Señora Presidenta,
Tengo el placer de informar una vez más al Consejo de Seguridad sobre Colombia.
El papel del Consejo ha sido fundamental para apoyar el camino de Colombia hacia la paz, y agradezco profundamente su constante respaldo a la Misión de Verificación.
Señora Presidenta, miembros del Consejo,
Me complace especialmente la participación del señor Canciller, Su Excelencia, Omar Bula, por primera vez en esta sesión trimestral del Consejo sobre Colombia. Agradezco enormemente el diálogo constructivo que hemos tenido con el señor Canciller, así como con otros representantes del Gobierno durante estos primeros dos meses de su periodo. Reitero el compromiso de la Misión de Verificación de las Naciones Unidas de continuar trabajando en estrecha cooperación con el Gobierno y autoridades estatales colombianas, la alta parte contratante del Acuerdo, las comunidades, incluyendo mujeres lideresas, y todos aquellos comprometidos con la construcción de un futuro en paz, seguro y próspero.
Señora Presidenta, distinguidos miembros del Consejo,
Como es de conocimiento de este Consejo, el nuevo Gobierno del Presidente Abelardo de la Espriella inició su mandato en circunstancias particularmente difíciles, al tener que responder, a su tercer día en el cargo, a un devastador terremoto. El equipo de las Naciones Unidas en el país apoyó la respuesta humanitaria nacional, con el respaldo de la Misión de Verificación. Reitero mis condolencias por la pérdida de vidas, las personas heridas y los daños sufridos. Encomio la resiliencia del pueblo colombiano frente a la adversidad.
La nueva administración asumió además sus funciones enfrentándose a los graves desafíos que el Secretario General describió en su último informe: la creciente inseguridad debida a la expansión de los grupos armados y las economías ilícitas en zonas aún afectadas por el conflicto, y los déficits de desarrollo y de presencia estatal en esas mismas regiones. Se trata de factores clave que han alimentado la violencia en Colombia durante décadas.
En este contexto, el Gobierno ha identificado la seguridad, la reducción de la violencia y el desarrollo de los territorios como objetivos clave. En nuestro diálogo con el Gobierno hemos discutido cómo la Misión de Verificación, trabajando dentro de su mandato de fomentar la implementación continua del Acuerdo de Paz, puede contribuir a alcanzar estos objetivos, especialmente la protección de las comunidades y una mayor presencia del Estado en todo el país.
A casi diez años de su firma, el Acuerdo ha hecho contribuciones innegables al avance de la paz en el país: puso fin a la insurgencia más antigua del conflicto, estableció políticas y programas para impulsar el desarrollo y la presencia estatal en las zonas rurales, y abrió caminos creativos —que merecen nuestro firme y constante apoyo— para garantizar la justicia transicional y la reparación de las víctimas. La implementación a lo largo de los años también ha presentado muchas limitaciones, y queda mucho por hacer para avanzar en el Acuerdo en paralelo con políticas de seguridad que puedan reforzarse mutuamente. El Acuerdo debe implementarse de manera integral. Y, como afirma el Secretario General en su informe, “los próximos años serán decisivos para consolidar los avances logrados hasta la fecha y aprovechar las oportunidades que se presentan”.
El Gobierno ha manifestado su intención de cumplir las obligaciones constitucionales y legales derivadas del Acuerdo; no obstante, como también señaló el Secretario General en su informe, aún no ha delineado plenamente su enfoque de implementación. Esperamos con interés que se defina con mayor precisión su política al respecto y estamos dispuestos a apoyar al Gobierno en este sentido, poniendo a su disposición la experiencia acumulada por la Misión durante casi una década de acompañamiento a la implementación. La adopción de planes concretos que aseguren la financiación adecuada de programas e instituciones de paz esenciales, la asignación de responsabilidades de liderazgo y coordinación dentro del Gobierno, y la activación de las comisiones establecidas que forman parte de la arquitectura del Acuerdo brindarían garantías importantes y responderían a las preocupaciones que diversos actores del Acuerdo han planteado sobre la continuidad de la implementación.
La Misión de Verificación de las Naciones Unidas ha acompañado a Colombia en sus esfuerzos por avanzar en la paz y la seguridad a lo largo de sucesivas administraciones y etapas del proceso de paz, trabajando siempre con pleno respeto de la soberanía de Colombia y del principio de apropiación nacional. A través de sus oficinas regionales, subregionales y locales, la Misión ha establecido relaciones de confianza con autoridades locales, comunidades, excombatientes y organizaciones de la sociedad civil, y ha adquirido un valioso conocimiento de algunos de los territorios más remotos y afectados por el conflicto de Colombia. Realizamos la verificación con un espíritu proactivo de ayudar a las partes a superar los obstáculos que frenan el avance de la implementación. La Misión también está invirtiendo en innovación digital con miras a optimizar su análisis y su verificación sobre el terreno.
He visitado casi la totalidad de las oficinas territoriales de la Misión y he podido constatar de primera mano el valor de esta presencia sobre el terreno. Sin duda, constituye uno de los principales valores añadidos de la Misión en este momento y la posiciona, entre otras cosas, para acompañar los esfuerzos por ampliar el alcance de las instituciones estatales que llevan beneficios a la población. Hemos observado con qué rapidez pueden cambiar las dinámicas locales y cómo la seguridad, la gobernanza, las oportunidades económicas y la cohesión social siguen estando profundamente interrelacionadas. Una lección se ha mantenido constante durante todo este tiempo: la paz sostenible requiere seguridad, y la seguridad requiere una presencia efectiva y duradera de las instituciones del Estado.
Señora Presidenta,
La situación en las regiones afectadas por el conflicto es compleja. Las comunidades siguen sufriendo el impacto de la presencia de múltiples actores armados, las economías ilícitas, el aislamiento geográfico, la debilidad de la infraestructura y el acceso limitado a los servicios públicos. El aumento del reclutamiento de niños y niñas, especialmente elevado entre las comunidades étnicas, sigue siendo motivo de suma preocupación, al igual que las continuas amenazas y la violencia que enfrentan las mujeres. En una reciente intervención ante el Congreso, la nueva administración estimó que las filas de los grupos armados ilegales se ampliaron de aproximadamente 15.000 a 28.000 integrantes desde 2022, y que el Clan del Golfo, el mayor de ellos, pasó de unos 4.000 a más de 10.000.
Los trágicos hechos recientes demuestran la gravedad de la situación. Deploro los asesinatos, el 1 de septiembre, de los líderes sociales María Ovidia Palechor y James Flor en el Cauca. Su muerte es un crudo recordatorio de los riesgos persistentes que enfrentan quienes se dedican a servir a sus comunidades, defender los derechos de las víctimas y promover la convivencia pacífica.
En mis conversaciones con representantes de las comunidades y funcionarios locales, subrayan de manera constante la importancia de mantener esfuerzos sostenidos para mejorar las condiciones de vida, ampliar las oportunidades económicas, fortalecer los servicios públicos y aumentar la presencia de las instituciones locales y la confianza en ellas. Estos son los principales objetivos de las disposiciones de reforma rural del Acuerdo de Paz. Por ejemplo, los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), que son objeto de seguimiento por parte de la Misión de Verificación, fomentan la transformación de las regiones y la ampliación de la presencia del Estado. Instrumentos como la Jurisdicción Agraria y el Catastro Multipropósito contribuyen a lograr la seguridad jurídica sobre la propiedad, que es fundamental para el desarrollo y para la inversión impulsada por el sector privado y el crecimiento. Una mayor seguridad y prosperidad en estas regiones beneficia no solo a las comunidades locales, sino al país en su conjunto.
Señora Presidenta, distinguidos miembros del Consejo,
El proceso de reincorporación sigue siendo uno de los logros más significativos de la implementación del Acuerdo de Paz de 2016. Más de once mil excombatientes continúan su tránsito a la vida civil. Su compromiso sostenido durante casi una década refleja una firme determinación de construir un futuro pacífico y productivo para sí mismos, sus familias y sus comunidades.
Con el apoyo del Gobierno y de la comunidad internacional durante todas las administraciones desde 2016, el proceso de reincorporación también ha impulsado el emprendimiento individual y atraído inversiones del sector privado. Hasta la fecha, los excombatientes han puesto en marcha aproximadamente 6.000 proyectos productivos y 300 cooperativas. Participan en iniciativas que van desde pequeñas empresas comunitarias hasta proyectos que operan en 16 departamentos, y que abarcan una amplia gama de sectores, entre ellos la agricultura, la piscicultura, el comercio minorista, la industria textil y el turismo.
Por ejemplo, unos 400 excombatientes y víctimas —miembros de diversas asociaciones o cooperativas— unieron fuerzas este año para lanzar una iniciativa de turismo que abarca seis departamentos, con el fin de estimular la actividad económica en zonas antes afectadas por el conflicto mediante un enfoque centrado en la naturaleza, la memoria histórica y la reconciliación. Otro ejemplo es la producción de café, donde una iniciativa comercial establecida en 2018, con el apoyo del sector privado, reúne a unos 1.300 excombatientes en nueve departamentos. Estas experiencias demuestran que, cuando los excombatientes están conectados con oportunidades económicas sostenibles y con los mercados, la reincorporación se convierte en una inversión estratégica en el desarrollo local, la cohesión social y la paz duradera.
Lamentablemente, la sostenibilidad sigue siendo un desafío importante para este tipo de iniciativas de los excombatientes. Y persisten las preocupaciones de seguridad en las zonas donde los excombatientes viven y trabajan. Deploro el asesinato más reciente de un excombatiente, ocurrido el 22 de septiembre en el departamento del Cesar, con lo cual asciende a 501 el total de asesinatos desde 2016. Fortalecer tanto la protección como las oportunidades de quienes dejaron las armas debe ser una prioridad. Evitar cualquier retorno a la violencia sigue siendo imperativo, especialmente porque los excombatientes enfrentan una presión creciente y mayores riesgos de reclutamiento por parte de grupos armados.
Señora Presidenta,
Colombia ha iniciado un nuevo capítulo político, con amplios desafíos por delante y la necesidad de un compromiso internacional sostenido para superar los obstáculos restantes, profundizar los logros alcanzados hasta la fecha y construir un futuro más pacífico y seguro para todos los colombianos.
Hay una oportunidad de aprovechar los instrumentos del Acuerdo y la presencia de la Misión en las regiones de Colombia afectadas por el conflicto para contribuir de manera sustancial a estos fines. Con el apoyo del Consejo y los recursos necesarios para que la Misión siga siendo adecuada a su propósito, incluidas sus presencias territoriales, estamos dispuestos a seguir acompañando a Colombia en ese camino.
Gracias, Señora Presidenta.