Palabras de Carlos Ruiz Massieu, Representante Especial del Secretario General y Jefe de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia

Consejo de Seguridad

Señor Presidente, Distinguidos Miembros del Consejo,

Quisiera comenzar expresándoles mis mejores deseos al inicio de un nuevo año que ciertamente exigirá redoblar esfuerzos para consolidar la paz en Colombia.

Es un honor estar acompañado por el Ministro de Asuntos Exteriores, Luis Gilberto Murillo. Me complace también que Diego Tovar pueda, una vez más, dirigirse al Consejo en la sesión de hoy, en representación de la otra parte signataria del Acuerdo. La presencia de representantes tanto del Gobierno como de las antiguas FARC-EP refleja su compromiso continuo con un proceso de implementación que requiere su cooperación activa.

Espero igualmente con interés escuchar la perspectiva de Armando Valbuena, de la Instancia Especial de Alto Nivel con Pueblos Étnicos (IEANPE), sobre los retos de la implementación del capítulo étnico.

Señor Presidente,

A finales del año pasado, los colombianos y las colombianas celebraron el octavo aniversario del Acuerdo de Paz, enorgulleciéndose de los logros históricos del proceso de paz y mirando al futuro en busca de nuevas oportunidades para promover la causa de la paz en 2025.

Trágicamente, los primeros días del año se han visto empañados en cambio por la violencia.

Me entristecen profundamente las acciones que han ensangrentado la remota región del Catatumbo, en el nororiente de Colombia, desde finales de la semana pasada, cobrando decenas de vidas de civiles, entre ellas las de excombatientes firmantes del Acuerdo de Paz, así como líderes locales y miembros de las comunidades. Según numerosos informes, muchas de las víctimas fueron seleccionadas y asesinadas individualmente. El Secretario General emitió ayer por la tarde una declaración en la que expresaba su profunda preocupación y condena por la violencia contra civiles en el Catatumbo.

El Presidente Petro ha anunciado que ha suspendido los diálogos con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), ha viajado a la zona de la violencia y ha movilizado a los organismos gubernamentales para ayudar a los afectados. Miles de personas han sido desplazadas y la sociedad civil, de la región y del país, ha hecho un llamado para que se ponga fin inmediatamente a los asesinatos.

El derramamiento de sangre –resultado de un ataque del ELN en una zona de presencia de un grupo armado rival conocido como EMBF– hace parte de la continua confrontación entre grupos armados en varias zonas del país donde la presencia del Estado es limitada y donde compiten por el control de economías ilegales. Condeno los asesinatos –que constituyen un ataque contra la paz en sí misma– y hago un nuevo llamado para que los grupos armados cesen toda acción que ponga en riesgo a la población civil, incluyendo a líderes y lideresas comunitarias, y a firmantes de paz. Pido además a los grupos armados que permitan el acceso sin impedimentos del personal de respuesta humanitaria. 

Los equipos locales de la Misión de Verificación han ayudado a evacuar de las zonas de enfrentamiento a las personas en situación de riesgo, incluidos excombatientes, y los colegas humanitarios de las Naciones Unidas están ofreciendo su apoyo a la población afectada. Quisiera reconocer la dedicación de nuestros colegas sobre el terreno en esta zona, que desde el principio de la crisis han hecho todo lo posible por ayudar a quienes estaban en peligro y lo necesitaban.

Señor Presidente,

El Catatumbo es como muchas regiones de Colombia, que aún esperan los dividendos del Acuerdo de Paz de 2016 en términos de una presencia integral del Estado que traiga servicios públicos, economías legales, oportunidades de desarrollo y seguridad. Es en el vacío de presencia estatal donde los grupos armados ilegales luchan por el control territorial y social. La implementación del Acuerdo de Paz es más central que nunca para encontrar soluciones duraderas que prevengan y resuelvan de las causas del conflicto armado.

El Secretario General reconoce en su informe el firme compromiso del Gobierno con la implementación del Acuerdo de Paz. Traducir el abundante deseo de progreso en mayores resultados en el período que se avecina dependerá no sólo de que se mantenga la voluntad política, sino de que se establezcan objetivos y prioridades claras, se salvaguarden los recursos y se superen los obstáculos a la coordinación.

En este sentido, acojo con satisfacción las recientes declaraciones del Presidente Petro de que los presupuestos para el Acuerdo de Paz estarán protegidos a pesar del complejo clima financiero actual en el país. El éxito del plan de choque del Ministerio del Interior, dirigido a acelerar la implementación, dependerá directamente de la disponibilidad de recursos para cumplir, por ejemplo, su promesa de dar mayor rapidez a los proyectos de desarrollo e infraestructura en las regiones priorizadas en el Acuerdo de Paz, bajo los “pactos territoriales” recientemente establecidos. También en relación con la reforma rural, que ha registrado avances significativos en el último año, la financiación será esencial para la adjudicación y formalización de tierras.

Señor Presidente,

Es fundamental acelerar la implementación del capítulo étnico del Acuerdo de Paz, que se centra en las necesidades y prioridades de las comunidades afrocolombianas e indígenas de Colombia, incluida su protección. Con demasiada frecuencia, son las principales víctimas de la violencia que sigue asolando las zonas rurales de Colombia. Por ejemplo, los pueblos Bari y Yukpa se encuentran entre las poblaciones afectadas por la violencia que está teniendo lugar en el Catatumbo. 

También esperamos que las disposiciones de género del Acuerdo de Paz avancen más rápidamente en su implementación, en sinergia con el nuevo plan de acción nacional sobre Mujeres, Paz y Seguridad. Esto requiere asimismo una financiación adecuada, un enfoque territorial, un liderazgo proactivo y un trabajo constante con las organizaciones de mujeres.  

La reincorporación sigue siendo un ejemplo inspirador de cómo la paz está cambiando la vida de excombatientes y comunidades. Pude apreciarlo hace dos semanas cuando visité el espacio territorial de capacitación y reincorporación (ETCR) de Tierra Grata, en el departamento del Cesar. Los excombatientes demostraron varios logros en su reincorporación hasta el momento, como la construcción –por sus propios medios– de más de 70 viviendas permanentes, y los proyectos productivos como una fábrica de calzado y una carretera pavimentada junto con la comunidad. En los lugares donde viven los excombatientes en todo el país aún quedan importantes retos por abordar para garantizar la sostenibilidad de los proyectos, la mejora de las viviendas y la seguridad.

Señor Presidente,

En cuanto al proceso de justicia transicional, deben reconocerse los avances alcanzados hasta el momento por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Estos incluyen imputaciones sin precedente a 158 individuos considerados como máximos responsables por graves crímenes cometidos durante el conflicto, así como sus reconocimientos y contribuciones a la verdad. Sin embargo, no dejan de ser preocupantes los desacuerdos entre la Jurisdicción y los firmantes de paz en cuanto los tiempos y el alcance de sus procedimientos. Es fundamental continuar el diálogo constructivo para alcanzar visiones comunes y soluciones que permitan satisfacer los derechos de las víctimas y garantizar la seguridad jurídica de los participantes en el proceso. La misión continuará ofreciendo sus buenos oficios a las partes para este fin.  

Las justas demandas de las víctimas requieren una respuesta que involucre una amplia gama de instancias, que incluye, pero no se limita a la JEP. La JEP está llamada a cumplir una función especial como tribunal de transición cuyo éxito será determinado por su capacidad para contribuir a la vez a la justicia y a la paz. De alcanzar este delicado equilibrio, la Jurisdicción consolidará su legado histórico tanto para Colombia como para el mundo.

Este año, en el que confiamos que finalmente se emitan las primeras sanciones propias por parte de la Jurisdicción, se requerirán el compromiso decidido y el involucramiento activo de las entidades relevantes del Estado para establecer las condiciones para su implementación. Entre los actores clave se encuentran los ministerios de Defensa y de Justicia, la Agencia para la Reincorporación y la Unidad para la Implementación del Acuerdo. La asignación de los recursos necesarios será una condición indispensable para lograr este fin. Es urgente lograr una coordinación efectiva entre la Jurisdicción y el Gobierno. La demostración por parte del Estado de su capacidad de implementación, a partir de la emisión de las primeras sanciones propias, es fundamental para el éxito del proceso de la justicia transicional y del Acuerdo en general.

Señor Presidente, Distinguidos Miembros del Consejo,

En los últimos años, Colombia ha demostrado claramente su compromiso con el diálogo como la forma más constructiva de abordar las diferencias y resolver el conflicto armado. Por principio, las Naciones Unidas sólo pueden estar de acuerdo con este enfoque.  

Al mismo tiempo, los últimos acontecimientos en el Catatumbo nos demuestran que toda violencia contra civiles es inaceptable y puede ser devastadora no sólo para las víctimas, sino también para el propio entorno de las conversaciones de paz. La violencia erosiona la confianza y la legitimidad entre las partes, las comunidades y la opinión pública en general, que son esenciales para el éxito de cualquier proceso de paz.

Con respecto a los diversos procesos de diálogo que se adelantan en Colombia, los momentos de crisis son también momentos de oportunidad para la reflexión y los ajustes a que haya lugar. Desde hace algún tiempo, ha habido llamados desde muchos sectores a que, por un lado, los actores armados en el diálogo se comprometan firmemente a respetar el Derecho Internacional Humanitario y, por otro lado, a que los esfuerzos de diálogo vayan acompañados de estrategias de seguridad efectivas que se centren en la prevención y la protección de las comunidades. Estoy seguro de que el Gobierno está analizando constantemente la situación y de que considerará seriamente estos llamados, al tiempo que mantiene su voluntad de proseguir el diálogo.

Señor Presidente, Distinguidos Miembros del Consejo,

Quisiera concluir reiterando la importancia del Acuerdo Final de Paz de 2016 como instrumento fundamental para consolidar la paz en todo el país.

Solo mediante la implementación plena y profunda del Acuerdo, llevando una presencia integral del Estado a las zonas marginadas durante mucho tiempo, puede el país esperar la superación de los factores que siguen fomentando el conflicto. Este año es una ventana importante para que los colombianos y las colombianas sigan trabajando juntos para avanzar en la paz como objetivo estratégico nacional. También es una oportunidad crucial para que el Consejo mantenga su apoyo y su solidaridad unánimes para este histórico proceso de paz. No tengo duda de que así lo hará y agradezco enormemente su apoyo a la Misión de Verificación.

Le agradezco, Señor Presidente.

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