grupos armados ilegales y organizaciones criminales, proporcionando a los campesinos y las comunidades un camino voluntario hacia medios de vida legales; su implementación debe centrarse ahora en asegurar que las familias participantes reciban asistencia oportuna para desarrollar proyectos productivos.

En cuanto al proceso de reincorporación, celebro que se hayan aprobado más proyectos productivos colectivos e individuales a pesar de la pandemia. Al mismo tiempo, muchas de las iniciativas productivas de excombatientes se han visto afectadas por la pandemia, haciendo que sea más urgente asegurar el apoyo para garantizar su sostenibilidad, en particular, mediante la asistencia técnica, la asignación de tierras y acceso a mercados. También es importante que tanto el Gobierno como FARC se aseguren de que los beneficios del proceso de reincorporación, incluido el acceso a proyectos productivos, sigan llegando a todas y todos los excombatientes en proceso de reincorporación.

La pandemia ha demostrado, una vez más, la situación vulnerable de aproximadamente dos tercios de excombatientes acreditados que actualmente residen fuera de los antiguos Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación. Son vitales los esfuerzos de todos los actores, incluido el Consejo Nacional de Reincorporación, para considerar las necesidades de esos excombatientes, incluidos los que llevan a cabo su proceso de reincorporación de manera colectiva, para así garantizar que puedan seguir adelante con su proceso de reincorporación en medio de los crecientes problemas de seguridad.

También insto, tanto al Gobierno como a FARC, a que promuevan el liderazgo de las mujeres excombatientes en la reincorporación social, económica y participación política, y confío en que el Consejo Nacional de Reincorporación dará prioridad a las recomendaciones de su Mesa Técnica de Género. También aliento al Consejo Nacional de la Reincorporación a que reactive sus mesas de trabajo sobre niñez, infancia y sobre juventud, y a que considere la propuesta de la Instancia Especial de Alto Nivel con Pueblos Étnicos de crear una mesa de trabajo para abordar la situación de excombatientes de origen indígena y afrocolombiano.

Sr. Presidente,

El modelo de justicia transicional de Colombia es una de las principales innovaciones de este proceso.  Los tres componentes del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición han continuado su labor durante la pandemia para asegurar el respeto de los derechos de las víctimas. En abril la Jurisdicción Especial para la Paz emitió directrices sobre las sanciones que impondrá a las personas bajo su jurisdicción y sobre los "trabajos, obras o actividades con contenido reparador-restaurador". La Comisión de la Verdad ha reanudado sus "diálogos para la no continuidad y no repetición del conflicto armado" con varios sectores de la sociedad colombiana, con el fin de fomentar la reconciliación y discutir las causas de la persistente violencia en diferentes regiones. Y la Unidad Especial de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas está ayudando a brindar sanación a las familias de las personas desaparecidas forzosamente durante el conflicto.

El apoyo al Sistema por parte de todos los actores sigue siendo primordial, incluyendo, el respeto a su independencia y autonomía y asegurando recursos financieros adecuados para su funcionamiento. También insto a todas las partes del conflicto a que contribuyan plenamente a la labor de los tres componentes del; esto será importante para el Sistema y para que cumpla las expectativas de la sociedad colombiana en cuanto a la verdad, la justicia y la reparación.

Sr. Presidente,

En las últimas semanas, las y los colombianos han quedado consternados por los incidentes de violencia sexual cometidos por miembros de la Fuerza Pública. Estos casos, que han sido condenados enérgicamente por el Presidente y el Ministro de Defensa, y que están siendo investigados, son un doloroso recuerdo de los horribles actos de violencia sexual y de género cometidos por todas las partes en el conflicto colombiano. También me preocupan las crecientes denuncias de violencia de género en el contexto de la pandemia. Aliento a todas las partes a que redoblen las medidas para mejorar la protección y la seguridad de las mujeres, incluidas las mujeres excombatientes, las lideresas sociales y las defensoras de los derechos humanos. Entre esas medidas, figura la pronta implementación del plan de acción del Programa Integral de Garantías para Mujeres Lideresas y Defensoras de Derechos Humanos, que se ha retrasado a causa de la pandemia. Esfuerzos para abordar los casos de violencia doméstica y de género en los antiguos Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación también es esencial.

Sr. Presidente, Miembros del Consejo:

La voz del Consejo de Seguridad y su compromiso activo han sido un apoyo fundamental para la causa de la paz en Colombia.

Espero sinceramente que su Resolución 2532, que sigue al llamado del Secretario General a favor de un cese al fuego global, pueda inspirar esfuerzos de parte todos los actores concernidos para poner fin a la violencia y facilitar la respuesta a la pandemia. No hay justificación para seguir infligiendo violencia contra colombianos y colombianas vulnerables que ya están pasando por enormes dificultades. Ya hemos visto cómo incluso los ceses temporales de violencia pueden traer alivio a las comunidades que están sufriendo en el terreno.

De hecho, todos los esfuerzos en este momento deben centrarse en abordar los efectos de la pandemia, proteger a las personas más vulnerables y garantizar que los esfuerzos de la consolidación de la paz sigan avanzando en medio de esta difícil tormenta. Aliento a las y los colombianos a que permanezcan unidos mientras navegan por esta crisis y a que mantengan sus acciones fijadas en objetivos comunes de seguridad, desarrollo y una paz genuina y duradera.

Muchas gracias Sr. Presidente y Miembros del Consejo.

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*Traducción no oficial

Descargue aqui el Informe Trimestral del Secretario General sobre la Misión de Verificación en Colombia S/2020/603