Secretario General de la ONU destaca la resiliencia de las instituciones y la sociedad colombianas y la continua relevancia del Acuerdo de Paz para promover seguridad, desarrollo y estabilización territorial
Bogotá, octubre 8 de 2026. En su más reciente informe sobre la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia, que abarca el período comprendido entre el 27 de junio y el 26 de septiembre de 2026, el Secretario General António Guterres afirmó que los acontecimientos ocurridos durante el periodo pusieron de relieve “tanto la resiliencia de las instituciones y la sociedad colombianas como la continua importancia del Acuerdo Final de Paz para promover la seguridad, el desarrollo y la estabilización territorial”.
Al referirse a la nueva etapa política que inicia el país, tras una transición democrática pacífica, el Secretario General destacó que el nuevo gobierno es el tercero que hereda las instituciones, compromisos y avances del Acuerdo de Paz. Observó que, aunque aún no ha detallado el enfoque para su implementación, el Gobierno manifestó su intención de cumplir con la Constitución y las obligaciones jurídicas derivadas del Acuerdo. Al enfatizar la importancia de dar continuidad en la implementación y su arquitectura institucional, el Secretario General añadió que: “Los próximos años serán decisivos para consolidar los avances logrados hasta la fecha y aprovechar al máximo las oportunidades que se presentan”.
“La implementación del Acuerdo”, agregó António Guterres, “puede contribuir al logro de varias prioridades del Gobierno, como la reducción de la violencia y la ampliación de la presencia del Estado. Acojo con satisfacción la apertura al diálogo con las Naciones Unidas demostrada por el Gobierno y confío en que la colaboración continua entre el Gobierno y la Misión, con pleno respeto de la soberanía de Colombia y el mandato otorgado por el Consejo de Seguridad, refuerce la complementariedad entre sus respectivas labores”.
Reforma rural integral, potencial para contribuir a paz y seguridad
La Misión de Verificación en Colombia hace seguimiento a la implementación del capítulo de Reforma Rural Integral del Acuerdo de Paz, respecto del cual António Guterres resaltó su potencial para contribuir de manera significativa a la paz y la seguridad del país, a través del fortalecimiento de la presencia del Estado, el impulso al desarrollo económico, así como el abordaje de las condiciones que sustentan las economías ilícitas. El informe destacó los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), pues proporcionan un marco consolidado para impulsar intervenciones específicas en los municipios más afectados por el conflicto, la pobreza y la debilidad institucional.
El informe mencionó el papel que ha tenido la iniciativa de Obras por Impuestos, creada tras el Acuerdo de Paz, en promover la inversión privada en las regiones afectadas por el conflicto.
Durante el periodo reportado, el Gobierno anunció una revisión exhaustiva de las iniciativas de entrega, restitución y formalización de la tenencia de la tierra. Por su parte, sectores campesinos y de sociedad civil destacaron la importancia de consolidar los avances en materia de acceso a la tierra e hicieron un llamado al diálogo con las nuevas autoridades.
Entre los retos de la Reforma Rural Integral, el informe señala los retrasos en la puesta en marcha de la Jurisdicción Agraria y la continua inseguridad que enfrentan los beneficiarios de tierras.
Reincorporación, clave para fomentar estabilidad y desarrollo en territorios
El informe resaltó como uno de los logros más significativos en el camino hacia la paz la permanencia en el proceso de reincorporación de más de 11.000 excombatientes. Indicó que ello refleja los esfuerzos sostenidos de las instituciones nacionales y locales y de las comunidades. Las garantías de seguridad para esta población y las oportunidades socioeconómicas constituyen factores fundamentales de apoyo para la consolidación del proceso. El Secretario General resaltó que “garantizar su financiación adecuada y su sostenibilidad sigue siendo fundamental para prevenir la reproducción de la violencia, disuadir el reclutamiento por parte de grupos armados y mantener la confianza en el proceso de paz”.
El informe destacó igualmente la arquitectura institucional de la reincorporación, que fue reforzada por el Acuerdo de Paz, como un activo para el país por su amplia experiencia acumulada y el marco valioso que constituye para salvaguardar los avances, responder a los retos y mantener la confianza y el compromiso de los excombatientes. Resaltando la importancia de garantizar la continuidad de los procesos de reincorporación bajo el marco institucional, la Misión ha transmitido al Gobierno sus preocupaciones sobre el financiamiento y la incertidumbre sobre la entidad a cargo.
Garantías de seguridad, fundamental para frenar la violencia
Para el Secretario General, la inseguridad en las regiones afectadas por el conflicto y la violencia contra líderes sociales, comunidades étnicas y excombatientes siguen siendo motivo de gran preocupación. El informe resalta que el Acuerdo de Paz proporciona instrumentos concretos para reforzar la protección de estas poblaciones y mejorar la seguridad en general, haciendo hincapié en las interrelaciones entre desarrollo, seguridad y paz.
Durante el período, la Misión verificó el asesinato de ocho excombatientes de las FARC-EP —seis de ellos en agosto— con lo que la cifra del presente año asciende a 13 personas. Aunque el nivel de violencia letal sigue siendo inferior al de años anteriores, en 2026 se han registrado 15 intentos de homicidio, frente a cinco en 2025. Desde la firma del Acuerdo, la Misión ha verificado 501 asesinatos de excombatientes, así como 185 intentos de homicidio y 56 desapariciones forzadas. La Defensoría del Pueblo documentó 1.173 casos de reclutamiento de menores entre 2024 y julio de 2026.
Según la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) entre el 27 de junio y el 30 de agosto, 5.600 personas fueron desplazadas y 4.400 quedaron confinadas en 15 municipios de siete departamentos Por su parte, entre el 27 de junio y el 26 de septiembre, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos registró 40 denuncias de asesinatos de líderes sociales, en 17 departamentos.
La seguridad de las mujeres, incluidas las lideresas y las excombatientes, siguió siendo un reto en las regiones afectadas por el conflicto. El informe señala que la reciente adopción del Programa Integral de Garantías para Mujeres Lideresas y Defensoras de Derechos Humanos como política pública contribuye a reforzar el marco institucional para su protección.
Resiliencia y solidaridad
El Secretario General expresó una vez más sus condolencias a las familias de las víctimas del terremoto del pasado 10 de agosto, y destacó la solidaridad mostrada tras el sismo que puso de relieve la fortaleza de la sociedad colombiana y su capacidad para unirse en apoyo de los más afectados.
El equipo de las Naciones Unidas en el país apoyó la respuesta humanitaria y la planificación de la recuperación temprana y la Misión, como parte de estos esfuerzos, puso su presencia sobre el terreno y sus capacidades logísticas a disposición de las autoridades.
Finalmente, el Secretario General subrayó que “un compromiso internacional sostenido será esencial para acompañar los esfuerzos liderados por Colombia destinados a superar los obstáculos que persisten, consolidar los logros alcanzados hasta la fecha y construir un futuro más pacífico y seguro para todos los colombianos y las colombianas”. La Misión de Verificación, concluye, está dispuesta a seguir contribuyendo a estos esfuerzos, en estrecha coordinación con los socios nacionales e internacionales, de conformidad con el mandato del Consejo de Seguridad.
El informe será presentado ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, en Nueva York, el 12 de octubre de 2026, por Miroslav Jenča, Representante Especial del Secretario General y Jefe de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia.
***