MIROSLAV JENČA
REPRESENTANTE ESPECIAL DEL SECRETARIO GENERAL PARA COLOMBIA
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Palabras durante la sesión del Consejo de Seguridad sobre Colombia
21 de abril de 2026
Señor Presidente,
Es un placer informar al Consejo de Seguridad una vez más sobre el proceso de paz en Colombia. Este es un momento crucial en la vida política del país, tras la reciente celebración de las elecciones al Congreso y a solo un mes de las elecciones presidenciales.
Es un honor participar junto con Su Excelencia, Rosa Villavicencio, Ministra de Relaciones Exteriores de Colombia. Agradezco al Gobierno de Colombia por su colaboración continua con la Misión de Verificación y por los esfuerzos reconocidos en el último informe del Secretario General para avanzar en la construcción de paz en el país.
Es un placer, además, saludar a Olga Quintero, reconocida lideresa campesina y promotora de paz en el Catatumbo, región tan emblemática del complejo conflicto colombiano y tan clave para la consolidación de la paz. Ella también ilustra el rol importante que signen desempeñado las mujeres en la construcción de la paz en Colombia.
Me alegra que el Consejo de Seguridad retoma hoy la buena práctica de incluir las voces de la sociedad civil en sus reuniones sobre Colombia.
Distinguidos Delegados,
Le celebración de elecciones mayoritariamente pacíficas y más inclusivas ha sido una característica de la evolución positiva de Colombia en el marco del Acuerdo de Paz. Es esencial que el país se mantenga en esta trayectoria.
Permítanme reiterar en ese sentido las felicitaciones del Secretario General a la participación pacífica del pueblo colombiano en las elecciones legislativas llevadas a cabo en Marzo. A pesar de preocupaciones durante el período de campana con respecto a incidentes de violencia y la presencia de grupos armados ilegales en regiones afectadas por el conflicto, se tomaron medidas adecuadas y la jornada electoral no se vio afectada negativamente por incidentes de seguridad —una demostración de la fortaleza de las instituciones colombianas.
Saludo el papel desempeñado por las fuerzas de seguridad en proteger el ejercicio del voto, la vigilancia ejercida por observadores nacionales e internacionales, así como la valiosa contribución de la Defensoría del Pueblo en el monitoreo de las condiciones y en la promoción del cumplimiento del Compromiso por un Proceso Electoral Libre y en Paz.
Con la campaña presidencial en plena marcha de cara a las elecciones del 31 de mayo, la Misión se suma a hacer un llamado a las autoridades y a todas las partes involucradas para que garanticen un entorno seguro y pacífico, libre de violencia y estigmatización. Reitero mi condena frente a las amenazas reportadas contra candidatos y candidatas presidenciales, e insto una vez más a las autoridades estatales a que garanticen la seguridad de todos los participantes en el proceso electoral. La Misión de Verificación también permanece dispuesta a contribuir de nuevo —como ya lo hizo durante las elecciones al Congreso— a las actividades llevadas a cabo por las autoridades nacionales, algunas de ellas utilizando mecanismos del Acuerdo de Paz, para analizar riesgos de seguridad y coordinar medidas preventivas. Garantizar la seguridad de los candidatos y los votantes debe seguir siendo la máxima prioridad.
Señor Presidente, Miembros del Consejo,
El más reciente informe del Secretario General analiza la implementación de los tres pilares del mandato, tal y como los estableció el Consejo de Seguridad en su resolución 2798 del pasado mes de octubre: la reincorporación de los y las excombatientes; las garantías de seguridad; y la reforma rural integral. Se trata de tres elementos fundamentales del Acuerdo Final de Paz, cuya implementación contribuye a la paz y la seguridad en el país.
Hemos reestructurado por completo la Misión para reflejar el nuevo enfoque de su mandato y la hemos continuado su optimización, en línea con las reducciones previstas en el proceso UN80. Esto ha dado lugar a una configuración significativamente más liviana que, al mismo tiempo, permite que la Misión mantenga una presencia adecuada en el terreno, que es esencial para una verificación efectiva, así como para la interlocución con las comunidades locales, las autoridades y firmantes del Acuerdo de Paz. Recibir, ahora, los recursos aprobados en el presupuesto es fundamental para cumplir el mandato en toda Colombia.
Las realidades sobre el terreno varían de una región a otra, y las dinámicas del conflicto en curso son sumamente complejas. Aunque la seguridad se ha deteriorado en algunas partes del país, las zonas que antes estaban relegadas también han visto surgir nuevas oportunidades gracias al Acuerdo de Paz. En mis visitas a oficinas de la Misión a lo largo de este panorama diverso, observo la colaboración estrecha con las contrapartes e interlocutores locales, quienes valoran profundamente la presencia única de la Misión.
Señor Presidente,
Los esfuerzos para ampliar el acceso a la tierra como parte de la reforma rural integral están trayendo esperanza —a través de la llegada de dividendos de paz esperados desde hace mucho tiempo— a las regiones y comunidades que sufrieron profundamente durante el conflicto armado.
Detrás de las estadísticas que presentamos sobre las hectáreas entregadas para cumplir los objetivos numéricos establecidos en el Acuerdo de Paz, se encuentran las personas que son beneficiarias en el terreno, como los miembros de una comunidad campesina que visité en febrero en el departamento del Cesar, al norte de Colombia. Se trata de una región que se vio sumida en la violencia durante el conflicto, marcada por masacres y desplazamientos masivos de personas de sus tierras. Muchos de los miembros de esta comunidad que visité fueron víctimas directas, por lo que fue inspirador verlos recibir recientemente un terreno de gran tamaño como parte de la reforma rural. A pesar de algunos retos prácticos y preocupaciones relacionadas con la seguridad, la comunidad está echando raíces en esta tierra, al haber establecido una escuela, al haber comenzado a construir sus propias casas y al haber puesto en marcha proyectos de piscicultura y cultivo de maíz y yuca. Las mujeres son destacadas lideresas de esta comunidad. Aunque reconocen el valor de la tierra, siguen necesitando más apoyo por parte del Estado para convertir esta oportunidad en un futuro sostenible. Este es uno de los 30 casos de adjudicación de tierras en regiones afectadas por el conflicto seleccionados por la Misión para dar prioridad en su verificación.
En general, se han logrado avances en los últimos años en dar acceso a la tierra a numerosos beneficiarios. Sin embargo, será necesario seguir trabajando para cumplir los objetivos establecidos en la reforma rural. No se trata solo de distribuir tierra, sino también de asegurar su productividad, garantizar la seguridad de los beneficiarios y aclarar la situación jurídica de la propiedad de la tierra. Quisiera reconocer el importante paso dado en esta dirección con la promulgación, en marzo, de la ley estatutaria de la Jurisdicción Agraria. Espero que esta importante entidad —encargada de resolver las disputas relacionados con la tierra— entre pronto en pleno funcionamiento con la legislación complementaria que está pendiente de aprobación en el Congreso.
La reforma rural también contempla inversiones en proyectos locales y regionales de desarrollo en zonas afectadas por el conflicto, conocidas como zonas PDET (Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial) —planes que el Congreso recientemente extendió hasta el 2037—, así como la implementación de planes sectoriales destinados a ampliar considerablemente, a lo largo del tiempo, los servicios públicos, como las vías rurales, la educación, la sanidad, el riego y la electricidad.
En definitiva, tal y como señala el Secretario General en su informe, la reforma rural es fundamental para consolidar la paz y la seguridad de forma duradera en Colombia. Su objetivo es ampliar la presencia del Estado y hacer frente a las desigualdades que han alimentado el conflicto en el país durante décadas. Al abrir nuevas oportunidades económicas viables, puede ofrecer alternativas sostenibles a las economías ilícitas, contribuyendo así a romper el ciclo de violencia.
Señor Presidente,
La dejación de armas por parte del grupo guerrillero más antiguo y numeroso de América Latina no solo fue una hazaña en sí misma, también lo es el hecho de que, casi diez años después, más de 11.000 hombres y mujeres de las antiguas FARC-EP sigan participando activamente en su reincorporación a la sociedad. Sin embargo, este proceso ha estado plagado de dificultades, dadas las frágiles condiciones socioeconómicas, de infraestructura y de seguridad en las zonas rurales, donde se han establecido muchos excombatientes.
Según informó el Secretario General, se está avanzando en la provisión de tierra y vivienda, aunque aún queda mucho por hacer para completar esas tareas, para fortalecer las garantías de seguridad y para garantizar la sostenibilidad de la reincorporación. El fruto del arduo trabajo realizado por los y las excombatientes puede verse gravemente afectado cuando las condiciones de seguridad se deterioran. Espero que las entidades estatales, en reconocimiento a la perseverancia de los excombatientes, redoblen todos los esfuerzos para garantizar las condiciones que les permitan mirar hacia el futuro con confianza.
La reincorporación política de los antiguos guerrilleros es también una parte esencial del proceso de paz, ya que permite su participación pacífica en la vida política democrática del país. A raíz de los resultados de las recientes elecciones al Congreso, quisiera saludar el papel constructivo que desempeñaron los representantes del Partido Comunes como legisladores durante un período de transición en el que, en virtud del Acuerdo de Paz, contaban con curules garantizadas en el Congreso. Aunque esa disposición haya expirado, los excombatientes, como una de las dos partes firmantes del Acuerdo de Paz, mantienen todas las responsabilidades y funciones asociadas. Acojo con gran satisfacción el compromiso claro expresado por sus líderes de seguir cumpliendo con el Acuerdo de Paz, trabajando por su plena implementación, y espero con interés su papel activo en el futuro.
Señor Presidente, Distinguidos Miembros del Consejo,
Colombia sigue siendo hoy más pacífica que en los años más intensos del conflicto. Sin embargo, como hemos informado ampliamente, un número zonas rurales siguen viéndose gravemente afectadas por la presencia de grupos armados ilegales. Sus enfrentamientos continuos por el control territorial y las economías ilícitas están provocando violencia y sufrimiento a comunidades enteras. Condenamos, entre otras cosas, el aumento por parte de estos grupos del reclutamiento y la utilización de niños, niñas y adolescentes.
La región del Catatumbo es un ejemplo claro de lo que está sucediendo en esas zonas —su población se ve atrapada en medio de disputas entre grupos armados en una de las regiones con mayor concentración de coca del país. Durante una visita a la zona en enero, tras el recrudecimiento de los enfrentamientos, visité una comunidad en donde las viviendas habían sufrido graves daños por ataques con drones entre grupos rivales. Se habían encontrado restos explosivos cerca de las escuelas. Los habitantes expresaron miedo de las minas terrestres y su preocupación por la lentitud con la que llegaba la ayuda humanitaria. Mientras persistan la violencia, las disputas territoriales o los vacíos de gobernanza en cualquier parte del país, se corre el riesgo de socavar la estabilidad nacional y de erosionar los avances logrados en otros lugares.
A través de su presencia y sus actividades de verificación en regiones afectadas por el conflicto, como el Catatumbo, la Misión contribuye a la detección de riesgos para las comunidades y a los llamados a las autoridades para que den respuestas oportunas y coordinadas a estos riesgos. La Misión también está ayudando a dar visibilidad a las necesidades humanitarias y de otro tipo que deben abordarse en el marco del Acuerdo de Paz. La Misión participa regularmente en los mecanismos de garantías de seguridad del Acuerdo de Paz y relacionados con él, que son importantes para atender las necesidades de seguridad, particularmente las de grupos vulnerables —incluidos los excombatientes, las mujeres y quienes se involucran en el ejercicio de la política.
Señor Presidente, Distinguidos Miembros del Consejo,
Cuando el Consejo se reúna de nuevo en julio para tratar el tema de Colombia, las elecciones habrán concluido y un nuevo Gobierno se estará preparando para iniciar su mandato en agosto. Quien asuma la presidencia se enfrentará al reto formidable de consolidar la paz y la seguridad en las regiones que aún se ven afectadas por el conflicto.
Como nos recuerda el Secretario General en su último informe, el Acuerdo de Paz ofrece una hoja de ruta integral para abordar tanto las causas profundas como las consecuencias del conflicto, para llevar un desarrollo inclusivo a regiones históricamente desatendidas en las que la violencia sigue presente —afectando de manera desproporcionada a comunidades étnicas—, y para garantizar que haya justicia y reparación para las víctimas. Se han logrado avances significativos a lo largo de los años desde que se firmó el Acuerdo, pero aún queda mucho por hacer, y se puede lograr mucho mediante esfuerzos específicos en los próximos años.
Los territorios en los que el Acuerdo no se ha implementado de manera suficiente son precisamente aquellos en los que persisten hoy en día los problemas más graves. La estabilización de las regiones aún afectadas por el conflicto requiere una implementación integral. Y tal y como ha señalado también el Secretario General en su informe, las estrategias de paz y las medidas de seguridad eficaces pueden y deben llevarse a cabo de forma complementaria con el fin de lograr los resultados deseados.
El Consejo de Seguridad ha sido un aliado fundamental para Colombia en la búsqueda de una paz y una seguridad duraderas. La Misión de Verificación está dispuesta a seguir prestando asistencia a los colombianos en este camino. A pesar de las dificultades, sigue siendo un camino que vale la pena recorrer.
Gracias, Señor Presidente.
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